El blog de Eguiar Lizundia

Procedimientos

A estas alturas ya ha que quedado del todo patente cuál es la opinión del mundo civilizado con respecto a los referéndums secesionistas que se convocan de forma ilegal. A la espera de que la Asamblea Nacional Catalana reclute un ejército propio o se encomiende a un padrino poderoso, no existe duda de que la consulta anunciada para el 9 de noviembre de este año no se celebrará.

Conscientes de la imposibilidad de proseguir al margen de la legalidad desde incluso antes de que estallase la crisis ucraniana, la Generalitat se ha decantado por presentar el proceso como una cuestión elemental de democracia. Así, los valedores del "derecho a decidir" defienden con notable éxito que la celebración de un referéndum de independencia es un ejercicio escrupulosamente democrático. De hecho, son legión los que, sin ser independentistas, no encuentran razones para oponerse a la consulta. Y es que hoy en día ha calado profundamente la idea de que votar es el principal atributo de una democracia, cuando sólo es una condición necesaria y nunca suficiente.

El voto no hace a una democracia. Baste insistir en que, como recordaba The Economist en su número especial sobre el futuro de la democracia en el siglo XXI de hace un par de semanas, hoy son mayoría los regímenes autocráticos que de algún u otro modo usan este instrumento. Y no sólo a través de referéndums chuscos como el que se celebró el domingo pasado en Crimea: la ley que establece penas de cárcel para los homosexuales en Uganda fue aprobada por mayoría en el parlamento nacional y habría superado sin problemas una consulta popular.

Y es que la clave de la democracia yace en el mucho menos sugestivo procedimiento, que es el que permite que su esencia (igualdad ante la ley, soberanía popular, respeto a los derechos civiles de los ciudadanos) no pueda ser desvirtuada por el voto. Los jóvenes del Euromaidan y de las calles de Venezuela no se manifestaban por el derecho a votar a sus líderes, del cual ya disfrutaban con más o menos garantías, sino por el Estado de Derecho, es decir, la prevalencia de las reglas y la previsibilidad de los procesos, iguales para todos. En ambos casos la arbitrariedad (sumada a la grotesca cleptocracia de las élites gobernantes) es el enemigo, igual que lo fue en las revoluciones de la marchita primavera árabe.

En este contexto, el argumento de que el derecho a decidir es una cuestión de "radicalidad democrática" no ha lugar. No ya por el carácter torticero y anticonstitucional del referéndum tal y como se ha planteado, que también, sino porque supone la instalación del arbitrio medieval en un sistema democrático moderno como el español, al permitir que la decisión de lo que es común dependa de cambalaches diseñados ad hoc para satisfacer demandas sustancialmente nada democráticas. Ya no basta con recordar a catalanes y españoles en general la obviedad de que Cataluña decide democráticamente cada vez que hay elecciones; urge contrarrestar la ética-épica de las intenciones del nacionalismo catalán con una pedagogía democrática madura y no de patio de colegio. Pero quizá sea ya demasiado tarde para esto.


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