Educación a fondo

La Constitución y sus profetas

En una ocasión, cuando ejercía como profesor en un instituto público de Eso, dos alumnos de esos que ahora se llaman conflictivos intentaron violar a una alumna. Por pura casualidad fueron cogidos in fraganti. No era la primera vez que esos alumnos cometían fechorías en el instituto: empezaron vendiendo droga y robando a punta de navaja en los lavabos y, como el tema le salía gratis —a cuenta del diálogo psicopedagógico de las teorías modernas—, pues el asunto fue a más. Los alumnos no fueron expulsados ni un día. La solución del inspector, ese comisario político, fue «asignar al instituto un psicopedagogo más, para que se dedicara, en exclusiva, a cuidar de esos dos alumnos, porque, debido a su contexto social adverso, se había originado un conflicto». El gobierno regional —panocho y pepero, para más señas— pagó un puesto de trabajo más para prestar más atención pedagógica a esos alumnos. A la madre de la joven —una mujer trabajadora y de pocos recursos económicos, inmigrante del Este de Europa— le recomendaron que se llevara a su hija a otro centro para evitar que se produjera un “conflicto” similar . El otro instituto que había en el pueblo era de paga. La mujer tuvo que cambiar de localidad. Cada 6 de diciembre, mientras los españoles celebran el día de la Constitución, ese hecho me viene a la memoria sin poder evitarlo.

Es imposible describir la frustración que un profesor puede llegar a sentir ante semejante barbaridad. Mi mayor desazón, lo recuerdo como si fuera hoy, fue a la hora de explicar a esa madre que los profesores no podíamos hacer nada; no podíamos ni proteger a su hija de futuras agresiones. Todos sabíamos que los dos alumnos “conflictivos” venían al instituto con navajas, y con droga, pero no se podía hacer nada: a la mínima se nos echaban encima, con denuncias de todo tipo, los alumnos, los padres, la inspección... y todos los compañeros miraban para otro lado. Por ejemplo, un profesor que, para evitar un robo a punto de navaja en pleno patio del instituto, se atrevió a coger por el brazo al joven, de una “étnica minoritaria”, para que le entregara la navaja, fue denunciado por la madre del joven por agresión (el profesor no puede agarrar al joven por el brazo) y por coacción y amenaza (el profesor no puede pedir que le entregue objetos personales y, menos, cachear). La psicopedagoga del centro, que nunca había dado clases en un instituto, afirmó que el profesor era incompetente al no saber resolver situaciones conflictivas mediante procedimientos y técnicas de diálogo (sic). El inspector, ese comisario político, que en ningún momento habló con el profesor, le suspendió inmediatamente de empleo y sueldo para mostrar su complacencia a los padres, esos votantes. Dicho de otro modo, el profesor que se atrevía a defender a un alumno, se jugaba literalmente el puesto de trabajo. Y encima tenía que aguantar a los tertulianos de cuota y nómina que, rasgándose las vestiduras cuando algún hecho de violencia escolar saltaba a los medios —que no todos salen, ni mucho menos (y estaría bien preguntarse de qué modo los gobiernos regionales lo controlan)—, culpaban a los profesores por no haber evitado el suceso.

Que ¿por qué me acuerdo de ello en tan señalado día? En la década de 1980, en plena gloria del primer Gobierno socialista, en tiempo de gestación de la reforma del sistema educativo por Maravall y Rubalcaba, se llevó a cabo una auténtica caza de brujas contra la figura del profesor de Bachillerato porque, en la mente de los ideólogos referidos, el profesor era un mero reducto de la dictadura franquista y, por tanto, se les había de quitar “la autoridad”. Esa idea conectaba con los intereses de varios grupos de maestros ligados al partido socialista —maestros que, cabe recordar, en aquel tiempo pertenecían a un cuerpo profesional de menor entidad que los profesores y catedráticos de Enseñanza Media—. Y cabe recordar también que en torno al 20% de los miembros del PSOE de entonces eran maestros. Ahora bien, tras la reforma de la universidad llevada a cabo por el partido socialista en aquella década —origen de la endogamia universitaria actual—, esos maestros pasaron digitalmente a formar parte de los departamentos de pedagogía. Y esos maestros, una vez reconvertidos en pedagogos, fueron los que propusieron, entre otras cosas, eliminar la autoridad del profesor. Y ello se hizo en nombre de la Constitución.

La Constitución española afirma: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos» (art. 27.7). Ahora bien, en la propuesta legal de 1985 (Lode), los Maravall-Rubalcaba eliminan “intervención” y —para que se cumpliera la profecía de la sociedad igualitaria— escriben “cogestión-participación”, de modo que padres, alumnos, profesores… tienen la misma capacidad de decisión en cuestiones profesionales y académicas. Así, desde entonces, todo ente que pase por la escuela (alumnos, padres, políticos locales, servicios,… y el cartero, si ese día tiene a bien pasar por allí) tiene poder de decisión académica. La primera vez en la historia de España que miembros no profesionales pueden decidir en cuestiones académicas y profesionales. Y, paradojas de la vida: el mayor poder que se ha concedido a los padres en la escuela ha terminado por dejar sin poder defender a sus hijos en la escuela. Manera irónica que la realidad tiene de vengarse de los discursos idealistas irracionales.

La historia del progresivo fracaso del sistema educativo español durante las tres últimas décadas tiene su raíz en la progresiva destrucción de la profesión docente. Y es eso precisamente lo que Mariano, ¡ay Mariano!, no se va a atrever a cambiar, por miedo a tocarle la silla a los sindicalistas y políticos que pueblan los departamentos de pedagogía de la universidad española.


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