Educación ¿Por qué la huelga del 9 de marzo tiene tan dividida a la comunidad educativa?

La 'Marea Verde' cocina una huelga general en todos los sectores y niveles, pero no todos los profesores y padres están dispuestos a secundarla en un momento en el que la subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación da sus primeros pasos.

En total, se han previsto 82 comparecencias, pero 18 son las consensuadas
En total, se han previsto 82 comparecencias, pero 18 son las consensuadas Efe

Mientras la subcomisión creada para abordar el que podría ser el primer gran acuerdo educativo de la historia de España da sus primeros pasos, las organizaciones sindicales de alumnos, padres y profesores de la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública cocinan una huelga general en todos los niveles y sectores para el próximo 9 de marzo. Pero no todos los profesores, padres y patronales educativas están dispuestas a secundar la manifestación. En el bando de la denominada 'Marea Verde' figura el Sindicato de Estudiantes, que entiende que la movilización "da la medida de la gravedad en la que se encuentra la Educación y de la oposición tan brutal que encuentran todas las medidas del Gobierno del PP".

En los últimos años ha habido una gran batalla como reacción a todos los ataques a la Educación del PP"

"En los últimos años ha habido una gran batalla como reacción a todos los ataques que han llegado de manos del PP, como la falta de recursos tanto para los profesores, como para los estudiantes y para las familias con la que han dejado la Educación. Toda esta batalla ha empezado a dar sus resultados, como el fracaso de las reválidas y la lección que sacamos de esto es que saliendo a la calle y organizándonos, podemos conseguir que al Gobierno no le quede más remedio que aceptar unas demandas que son mayoritarias", defiende Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Esta es solo una de las 18 agrupaciones consensuadas hasta la fecha por las siete formaciones políticas representadas en la subcomisión para que comparezcan por el ya bautizado como Pacto de Estado Social y Político por la Educación. En total, se escucharán a 82.

"Juegos de palabras"

"El tema del pacto educativo parece una maniobra del PP de presentar con unas palabras muy amables las mismas ideas que tienen desde que entraron a gobernar, que son recortar y atacar la educación pública con una serie de medidas muy clasistas que hacen que la Educación deje de estar al alcance de todo el mundo y que niegan el derecho al estudio a parte importante de los jóvenes", ataca García. Según la joven, las demandas de la 'Marea Verde' no sólo pasan por "las reválidas franquistas", sino por la derogación de la LOMCE al completo, el Decreto de Becas, la vuelta de los profesores despedidos… "La huelga sirve para decirle al Gobierno que debe dejarse de juegos de palabras y llevar a cabo todas las reivindicaciones. Quienes consideran que es 'contraproducente' posiblemente sean miembros de organizaciones afines a la derecha y afines a unas medidas que sirven para beneficiarse del negocio la educación privada a costa de la destrucción de la pública", señala. Y concluye que "los estudiantes que venimos de familias trabajadoras queremos hacernos oír".

Debe haber unas materias troncales para todos y unas especificas, pero no tiene que haber tantas diferencias entre CCAA"

Por "contraproducente" entienden la huelga desde el sindicato independiente de profesores ANPE, que considera que no tiene sentido convocar ni secundar una manifestación "ahora que estamos negociando un gran pacto educativo". Su presidente, Nicolás Fernández Guisado, será el primero en comparecer ante la subcomisión el próximo 21 de febrero y, según explica a Vozpópuli, pondrá de manifiesto "la necesidad de un pacto que siente las bases de una nueva ley educativa, que sirva para dar estabilidad al sistema que hasta ahora no hemos tenido". Entre sus líneas maestras destacan un modelo y estructura del sistema educativo basado en el aprendizaje que combine "competencia y conocimiento" y que prime "el esfuerzo del alumno". "El Bachillerato debe ser de tres años y la secundaria sea más flexible. Además, la orientación profesional debe conducir al título de graduado y facultar al alumno para ir donde quiera, si un alumno ha ido por Formación Profesional y luego quiere pasarse a Bachillerato, no se deben hacer cajones a edades tan tempranas", considera.

CV homologable

Otra de las claves que incluirá en su comparecencia será la de un sistema educativo "absolutamente desvertebrado". "Creemos que, aunque se respeten las diferencias autonómicas, tiene que haber un diseño curricular común y no tan perverso como el actual. Debe haber unas materias troncales para todos y unas especificas, pero nada más, no tiene que haber tantas diferencias porque nos perdemos, y lo bueno es que los alumnos tengan un CV reconocible y homologable y puedan, por ejemplo, ir de una CCAA a otra", explica. Además, Fernández aboga por un lenguaje común, respetando la configuración de las lenguas autonómicas: "No entendemos que en España haya Comunidades Autónomas donde este cuestionado el castellano".

Por otro lado, desde ANPE también denuncian "la brecha educativa" que existe en el país según la región. "Tenemos que asegurarnos que un porcentaje del PIB esté destinado a la Educación y que el gasto educativo por alumno e inversión sea más próximo", dice el presidente del sindicato. Otros de los puntos a tratar, de acuerdo a Fernández, serán el funcionamiento de los centros y los cambios en la formación y selección del profesorado. "La enseñanza pública debe tener prioridad porque es la que llega a todos los rincones de España. Es necesario que haya un equilibro en la redistribución de alumnado", precisa.

Huelga "oportunista"

En la misma línea se sitúa el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro José Caballero, quien considera que la situación actual es "para sentarnos a una mesa y empezar a trabajar". "Somos totalmente contrarios a que se haga una huelga, los chicos y los profesores tienen que estar en clase, no en la calle. Formar una plataforma para convocar una huelga es de lo más oportunista y, además, sólo contemplan una sensibilidad, dejando otras fuera, algo que es intolerante", opina. Desde Concapa, otro de los 18 comparecientes consensuados, defenderán el "respeto a la libertad" de Educación y de elección de centro. "Queremos ver de qué manera se puede conciliar la vida laboral y familiar; buenos profesionales con buena formación y un presupuesto que garantice la participación de las familias en el sistema educativo", avanza.

El efecto que causa una huelga en el bolsillo de un profesor difiere del que causa en los padres y alumnos"

Por parte delpresidente de Enseñanza de CSI-F, Mario Gutiérrez,sindicato de profesores que también trabaja para el gran pacto educativo, "existen motivos que merecen las movilizaciones". Sin embargo, no será su agrupación la que secunde la huelga del 9 de marzo. "Hemos tenido un Comité Ejecutivo donde se ha decidido no asistir, ya que consideramos que discrimina a los docentes. El efecto que causa en el bolsillo de un profesor difiere del de los padres y alumnos, que no tienen ningún prejuicio", estima. Según Gutiérrez, ir a huelga supone a un docente una merma en su nómina de más de 100 euros. "No sólo te quitan el sueldo del día, sino también la parte proporcional que va de paga extra, etc.", explica. "La huelga debe ser el último de nuestro cometido, creo que ahora mismo no hay razones de urgencia para convocar esa huelga y el profesorado no está en situación de perder dinero", añade.

Para el presidente de Enseñanza del CSI-F, todo paso que se dé hacia el pacto educativo es "positivo", pues entra dentro de las reivindicaciones del sindicato desde hace más de 20 años. "No vamos a criticar la formación de una subcomisión, pero sí creemos que hay procedimientos previos mejores o que deberían activarse paralelamente a esta", apunta. Entre estos, aboga por una mesa de negociación con representantes del profesorado para abordar el Estatuto Docente. "No creemos que este se deba debatir en la subcomisión del Congreso porque es una cuestión que afecta sobre todo a las condiciones laborales de los docentes y son los profesores, a través de sus representantes sindicales, los que deberían discutirlo previamente", opina.  "Otra cosa es que una vez que esté negociado el primer borrador, se pueda perfilar en el Congreso", puntualiza.


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