Otro golpe a los investigadores: la Seguridad Social cambia sus contratos sin aviso

María (nombre ficticio) trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid (CIB) con un contrato predoctoral prorrogado por dos años más en diciembre de 2015. Ella misma firmó esa prórroga, comprobando que a su contrato le correspondía el código 401 de las modalidades: el referido a obra o servicio. Pero en abril de 2016 acudió a la sede de la Seguridad Social con el ánimo de obtener la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) necesaria para trasladarse a otro centro de investigación fuera de España durante tres meses y se topó con la negativa del sistema pues su contrato había cambiado a "en prácticas", modalidad identificada con el código 402. Así. Sin previo aviso. "Me dijeron que esta tarjeta solo se la daban a la plantilla fija y no a quienes tenemos contratos temporales, pero luego comprobé que otros compañeros no habían tenido problemas para obtenerla en años anteriores a través de sus contratos de obra y servicio, que también son temporales. Lo que ocurría conmigo es que ahora tenía un contrato en prácticas sin saberlo", cuenta a Vozpópuli la joven bióloga.

La Universidad de Granada y los centros del CSIC han modificado la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas sin informar del cambio a las trabajadores"

El suyo no es el único caso. Según el sindicato CCOO se estima que la medida ha perjudicado a más de 10.000 investigadores en España, por lo que los afectados en el cambio de codificación de sus contratos han decidido movilizarse a través de la plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que los restituya de acuerdo a la Ley de la Ciencia (14/2011). Algunos han sido víctimas de la misma traba al solicitar la TSE y otros se han visto afectados a la hora de ser contratados en prácticas por determinadas empresas. "Como su contrato había cambiado a prácticas, aunque ellos no lo sabían, las empresas no podían incorporarles bajo esa misma modalidad, pues no es legal encadenar ese tipo de contratos más de dos años", explica María.

La respuesta del Ministerio

Desde la Universidad de Granada (UGR), a la que pertenecen los trabajadores que han comenzado a difundir información sobre la problemática a nivel nacional, consideran que la modificación supone "un retroceso de derechos y condiciones laborales" tras los avances conseguidos en materia laboral para equiparar el contrato predoctoral al del resto de personal docente e investigador. "Tanto la UGR como los centros del CSIC han modificado la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas de los mismos sin informar del cambio a las trabajadores", afirman. "A la par, la Seguridad Social ha alterado los Informes de Vida Laboral de forma retroactiva, es decir, los trabajadores encuentran que sus vidas laborales han sido modificadas para reflejar un contrato en prácticas, cambiando las condiciones del contrato de forma unilateral", denuncian.

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los investigadores afectados. "Se trata solo de un cambio de nomenclatura a nivel administrativo, pero en ningún caso es un cambio en las condiciones laborales de sus contratos. Eso tendría que hacerse cambiando la Ley", aclaran. "Esto se hace a petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2015 de cara a facilitar el acceso a bonificaciones e incentivos a la contratación porque con la nomenclatura anterior surgían algunos problemas administrativos. El contrato predoctoral no se ajustaba exactamente a aquel código por lo que fueron los rectores quienes pidieron ese cambio en la nomenclatura", explican.

Se trata solo de un cambio de nomenclatura a nivel administrativo, pero en ningún caso es un cambio en las condiciones laborales de sus contratos, eso tendría que hacerse cambiando la Ley"

"Nosotros no somos los responsables de esa modificación porque no somos quienes contratamos. Al no ser contratante, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no está obligado a informar, estaría obligado si se tratase de un cambio de contrato, pero no es el caso, un cambio en la nomenclatura no tiene efectos en el trabajador a nivel legal", insisten. Pese a la aclaración, aseguran que están investigando las incidencias con las Tarjetas Sanitarias Europeas, así como en otros campos que hayan podido surgir en los trámites con la Seguridad Social. "Entendemos la confusión que haya podido generar el cambio en la nomenclatura", reconocen.

Desde el otro lado, el de los trabajadores afectados, pretenden que se les explique detalladamente "a qué se debe el cambio, de qué forma nos afectará y por qué se ha llevado a cabo unilateralmente, de forma retroactiva y sin ningún tipo de información". "El contrato predoctoral que teníamos hasta hace unos meses es un contrato específico, que surge a partir de la Ley de la Ciencia y la Tecnología (14/2011), por tanto, mientras no haya una ley que en la que se establezca que el contrato predoctoral es un contrato en prácticas, seguiremos sin entender éste cambio", dicen desde la Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios de Granada. "Creemos que probablemente implicará un retroceso en los derechos por los que otros anteriormente han luchado tanto y que este asunto tiene que tener visibilidad. Por lo que sabemos hasta el momento, el cambio en el tipo de codificación viene de la Seguridad Social, que ni tiene la competencia para hacerlo y, en caso de tenerla, el procedimiento tampoco es el adecuado", denuncian.