Economista ciudadano

La vivienda social en alquiler es la única alternativa

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. Esta situación no ha permitido converger en este tipo de indicadores con la UE (Unión Europea) a pesar de sí haberlo hecho, aunque hayamos retrocedido mucho en los últimos años, en otros como pueden ser sanidad, infraestructuras, educación o renta per cápita hasta 2007.

La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%

España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda

Las cifras hablan por sí solas. La media de participación de la vivienda social en alquiler (única forma de política social en estos países) en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. Por tanto, la provisión de los servicios de vivienda en España la realiza mayoritariamente el sector privado, y en régimen de compra, lo que dificulta enormemente el acceso a ellos a una parte significativa de la población. Estos segmentos más débiles se concentran entre los jóvenes, en los estratos de edad de 20-35 años, en los percentiles de renta más bajos (fundamentalmente por debajo de 25.000 €/año) y en los mayores u hogares monoparentales de baja renta y discapacitados.

Las cifras son tremendas: apenas un 1% de vivienda social, frente al 18% en Europa

Esta preferencia por la propiedad, contrariamente a lo que se piensa inducida desde el poder público, financiero, familiar y mediático, ha segmentado el mercado de la vivienda de tal forma que se puede decir que en España no existe un mercado de alquiler, ni público como se ha comentado, ni tampoco privado (apenas un 8-9% entre los dos regímenes). Esto se contrapone con países como Alemania con el 57% de vivienda en alquiler, Holanda con el 47% o el Reino Unido con un 20%. Las razones de este funcionamiento en España se asientan en la lógica de la teoría económica. La oferta de viviendas es completamente rígida, es decir la vivienda es una variable stock y no un flujo, por lo que toda actuación desde la óptica de la demanda incide en el precio futuro del servicio de vivienda, lo que a su vez retroalimenta la demanda ante la revalorización de este tipo de activo.

En consecuencia, el mercado de alquiler, tanto público como privado, está huérfano de apoyo estatal, financiero y político, a pesar de múltiples intentos por convencer a los ciudadanos de que el alquiler es un objetivo prioritario, ya que favorece la integración de inmigrantes, la emancipación de los jóvenes, la movilidad laboral y geográfica, la supervivencia de muchos hogares monoparentales,  discapacitados y mayores.

Es imprescindible la creación de una gran Agencia Pública de Vivienda

Con estas premisas, es urgente una gran reforma de la política pública de vivienda. Para ello, es imprescindible la creación de una gran Agencia Pública de Vivienda cimentada en cinco ejes programáticos, algo que solo propone Podemos entre los partidos que se presentan a las elecciones.

El primer gran eje es el apartado estadístico. Ya está bien de tener que llevar a cabo política de vivienda sin datos estadísticos fiables, tanto en materia de precios de vivienda, tanto de compra como de alquiler, como en materia cuantitativa. No estaría nada mal conocer cuántas viviendas reales hay en alquiler, cuántas viviendas vacías habitables hay, y no las que el INE, en connivencia con los promotores y constructores, publica y que sorprenden por su escasa variabilidad desde hace años.

Sin estadísticas fiables de precios y cantidades, no hay política de vivienda

El segundo eje esencial es modificar drásticamente la legislación sobre alquileres, incluyendo un efectivo control de precios de alquiler, como ocurre en Alemania o Francia, que evite a futuro nuevas burbujas inmobiliarias.  Una legislación que garantice la estabilidad, la calidad del arrendamiento y la estabilidad de precios es sinónimo de una economía que considera a la vivienda como un bien de uso, garantizando su acceso y evitando la acaparación y especulación de los inmuebles.

Hay que instar el control público de precios y alquileres, como en Alemania

En sintonía con las mejores prácticas europeas, el siguiente eje tiene que ver con la creación de un ente administrativo que gestione la intermediación y el alquiler social en España, algo que como es lógico deben implementar las Comunidades Autónomas. Este servicio implementaría una gestión integral del patrimonio público de vivienda, al que habría que ir añadiendo los inmuebles que las entidades nacionalizadas esconden al mercado para intentar que suban los precios, como el caso de la Sareb. Incluiría un seguimiento de las rentas que cobran, su estado real, las necesidades de rehabilitación, así como la puesta en marcha de una verdadera planificación de las necesidades de vivienda en cada territorio. Así mismo, gestionaría las ayudas directas, únicos instrumentos públicos, a los inquilinos. Por último, también evaluaría las necesidades de nuevas construcciones de viviendas en alquiler en cada zona ante coyunturas de escasez de soluciones habitacionales en caso de riesgo de desahucio.

La apuesta clara debe ser la eliminación completa de incentivos fiscales y apostar por ayudas directas, especialmente a las rentas inferiores a los 12.000€

En el campo fiscal y financiero, la apuesta clara debe ser la eliminación completa de incentivos fiscales y apostar por ayudas directas, especialmente a las rentas inferiores a los 12.000€. Esto incluiría también el apoyo, cuando sea necesario, a las empresas que quieran construir vivienda en alquiler, tanto libre, como protegido. Las figuras a proteger serían principalmente aquellas como cooperativas, sociedades de arrendamiento, tanto públicas, como privadas, pero también aquellas que profesionalicen el mercado de alquiler. Parte de esta financiación provendría de diversas formas de banca pública que en nada tendrá que ver con las figuras fallidas de las Cajas de Ahorro, que de público solo tuvieron los titulares, con el resultado que hemos visto aunque habría que salvar algunas. Destaca la propuesta del Banco del Agua que Podemos lleva en su programa de Madrid, figura de gran éxito en Holanda.

La financiación pública  y las ayudas directas, como en Holanda, básicas para este tipo de políticas

Por último, todo esta reforma tendría como objetivo crear un gran parque de vivienda pública en alquiler, con un doble régimen: pública y privada en usufructo que equilibrase de forma estructural, y no coyuntural, las formas de tenencia en España y junto a una intervención pública en los precios de alquiler, contribuyese a estabilizar a largo plazo el mercado de alquiler en España. Como complemento, habría que incorporar a nuestra legislación la lucha contra la existencia de vivienda vacía ociosa habitable, con sanciones, impuestos y amenaza creíble de demolición, como pasa en Dinamarca o Alemania y Francia.  

Estamos ante una ocasión única para poner los cimientos de una gran revolución en el mercado de vivienda en España

En resumen, estamos ante una ocasión única para poner los cimientos de una gran revolución en el mercado de vivienda en España, apostando por parques públicos de vivienda pública y vivienda en usufructo, control efectivo de alquileres y precios, legislación que evite la especulación y la retención de vivienda vacía y una garantía de que nadie se quedará sin solución habitacional ante un desahucio. Con todo ello, la inversión en vivienda tendrá una rentabilidad razonable y estable, acorde con el cumplimiento de acceso a un bien de uso como la vivienda. Parece que solo Podemos se acerca a este esquema de funcionamiento. ¿Por qué será?


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