Economista ciudadano

Sin transparencia, no hay democracia

La calidad democrática de un país se mide, entre otros parámetros,  por la cantidad y calidad de la información que el ciudadano dispone de las actividades de las instituciones públicas, y de las privadas que se nutren de dinero público.

En este sentido, España es un ejemplo de lo que no debe ser una democracia, aunque los ciudadanos no acaben de entender las bondades de un buen sistema estadístico, que además, esté disponible para el análisis de los agentes económicos y sociales. Después de más de 30 años de democracia, la calidad de la estadística y, en general, del grado de transparencia de la información en España es muy deficiente. Los responsables siguen al mando de los destinos del país, y se alternan en el poder, sin que ninguno de los dos grandes partidos tenga ningún interés en mejorar y dar el salto cualitativo en el grado de apertura de la información que fluye a los ciudadanos.

En España la calidad y cantidad estadística refleja la baja calidad democrática que tenemos.

La importancia de la información y la transparencia radica en dos elementos cruciales. El primero, y más relevante para mi, es que sin una buena base estadística, la política responde a elucubraciones u ocurrencias, algo que hemos sufrido mucho durante la pasada legislatura en materia económica. Esta carencia impide llevar a cabo diagnósticos adecuados, lo cual invalida por principio la acción de un gobierno y dice muy poco del mismo.

El segundo elemento decisivo es la lucha contra la corrupción. España es uno de los países peor valorados en este aspecto dentro de los países de nuestro entorno, a diferen cia, por ejemplo, de los países nórdicos donde el grado de transparencia institucional  es muy elevado, lo cual redunda en menores prácticas de corrupción pública y privada. Los últimos acontecimientos alrededor del yerno del Rey, o los casos de la Comunidad Valenciana o los relacionados, presuntamente, con casos en Galicia, hacen dudar seriamente al ciudadano de la calidad de la democracia en España.

Comenzando por el primer elemento, la estadística, durante mi paso por el Ministerio de Economía recibí el encargo de elaborar un plan de transparencia estadística de toda la Administración General del Estado, incluyendo muy al final al Banco de España. Después de un arduo trabajo de recopilación de toda la información estadística producida por todos los departamentos ministeriales, junto a al INE, pude comprobar la desidia y la poca profesionalidad de muchos responsables de dichas estadísticas que, en muchos casos, carecían de un conocimiento específico de la materia y mantenían publicaciones en papel, sin un calendario predeterminado y sin ninguna publicidad o especificada en sus páginas web. Esta anomalía, en parte, está motivada porque en los distintos ministerios no se preocupan de formar a personal especifico y, al igual que pasa en muchos centro educativos con la educación física o la música, se encargan estas tareas a personal no familiarizado con el tema, aunque eso sí, muy celoso/a de no facilitar fácilmente dicha información a otros departamentos ministeriales. Al final se pudo alcanzar un acuerdo para que toda la información producida se dispusiese en formato electrónico y con un calendario prefijado y con publicidad. Estas dificultades se hicieron también palpables en la disposición del INE a avanzar en la mejora de algunas estadísticas, como las de vivienda, así como en su peculiar resistencia a publicar toda la información disponible bajo la premisa de que podía ser perjudicial para el político de turno, es decir el político siempre se debe guardar parte de la información por si no es beneficiosa para su acción política y propaganda.

Existe una gran reticencia en los diferentes Ministerios a compartir información con el resto de administraciones, además de tener una gran desidia y falta de profesionalidad en los responsables estadísticos.

Esta falta de calidad estadística se puso de manifiesto, particularmente en lo referente a la política de vivienda. Es indignante, por ejemplo, que no se sepa cuál es el parque de vivienda en alquiler, y se trate de legislar sobre el mismo, o no se tenga una verdadera estadística de precios hedónicos de vivienda, que refleja la realidad de un mercado ajustado por las características de la misma. Aquí el problema fue la negativa del INE a elaborar un índice de precios hedónicos, teniendo la posibilidad de hacerlo en colaboración con el Banco de España y un grupo de expertos, que estuvimos trabajando para ello. Al final, se prefirió incurrir en un coste comprando información a notarios y registradores, así como a empresas de tasación en la estadística que empezó a hacer el extinto Ministerio de Vivienda. Las mismas dificultades me encontré cuando estuvimos diseñando la renta Básica de Emancipación, con escasas herramientas estadísticas de calidad para estimar y prever el impacto de dicha medida, aunque las aproximaciones realizadas han resultado próximas a la realidad.

El INE y el Banco de España son responsables de que no exista una estadística de precios de vivienda rigurosa y hedónica, como tienen otros países, lo que dificulta llevar a cabo políticas de vivienda adecuadas.

Otros casos flagrantes han sido la escasa o nula información sobre formación de precios en servicios básicos como hidrocarburos, telefonía o el sector eléctrico, cuyos niveles de transparencia rozan lo delictivo y que han provocado un sinfín de reclamaciones por parte de los usuarios que echan de menos una verdadera administración que defienda de forma clara y contundente a los consumidores y no actúe en clara coalición con los antiguos monopolios públicos, ahora convertidos en oligopolios privados. Esta falta de transparencia en formación de precios, sanciones o contratación pública, permite la creación de numerosos cárteles, como ocurre por ejemplo en la contratación pública de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid.

Esta propensión a la ocultación de información o mala calidad estadística ha contagiado también a la clase política y también a la Monarquía. No es de recibo que no se conozcan, en un ejercicio que debería ser voluntario, no solo las retribuciones, sino también las actividades privadas que se compaginan con las públicas o las retribuciones en especie, todo lo cual debería estar claramente delimitado por Ley. A esto habría que sumar la publicación de los gastos de la Monarquía, así como su sometimiento al Tribunal de Cuentas y la fiscalización minuciosa de todas sus inversiones, para evitar conflictos de interés y posibles casos de tráfico de influencias.

Las grandes instituciones del Estado, incluyendo a la Monarquía, son muy reticentes a dar una información clara y transparente que permita reducir al máximo los niveles de corrupción.

Estos apuntes son una serie de principios básicos que la nueva administración debería comprometerse a finalizar en breve, por el bien de la democracia y dar el paso hacia delante que necesita nuestro aparato estadístico, tan necesitado de buenos profesionales, y especialmente gente que quiera avanzar y no quedarse en las labores mínimas. Los ejemplos recientes de los censos de población y viviendas, en base a encuestas ahora, son ejemplos del deterioro que puede sufrir nuestro aparato estadístico y volver a las épocas de la penumbra que sufrió la estadística oficial bajo el mandato de Aznar.  Esto fue particularmente sangrante en todo lo relacionado con la fiscalidad, negándose a publicar el impacto de la reforma del IRPF del año 2002.  La Agencia Tributaria, que sí ha avanzado mucho en los últimos años, se prepara para cerrar las ventanas y colgar el cartel: sin datos hasta nueva orden. Espero que los agentes involucrados protestemos tanto que obliguemos a encender las luces de la transparencia de verdad. Ganaremos todos, especialmente los ciudadanos y consumidores.


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