Economista ciudadano

Yo rescato las Cajas y tú lo pagas

El modelo de rescate bancario en España, fundamentalmente de las Cajas de Ahorro, ha sido todo menos transparente e inocuo para el contribuyente. A pesar de las declaraciones de los Ministros del ramo económico, y del propio Presidente del Gobierno, las inyecciones de capital al sistema financiero, lo van a costear fundamentalmente los ciudadanos, sin ninguna posibilidad de elección.

El rescate bancario lo vamos a pagar fundamentalmente los contribuyentes, a pesar de las promesas de Rajoy

El último ejemplo, el de Cataluña Caixa, ha sido verdaderamente sangrante, con una inyección de casi 12.000 millones €, y asumiendo el Estado todos los posibles quebrantos por sentencias judiciales, lo que sin duda es un gran regalo para la entidad adjudicataria, como antes lo fueron otras entidades para completar el mapa financiero. En conjunto, la inyección de dinero público se acercaría a los 240.000 millones €, es decir más de un 20% del PIB. Este modelo de rescate bancario ha tenido una peculiaridad, en comparación con otros ejemplos históricos. Por ejemplo, los gestores no fueron cesados hasta después del proceso de nacionalización, o incluso en algunos casos, muchos de ellos se mantienen en sus puestos, a pesar de las ayudas recibidas, tras una pésima gestión. Tampoco se ha dado información completa de la verdadera situación de las entidades afectadas, pues incluso tras la inyección masiva de capital, es muy probable que tenga que haber otra ronda adicional de capitalización.

El caso de Cataluña Caixa es particularmente sangrante por las condiciones de regalo al segundo banco del país

En cualquier caso, el modelo de gestión de las Cajas ha sido, salvo excepciones como La Caixa, un modelo nefasto, fruto de pactos oscuros entre las dos grandes fuerzas políticas y los agentes sociales. Estos pactos incluían una fórmula implícita de financiación adicional de sus cuadros, que en el caso de algunos también acababan en las arcas de las organizaciones políticas, sindicales y patronales. Todo ello, sin que en la mayoría de los  casos esos nombramientos respondan a criterios de excelencia o de mérito, lo que ha convertido estas supuestas entidades públicas en títeres del poder político local.

El impacto de su actuación como garantes del gasto fastuoso ha confundido a la opinión pública, creyendo que era de verdad una banca pública, como la que opera en Francia, Suecia o el propio EEUU. El carácter de público se unía al compadreo con el político regional que, en muchos casos, era el Presidente de la entidad financiera, como fueron los casos de Caja Cantabria, Caja Castilla la Mancha o la propia Cataluña Caixa, en tiempos de Narcis Serra. Esta cercanía al poder político, y el diseño de su Asamblea General y a veces el Consejo de Administración, le daban esa barniz de entidad pública, aunque en la operativa eran claramente un banco privado, financiándose en los mismos mercados y utilizando los mismos instrumentos de captación de fondos. Así mismo, las condiciones crediticias y los tipos de interés eran cuasi simétricas al resto de entidades financieras.

La cercanía al poder política y la estructura del Consejo de Administración de las Cajas ha confundido a la opinión pública creyendo que eran bancos públicos

Frente a esta chapuza legislativa, que empezó con las fusiones frías, continuó con la recapitalización mediante el uso de instrumentos como las preferentes y terminó en varios RD que han combinado saneamiento con dinero público y regalos a los principales bancos del país, contrasta con el modelo sueco en el año 1992. En primer lugar, el proceso fue absolutamente transparente, y contó con la dirección del Gobierno y el Banco Central. Los gestores de las entidades afectadas fueron desalojados de forma fulminante de sus puestos, algo que no se ha hecho en España. Sólo tras un análisis exhaustivo de los balances, no como los casos de la CAM, Bankia, NovaGalicia, Cataluña Caixa, o el Banco de Valencia aquí, se comenzó a inyectar capital, y se nacionalizó todo el sector. Tras el reparto de costes entre acreedores y deudores, la banca se saneó, se sacó a la venta y apenas costó dinero al erario público.

El modelo sueco de saneamiento bancario debería ser un ejemplo de buenas prácticas

La realidad española dista mucho de esta solución. El regulador ha consentido que las entidades intervenidas sigan siendo gestionadas por los mismos que llevaron a dicha intervención, saltándose todo el protocolo en materia de salarios o indemnizaciones, cuyas cifras deberían avergonzar a las dos partes. El grado de transparencia ha sido mínimo, teniendo aquí a ilustres aliados en los Consejos de Administración de muchas de estas entidades, cuyos representantes son elegidos por parte de los grandes partidos políticos, sin distinción, en oscuras maniobras de repartos de poder. La inyección de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco ha servido para solucionar los problemas de solvencia y liquidez, se ha abandonado cualquier intento de reducir la deuda de los afectados, y se persiste en la valoración artificial de los activos tóxicos, para lo que han contado con la alianza del nuevo Ejecutivo de Rajoy.

En resumen, se está intentando salvar a todas las entidades, sin reducir capacidad, y por supuesto mantener intacto el volumen de deuda, y la valoración de activos, generando situaciones de desahucios y alzamientos, que aumentan la exclusión social, la pobreza y la mora. Y por supuesto, mintiendo a los ciudadanos asegurando que el rescate sería completamente inocuo para los contribuyentes. Pero claro, lo que nos hemos ahorrado en prima de riesgo por las palabras de Dragui nos lo apuntamos aquí.


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