Economista ciudadano

¿Qué hacemos para construir otra política económica?

En un momento en el que se ha abierto la espita para la auto promoción por parte de muchos de los que recientemente han escrito un libro, algunos de forma realmente grosera, es justo resaltar lo que se está haciendo desde el colectivo “QUÉ HACEMOS CON”. Este colectivo, del que me honro ser miembro, está lanzando una serie de libros de divulgación que tratan de despertar la conciencia social y ciudadana sobre un conjunto de temas que nos afectan de forma significativa.  Ejemplos de ello son los números ya en la calle, referidos a la política económica, el poder de crear dinero, muerte digna, educación o los próximos sobre la deuda o la vivienda.

El colectivo QUÉ HACEMOS ha emprendido una carrera para despertar la conciencia y el debate social sobre una multitud de temas que nos interesan.

Este tipo de iniciativas tiene la virtud de huir de maniqueísmos, y sin perder el rigor, trata de explicar a la ciudadanía que hay posibilidades reales de alternativas sobre la ortodoxia militante y alejadas de los poderes establecidos que tratan de cerrar el cerebro pensante y militante de amplias capas sociales.

El referido a la política económica, coordinado por Amparo Estrada, incorpora, entre otras, dos líneas de alternativas en materia financiera y  fiscal. Estos dos capítulos están de plena actualidad y constituyen las trabas fundamentales a un verdadero cambio de rumbo en la política económica nacional e internacional.  En lo que se refiere al sistema financiero se constata que la magnitud del montante de activos financieros, una gran cantidad fuera de balance y por tanto opacos, en relación a las transacciones de bienes y servicios no financieros explican las sucesivas burbujas pasadas y futuras y están poniendo en riesgo un gran número de economías.

El volumen sobre alternativas de política económica propone una profunda reflexión sobre aspectos como la regulación y fiscalidad del sistema financiero y un cambio fiscal a nivel global.

La clave para haber llegado a esta situación ha sido la erradicación de toda supervisión y regulación, promovido por el mundo anglosajón, que ha contagiado también a los mercados no anglosajones, cuyo ejemplo máximo ha sido el caso de España. Aquí han proliferado los casos de estafas bancarias, como las preferentes y deuda subordinada para desgracia de miles de inversores. Junto a la desregulación generalizada, que en EE.UU, se gesta tras la  abolición de la Ley Glass-Steagall, en España, y otros mercados, no se exige ninguna certificación ni habilitación para operar en los mercados financieros y bancarios. Este tipo de certificación, como la llamada C.I.S.I que otorga la FSA británica, y que en España solo se puede obtener en la Escuela de Finanzas, genera mercados que minimizan el riesgo operativo y facilita a los clientes un servicio no viciado por la ignorancia del funcionamiento de muchos productos que se comercializan a través de la red en España.

Urge regular y supervisar el sistema financiero e introducir la obligación de certificación profesional para el personal bancario y financiero como el Reino Unido.

Al margen de la regulación y la certificación profesional, un elemento que caracteriza al intercambio de estos bienes y servicios, es que los productos bancarios están libres de impuestos. Por ejemplo, el IVA en la UE no se impone a los servicios financieros y solo están sujetos a impuestos algunos tipos de servicios auxiliares, como los de asesoría, tasas sobre cajeros automáticos o servicios de gestión de carteras. Por ejemplo, en el Reino Unido existe un impuesto pequeño sobre compraventas de acciones, cuya gestión es la más barata de todo el sistema tributario británico. Un impuesto sobre el sistema financiero, debería, complementarse con una regulación de forma que todas las transacciones financieras quedasen públicamente registradas, incluidas las realizadas “Over The Counter” o fuera de balance.

El sector financiero adolece de una fiscalidad que ayude y contribuya a la suficiencia financiera de las arcas públicas.

En el caso español, el ejecutivo podría incrementar la imposición sobre plusvalías en las transacciones financieras, introducir el IVA en la compraventa de acciones y a nivel global, aprobar un impuesto sobre transacciones financieras y/o banca. Una sencilla simulación sobre el aumento de la tributación sobre las plusvalías financieras arrojaría ingresos cuantiosos. Si aumentase 1 punto porcentual sobe plusvalías, la recaudación aumentaría en 18.000 mill€, y si se aumentase en 12 puntos porcentuales, los ingresos obtenidos llegarían a 198.000 mill€. Estas plusvalías gravadas serían idealmente aquellas que se generan en el corto plazo, en plazos inferiores a un mes o incluso una semana y solo para transacciones financieras.

Nuestras propuestas serían la introducción del IVA en las transacciones de acciones, elevar la fiscalidad de las plusvalías financieras, así como impuestos sobre beneficios y activos bancarios.

Otras opciones fiscales son las referidas a la imposición sobre la banca. EE.UU. ya está estudiando impuestos sobre activos y depósitos bancarios. En España, un impuesto sobre activos totales bancarios, con datos del 2009, podría recaudar hasta 4.000 millones de euros. Con datos del 2011,la recaudación subiría hasta los 4.500 millones. Si el tipo fuese del 0,2%, la recaudación llegaría a los 5.012 millones. Si combinásemos impuestos sobre beneficios bancarios y activos totales, la horquilla iría desde una recaudación de 9.000 millones€, con tipos del 2,24% y 0,02% respectivamente, hasta los 99.000 millones, con tipos del 24,68% y 0,23%.

Finalmente, la llamada Tasa Tobin también podría apoyar al incremento de la recaudación, tanto en Europa, como en España. Con un tipo del 0,05% y sin reducción del volumen de contratación, se podría recaudar hasta 6.300 millones de euros y en el extremo, con la misma tasa y una reducción de contratación del 75%, podríamos añadir 1.600 millones a las arcas públicas.

Incluimos también los cálculos sobre la Tasa Tobin en España, con y sin disminución de la contratación, lo que aportaría un máximo de 6,3m.m€ a la Hacienda pública.

Como se puede ver, el colectivo QUÉ HACEMOS hemos hecho algunas aproximaciones a un profundo cambio en la regulación, certificación profesional y fiscalidad en el sector financiero. El objetivo es doble. Aumentar la transparencia, minimizar el riesgo operativo y de ausencia de formación en la comercialización, y finalmente maximizar la recaudación fiscal de un sector desfiscalizado, gracias a la presión de los lobbys.  El resultado final debería la significativa reducción del balance financiero internacional, primando la economía no financiera. Con todo, esperamos aportar al debate económico nuestro granito de arena, eso sí sin presiones de la banca, ni de los grandes medios de comunicación a su servicio.


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