Economista ciudadano

Sí a la dación en pago

Durante años la población escuchó un único mensaje repetido por inmobiliarias, promotoras, constructoras, entidades financieras, administraciones públicas y medios de comunicación: la vivienda nunca baja. La vivienda es una inversión segura. Las ministras de Vivienda, año tras año, repetían: "ahora es el mejor momento para comprar" y lo respaldaban con unas políticas fiscales que desgravaban únicamente por compra, con una política de suelo que incentivaba la especulación, con una liberalización del alquiler que lo desautorizaba como alternativa real y con un insignificante parque de vivienda social. A pesar del mandato constitucional (art. 47 de la Constitución Española), España nunca hizo una política para garantizar el derecho a la vivienda; se limitó a realizar una política económica que utilizó la mercantilización de la vivienda como suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y la propia administración.

Los poderes públicos, mediáticos, y financieros apoyaron y fomentaron la burbuja inmobiliaria

En un país donde el principal gasto de los hogares es la vivienda y en el que durante años se ha impulsado la propiedad privada como forma de tenencia casi exclusiva (rozando el 90% del parque total de viviendas), cuando disminuyen los ingresos el primer gasto al que no se puede hacer frente es la hipoteca. Con una tasa de desempleo superior al 26%, las personas sin trabajo remunerado superan los 5.965.000, y 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, por lo que es fácil intuir la magnitud de la tragedia hipotecaria.

Los datos son tremendos. Entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han iniciado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en España. Es cierto que no todos los procesos afectan a la vivienda habitual, pero sí que son la mayoría y hay que tener en cuenta que cada proceso de ejecución hipotecaria no afecta a un solo individuo: hay que multiplicar los procesos por el número de personas que habitan la vivienda. Además, en un proceso de ejecución hipotecaria suele estar implicada más de una vivienda, puesto que las entidades financieras, conscientes de los riesgos en las hipotecas que estaban concediendo, exigieron avales, y muy a menudo el aval fue la vivienda de familiares cercanos, especialmente los padres. Aunque la mayoría de firmantes no eran conscientes de ello, el hecho es que los avalistas responden de forma solidaria con sus bienes presentes y futuros, igual que los titulares de la hipoteca, por lo que un proceso de ejecución hipotecaria puede suponer que dos e incluso tres hogares sean desahuciados. Este proceso ahora es irreversible para un gran número de hogares, sin que se hayan arbitrado medidas que mitiguen el drama social, pero sobre todo permitan a los afectados volver a empezar sin que la sociedad les estigmatice para siempre.

El volumen de desahucios, por encima de 400.000 casos, obliga a tomar decisiones drásticas e inmediatas

El resultado de esta legislación anacrónica es prácticamente una versión contemporánea de la esclavitud: quienes en una ocasión cometieron el error de firmar una hipoteca quedan condenados financieramente de por vida. No sólo el banco podrá ejecutar siempre que quiera su derecho de cobro sobre los ingresos o bienes de la persona afectada, además, la persona constará como morosa en ficheros de acceso público, como Asnef o el RAI. Así, al desahucio se le suma una condena financiera que se transforma en una condena a la exclusión social: la persona podrá ser embargada de por vida (nóminas, cuentas bancarias, herencias, etc.) y tendrá serias dificultades para llevar una vida digna, puesto que ser moroso puede ser un impedimento para encontrar trabajo, alquilar una vivienda, contratar una línea telefónica e incluso para percibir ayudas públicas.

La legislación actual tras un desahucio supone la muerte civil y financiera de los afectados

Las soluciones están escritas y puestas en marcha en otras economías. En Estados Unidos, la dación en pago ha permitido reducir la deuda privada en esta fase del ciclo, una modificación de la ley hipotecaria, equiparándola a la francesa o alemana, y especialmente la construcción y desarrollo, de una vez por todas, de un parque de alquiler social que permita mitigar el daño moral y económico, pero sobre todo para que haya alternativa a la vivienda en propiedad.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba