Economista ciudadano

La banca no salvará a las empresas privadas

El Gobierno aprobó el pasado viernes un RD, con medidas para reestructurar la deuda de las empresas y mejorar la financiación de las empresas.  A esto hay que añadir una serie de medidas de financiación no bancaria que tratan de estimular otros mercados alternativos a la banca, como el MAB o las SGR (sociedades de garantía recíproca) y capital riesgo para PYMES.

Hasta llegar a esta conclusión, han pasado ya más de cinco años en el que el endeudamiento privada no ha más que crecer y multiplicarse por cinco desde el año 2008. En la actualidad, la deuda privada alcanza un stock de 3,7 m.m€, es decir un 370% del PIB. Esta deuda incluye la deuda de las empresas no financieras, aproximadamente 1,3 m.m€, las familias, 0,8 m.m€ y las empresas financieras aproximadamente 1,6 m.m€.  A esto hay que añadir la deuda pública, que ha alcanza el 94% del PIB, buena parte de la cual en el pasado era deuda privada que se ha mutualizado, para salvar, entre otros sectores, al financiero.

El stock de deuda privada ha alcanzado el 370% del PIB, casi 4 m.m €.

Esta acumulación de deuda ha estrangulado al sector privado durante todos estos años, a lo que contribuido las políticas contractivas,  especialmente la política fiscal y el parón de la inversión pública, por parte del ejecutivo en respuesta a las imposiciones de Bruselas y la Troika. Esto ha generado un estrangulamiento financiero de empresas y familias motivado por las necesidades de la banca de alcanzar cotas de solvencia y capitalización que les permita mantenerse a flote. La incapacidad de repago de buena parte de esta deuda privada, especialmente de empresas medianas y pequeñas no financieras, y familias,  se deja notar en las tasas de morosidad que a finales de 2013 alcanzaron un máximo histórico.

La deuda privada es la gran rémora de la economía española que se traduce en morosidad y ausencia de crédito

¿Qué se debería hacer en un contexto de caída de la actividad, política fiscal contractiva y desapalancamiento privado?

Lo primero es tener en consideración que el principal freno a la actividad y al empleo en España es la acumulación de deuda, algo que parece ahora se han dado cuenta en el Palacio de la Moncloa. Por tanto, si no hay crecimiento no es porque no hay financiación al sector privada, sino porque la carga de la deuda ahoga al sector privado. En este punto, hay que considerar que el sistema financiero tiene un volumen de préstamos fallidos o de dudoso cobro muy superior a las cifras oficiales, ya que se han puesto en funcionamiento procesos de refinanciación muy poco transparentes, que sólo las propias entidades conocen el alcance y magnitud.

Por tanto se debía haber instalado en el debate político, económico y social la imperiosa necesidad de acometer un amplio proceso de reestructuración de deuda privada, junto al de deuda pública del que hablé la semana anterior. Sin embargo, desde pocas posiciones se han defendido estos procesos de quitas o refinanciación masiva de la deuda, ya que desde la óptica conservadora-liberal las deudas son sagradas y deben ser pagadas por encima de cualquier consideración social o económica. Eso ha sido la posición alemana para con el exceso de endeudamiento en países como Grecia o Portugal o España. Sin embargo, el agua ha llegado al cuello y el stock de deuda ha logrado dejar prácticamente sin actividad a una gran parte del sector privado en España. La caída de un porcentaje tan alto de empresas, que eran viables en muchos casos, ha dejado a la banca con una gran parte de la deuda sin cobrar, y con un nivel de desempleo e inactividad que ya amenaza a las próximas generaciones.

Ante la presión, ahora, del FMI y Bruselas, el Gobierno ha vuelto a improvisar y ha redactado un RD muy confuso que trata de modificar la práctica hasta ahora que suponía que la mayoría de empresas que entraban en concurso de acreedores, acababan quebrando definitivamente, pues su volumen de deuda era insostenible, dada la situación del consumo privado en España. Frente a eso, se ha optado por modificar varias normas, especialmente la Ley Concursal para, supuestamente, ayudar a las empresas a refinanciar su deuda o en su defecto a establecer quitas de deuda. Con esta medida, el Gobierno cree, sin ningún estudio riguroso como siempre, que podrá salvar un montante de deuda de 150.000 mill€, cantidad muy pequeña y que apenas tendrá impacto sobre la situación de sobreendeudamiento.

El RD de reestructuración de deuda es improvisado y de dudosa viabilidad

El mecanismo consiste en intercambiar deuda bancaria por capital, es decir la banca pasará a ser accionista, que en muchos casos será mayoritario, de una gran cantidad de empresas, sin tener conocimiento de los sectores y sin tener como objetivo la participación empresarial. Eso perjudicará, sin duda, a los accionistas y bonistas del sector bancario pues aumentará el riesgo de solvencia futura y podría aumentar las necesidades de capital a medio plazo. Así mismo, este RD reduce el papel de los accionistas minoritarios en las decisiones de las empresas, tendente a evitar bloqueos en materia de entrada de capital bancaria en las empresas afectadas.   Otro aspecto importante es que la banca asciende en el orden de prelación a la hora de cobrar su deuda, quedando inmediatamente después de la Agencia Tributaria y Seguridad Social, por encima de los trabajadores.

Se establece un mecanismo de sustitución de deuda bancaria por capital en las empresas

Otro aspecto importante es que la banca podrá liberar provisiones si intercambia deuda por capital, siempre que las perspectivas de las empresas sean positivas, algo que tendrá que dilucidar el Banco de España creándose un precedente peligroso si el análisis de las perspectivas futuras es erróneo, algo no muy descabellado si nos atenemos a la gestión de riesgos que han hecho las entidades financieras en el pasado. Este cambio de acreedor a accionista consumirá capital, según la norma de Basilea, lo que acrecentará los riesgos de la banca en España, lo que podría desencadenar una nueva crisis bancaria.

La banca podrá reducir provisiones si las previsiones son positivas para als empresas intervenidas

En suma, estamos ante el fracaso de la acción política que ha desdeñado el efecto del sobreendeudamiento del sector privado en España. Buena parte de esta deuda no podrá ser repagada, especialmente en empresas pequeñas y familias. Sin una política de quitas ordenadas, no será posible retomar el camino del crecimiento económico. El camino elegido por el ejecutivo trata de preservar el capital de la banca, sin entrar a considerar que urge reducir el balance bancario y financiero en España y también a nivel internacional. La entrada de la banca a gestionar empresas de dudosa viabilidad, sin tener un conocimiento solvente de cómo se valora una empresa, pondrá en riesgo a la banca subvencionada y nacionalizada, y también afectara a la reputación de los gestores de las empresas intervenidas. Por supuesto, nada se ha legislado para que las familias tengan una segunda oportunidad. Se les ve muy bien para quien trabajan.


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