Economista ciudadano

La banca también cobra en diferido

El Gobierno aprobó ayer la nueva normativa que regula los activos fiscales diferidos (Deferred Tax Assets, DTA) de la banca, que permitirá a las entidades españolas mantener en su capital 30.000 de los 50.000 millones que tiene actualmente en estos activos. Esta cifra no ha colmado las expectativas de la banca española que esperaba poder mantener una cifra superior, lo cual servirá de excusa adicional para no reabrir el grifo del crédito.

España se une a la normativa europea sobre activos fiscales diferidos que permiten mantener en el capital más de 30.000mill.€

Los llamados DTA se definen como los gastos de los bancos que reducen sus beneficios pero que no se pueden desgravar en el Impuesto de Sociedades, lo que implica que cotizan más impuestos de los que deberían. Para compensarlo, Hacienda les reconoce el derecho a mantener esos gastos en el balance y así poder compensarlos con cargo a los beneficios futuros, de ahí el nombre de diferidos. Estos activos, por tanto, tienen un valor y las entidades se los podían contabilizar hasta ahora en su capital, como fondos propios, para calcular la ratio de solvencia que deben cumplir para hacer frente a pérdidas inesperadas.

De donde provienen estos gastos diferidos. En primer lugar, las provisiones genéricas que se realizan para cubrir el riesgo de pérdidas de sus activos, básicamente el crédito promotor y los inmuebles adjudicados, que fueron incluidas en los sucesivos Reales Decretos que aprobó el Ministro De Guindos. Estas provisiones son mermas del beneficio, pero sin ser una pérdida real, por lo que no disminuye la base imponible del Impuesto de Sociedades. Por eso genera un activo fiscal diferido.

Estos activos provienen de las provisiones, de los planes de pensiones y de las bases imponibles negativas

En segundo lugar, se contabilizan las aportaciones que hacen los bancos a planes de pensiones de los trabajadores en los que ocurre lo mismo, es decir son gastos que minoran el beneficio, pero al estar en la cuenta de los planes de pensiones, no se pueden desgravar. Por último, están las pérdidas de ejercicios anteriores que según la normativa del Impuesto de Sociedades configuran las bases imponibles negativas que se difieren para pagar menos impuestos a futuro.

La normativa fiscal en España no cambia respeto a estos tipos de activos. Sin embargo, las nuevas normas internacionales de solvencia,  Basilea III, obliga a los bancos a restarse del capital los activos diferidos para calcular su ratio de solvencia, lo que sí supone un problema para muchas entidades, especialmente los bancos españoles, que no las Cajas. En algunos casos, casi un tercio del capital propio de muchos bancos está compuesto de activos fiscales diferidos, por lo que si no se les permitiese mantenerlos en el capital, deberían recapitalizarse. La base del problema contable radica en quién estima los beneficios futuros que pueden garantizar que éstos compensarán el no pago de impuestos durante esta fase. Por tanto, si se prevé que una entidad no va a tener suficientes beneficios para compensar con sus impuestos futuros los activos diferidos que tiene en balance, no podrá hacerlos efectivos; es decir le sobrarían y la normativa de Basilea III estima, con bastante coherencia, que no se deben computar como capital si no se pueden recuperar. Del mismo modo, en España hay un plazo límite de 18 años para recuperarlos; si no se logran compensar en ese período, también se perderán. En suma, si desconozco cuánto puedo recuperar en el futuro y las pérdidas futuras, no podré incluirlos como fondos propios y por ende mi solvencia será menor. Y si en el caso extremo, se produjese una quiebra, los activos diferidos también se darían de baja en el balance.

España impone un plazo de 18 años para recuperar los beneficios y así poder computar los activos fiscales diferidos

La pregunta es si este problema es muy grande en España. En efecto sí lo es, dada la magnitud del montante de provisiones que tuvo que hacer la banca en general con los sucesivos requerimientos del Gobierno de Rajoy. Por ello, se gestaron un monto muy elevado de activos diferidos. Del mismo modo, las entidades rescatadas (Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Ceiss) y aquellas que han absorbido cajas intervenidas (CAM en el caso de Sabadell, Unnim en el de BBVA, CCM en Liberbank, Banco de Valencia en CaixaBank) o insolventes aunque no llegaran a nacionalizarse (Banca Cívica en el caso de CaixaBank o Pastor en el de Popular) tienen fuertes pérdidas derivadas de los grandes saneamientos acometidos, por lo que generan bases imponibles negativas. Finalmente, los dos grandes, Santander y BBVA, tienen fuertes compromisos por pensiones, algo que también afecta en menor medida a la banca mediana. En total, estamos hablando de más de 50.000 mill. € Si tienen que restar de los fondos propios esta cifra, las entidades españolas necesitarían ampliar capital de forma generalizada, en muchos casos con nuevas inyecciones de dinero público. Basilea III les concede un plazo de 10 años para irlos restando gradualmente, lo cual reduciría el impacto notablemente, pero los mercados van a exigir desde el 1 de enero que las entidades cumplan con los nuevos requisitos de solvencia con todas las deducciones, como si los 10 años ya hubiesen transcurridos, y si no es así, se penalizarán a las entidades por parte de los inversores.

El mayor problema para las Cajas son las provisiones y para la gran banca los planes de pensiones

La aprobación del nuevo Real Decreto por parte del Gobierno elimina las trabas que pone Basilea III, lo que permitirá seguir computando como capital a los activos diferidos. A partir de ahora, los créditos fiscales se recuperarán siempre, aunque el auditor no prevea beneficios suficientes en el futuro e incluso en caso de quiebra. Si una entidad tiene pérdidas en el futuro, el Estado tendrá que poner parte del dinero pendiente de compensar para absorberlas, y si quiebra, aportará todo para intentar paliar la situación. El favor que se le hace a la banca es que no habrá límite en el tiempo para poder contabilizarlo, por tanto si una entidad no los ha recuperado en 18 años, cobrará lo que le falte en el año 19.

La gran pregunta que surge para los contribuyentes es si es un nuevo regalo a la banca. En principio se trata de equiparar la norma al resto de la banca europea, que ya logró esta dadiva con anterioridad. Ahora bien, si de lo que se trata es de reforzar la solvencia de nuestra banca, se están salvando unos activos que no son capital de verdad, sino un capital diferido en el tiempo, lo cual incentiva a no reconocer las pérdidas reales de la morosidad reconocida y oculta de la banca y a aplazarlo para el futuro. Además, por ejemplo, si una entidad no consigue compensarse todos los activos diferidos en 18 años, el Estado le pagará lo que le sobre; aunque se trata de un caso bastante improbable porque históricamente se suelen recuperar en tres años como mucho. Más probable es que una entidad entre en pérdidas o incluso resulte insolvente, visto lo ocurrido en el sector en los últimos años. En esos casos el Estado tendría que pagar dicho montante  y sí computaría como déficit.

Los contribuyentes pagarán en forma de déficit los avales que el Estado presta para estos activos diferidos en caso de pérdidas o quiebra tras los 18 años

En resumen, España abraza también la ingeniería contable europea para disfrazar la solvencia con capital ficticio que gracias a los auditores amigos seguirá computando como fondos propios y las posibles pérdidas reales las pagaremos todos.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba