Economista ciudadano

Volver a 1996

España acaba de celebrar, en un ambiente realmente tétrico, unas elecciones generales cuyo resultado ha arrojado lo que prácticamente todo el mundo preveía. El Partido Popular se ha alzado con una aplastante mayoría institucional, controlando más del 75% de todo el presupuesto público, a lo que hay que unir su hegemonía en otras instituciones del Estado, como la judicatura o el ejercito, y en otras de corte espiritual, pero muy influyentes, como la Iglesia. Este panorama ya parece más el inicio de un régimen que la mera alternancia democrática, pues no queda en pie ningún contrapoder, ni político, ni institucional, ni mediático.

Con esta amplia mayoría, la oferta en materia económica, muy parca y difusa en campaña, se podría resumir en una idea fuerza: volvamos al escenario de 1996, es decir a lo que se llamó el milagro español. Si analizamos ese periodo, la coyuntura económica no era en absoluto parecida a la actual. El crecimiento europeo era relativamente elevado, y España salía de una crisis cíclica cuyo origen estaba en el final de los fastos de 1992. El ajuste iniciado por Pedro Solbes desde 1993, dio sus frutos en materia de deuda y déficit, y permitió el cumplimiento de los criterios de Mastricht para la futura entrada en el euro. Es cierto que la situación del mercado laboral no era precisamente boyante, pero sí se habían puesto las bases para una cierta recuperación del empleo.

La llegada del anterior presidente Aznar, y su ministro Rato, supuso el inicio de una potente burbuja inmobiliaria, cuyas bases fueron la excusa para la creación masiva de empleo poco cualificado, y explican el devenir de lo que se ha producido internamente a finales de 2008. Esta constatación, y lo peor es que se presume de ello, de que el empleo y la economía española sólo pueden crecer mediante el fomento de burbujas especulativas alrededor de un activo subyacente, en este caso la vivienda, muestra la oscura realidad de los que nos han gobernado desde 1996 hasta hoy, y de los que ahora retoman el mismo modelo.

La burbuja se armó apoyada en cuatro ejes. Por un lado, un fomento institucional de la compra de vivienda como única solución habitacional, despreciando el mercado alquiler, siendo el Partido Popular muy activo en esta materia. El segundo eje fue un sistema financiero volcado en operaciones inmobiliarias, en connivencia con el poder municipal y autonómico, siendo frecuente las puertas giratorias entre la dirección de algunas Cajas de Ahorro y la presidencia autonómica, sin distinción de color político. En tercer lugar, el Banco de España permitió procesos de sobreendeudamiento, no solo de las propios agentes financieros, sino que apenas dejó hueco al análisis y crítica del modelo de expansión crediticia, negando siempre la existencia de la burbuja inmobiliaria y prohibiendo a sus propios economistas internos citarla. Por último, una fiscalidad que ayudó a generar una espiral inflacionista en el sector que retroalimentó el crédito y la propia demanda de vivienda, no siempre como vivienda principal. La transmisión intelectual interesada de que la vivienda es un bien de inversión, y no de uso, fue internalizada por un amplio sector de la población, especialmente de rentas medias y bajas, lo que provocó un proceso de sobrendedudamiento muy peligroso, y un riesgo sistémico para el conjunto del sistema financiero que no quiso ser cortado por el poder político, ni por los gobiernos de Aznar, ni por los de Zapatero, pues los réditos electorales eran sustanciosos, como se ha podido comprobar el 20N, al grito de volvamos a 1996.

En este contexto, las medidas positivas puestas en marcha por el último gobierno socialista, corren el riesgo de ser derogadas, para intentar reactivar la burbuja inmobiliaria. En primer lugar, el nuevo reglamento de valoración del suelo, que desarrolla la Ley del Suelo de 2007, solventa un grave error que infló el valor de inmuebles y suelo. El hecho de que ya no se fijen las expectativas del valor del suelo, y sea la calificación actual lo que prime, es una excelente herramienta para que el valor del suelo sea residual en el precio final de una vivienda. Esta norma ya ha anunciado el PP que la derogará, para volver a la valoración por expectativas. Así mismo derogará el PP el tímido intento de eliminar las deducciones fiscales para la compra de vivienda, que inflan el precio hasta en un 15%, y que siempre son recomendaciones de la OCDE y la Comisión Europea. También eliminará la Renta Básica de Emancipación, un instrumento muy útil para poder acceder a vivienda en alquiler para jóvenes, en la que participé activamente en su diseño y puesta en funcionamiento. Finalmente, tampoco se solucionará la anomalía que supone que un propietario del suelo, sin arriesgar un euro, se apropie del total de la plusvalía del suelo, salvo un 15%, lo cual, sin amenaza creíble de expropiación, fomenta la retención de suelo con el único objetivo de especular con él. En el Reino Unido, el 100% de la plusvalía del suelo va para el municipio, y sólo el beneficio industrial de la construcción es lo que obtiene el propietario.

En resumen, la vuelta a las prácticas de la especulación del suelo, la inflación de activos inmobiliarios, el derroche fiscal de las desgravaciones por compra de viviendas, y una nueva etapa de crédito indiscriminado, son los señuelos del nuevo gobierno para intentar absorber la mano de obra excedentaria que expulsó la crisis financiera e inmobiliaria. Si esto es lo único posible para España, estamos mucho peor de lo que pensaba.


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