Economista ciudadano

Telefónica y Endesa consuman la imposición del regulador único

Lo que comenzó siendo un proyecto presentado en rueda de prensa en 2012, ha acabado siendo una realidad y ya tenemos un único supervisor y regulador en los mercados de servicios. Esta ocurrencia, dictada por el principal operador de telefonía y mercado eléctrico, persigue en última instancia eliminar cualquier control por parte del ejecutivo.

Rajoy cede y se aprueba el regulador único

Esta fusión de distintos organismos, con el recurrente latiguillo de la reducción de costes, convierte a España en una isla en la UE en materia de supervisión y regulación, lo que podría incluso merecer alguna sanción a futuro. Al no existir experiencia alguna, la justificación se hace aún más compleja, lo que se deja notar al leer la tribuna que el Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, publicó el 9/6/2013 en el diario El País. En ella, no se encuentra ninguna idea medianamente coherente y seria que justifique un atropello semejante contra la competencia y contra la defensa de los consumidores. Solo un conjunto de frases vacías y el mantra del ahorro de costes, para llenar toda una página sin que se note la influencia de los oligopolios que dominan ampliamente al ejecutivo de Rajoy.

El Gobierno apenas puede justificar la medida con el argumento de la supuesta reducción de costes

Si uno lee el informe realizado por la consultora de parte, PWC, encuentra buena parte de sus argumentos en el contenido de la ley. Incluso en la presentación que llevó a cabo la Vicepresidenta del Gobierno aparecían los logos y frases enteras de dicho informe.  

El informe de PWC es la base para el diseño de la norma que unifica los organismos reguladores y supervisores

En estos momentos, el Gobierno Rajoy domina ampliamente todos los recursos de poder institucional, pero también económico, dada la sintonía con todo el entramado empresarial. Sin embargo, no tenía mayorías, y en algunos órganos no tiene representación, en los distintos reguladores, ya que no quiso negociar las vacantes, ante la convicción de su triunfo electoral. Con la medida de eliminarlos todos, para crear uno solo, se evita el espectáculo de los ceses partidistas, y se da la falsa imagen de que se apuesta por el ahorro público.

El segundo gran argumento tiene que ver con el poder de mercado de los grandes grupos oligopolísticos, especialmente telefonía y sector eléctrico. Estos grupos han estado luchando para quitar a los reguladores la capacidad para fijar tarifas, escandalosas en el caso de las telecos, obligarles a competir y especialmente la capacidad de sanción. También las eléctricas han perseguido un armisticio para muchas de sus prácticas, que les han llevado a ser los sectores más denunciados, junto con el sector financiero.

Los organismos reguladores y supervisores ya no fijarán las tarifas de los oligopolios, como querían Telefónica y Endesa

Lo más llamativo del informe es la correlación negativa que PWC justifica, de forma interesada y espuria, entre innovación y regulación. El texto, que aparece en el preámbulo de la ley dice así:

“La experiencia indica que la regulación introduce rigidices que pueden retrasarla y obstaculizarla, sobre todo en aquellos sectores donde existe la posibilidad de competir a través de la innovación. El hecho de que algunos de los sectores más dinámicos de la economía (por ejemplo, Internet) se encuentren poco regulados es ilustrativo a este respecto. Por este motivo, la supresión de la regulación y la intervención ex-ante en aquellos sectores donde no existen fallos de mercado y resulta posible el desarrollo de competencia efectiva se configura como un objetivo de largo plazo” .

El argumento que se esgrime que relaciona innovación y regulación, solo es una coartada para eliminar los controles públicos

Aplicar este apriorismo, no contrastado, a los mercados de telefonía y eléctrico, donde los atropellos, abusos, ausencia de competencia y posición dominante de libro, resulta grotesco y fuera de todo rigor microconómico. Una de las principales causas de la actual crisis financiera es que la innovación financiera no ha contado con ningún tipo de regulación, control, ni supervisión, lo que ha degenerado en pérdidas significativas para los consumidores, y ausencia absoluta de control sobre los grandes oligopolios financieros. Este posicionamiento parece lógico en grupos de empresas que buscan la maximización de su beneficios oligopolísticos, para lo que toda regulación es una traba. Pero lo que sí es grave es que un Gobierno deje de velar por la competencia real y porque los consumidores estén a salvo de los externalidades negativas de las posiciones de dominio de los grandes grupos eléctricos y de telecomunicación.

 En suma, el Gobierno se ha doblegado a los grandes oligopolios, lo que redundará en que las tarifas, sanciones, y posiciones de dominio las fijarán estos grandes grupos, quedando los consumidores siempre a meced de la cuenta de resultados de Teléfonica o Endesa. Los ejemplos de las estafas del  sistema financiero nos marcan la pauta sobre a quién defiende el Gobierno de Rajoy.


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