Economista ciudadano

El Sector Público único, remedio contra la crisis

La presente crisis económica y financiera, de naturaleza claramente sistémica, ya se puede asemejar en magnitud e impacto a la de 1929 o la crisis japonesa de los años 80. Es cierto que la estructura económica y el colchón de riqueza hoy es mayor que antaño, y además el mecanismo de solidaridad institucional está ejerciendo de soporte para muchas familias y empresa de caer en la desestabilización social. La gran diferencia es que las autoridades políticas y económicas, a diferencia de entonces, están propiciando el desmantelamiento del sector público, especialmente en los países del sur de Europa, curiosamente en aquellos países donde debería ser esencial, pues sus sectores privados son muy débiles o casi inexistentes.

Frente a esta evidencia, ¿ qué estamos haciendo? La gran victoria del pensamiento y la doctrina neoclásica, que santifica los costes y precios relativos y aboga por la desregulación y abandono del sector público, la mayoría de economías está viviendo un momento de desinversión en el sector público, con descenso de la inversión, sin que el sector privado pueda sustituirlo. El exceso de apalancamiento de los sectores privados, empresas y familias, no pueden aprovechar la desinversión pública para relanzar su inversión, fallando estrepitosamente la famosa teoría de crowding out o efecto expulsión. Todo esto, a pesar de las grandes cantidades de fondos que han recibido los bancos y cajas de ahorro, fruto de su ineficiencia y mala gestión en los años de la burbuja inmobiliaria, sin que puedan trasladarlos a su actividad crediticia, pues siguen soportando una carga de deuda financiera inmanejable en la coyuntura actual. El otro gran sector de la economía, las familias, viven atenazadas por el incremento del desempleo, la reducción de salarios y la pérdida de prestaciones sociales, lo cual encarece aún más su coste su cesta básica de consumo e inversión.

Es por ello, y en un contexto de exceso de apalancamiento público en algunas economías, que cobra más importancia desterrar las políticas de desmantelamiento de gasto e inversión pública puesto en marcha por imposición de la Comisión Europea y las grandes economías europeas, curiosamente aquellas donde el peso del sector público y su deuda es significativamente mayor que el resto. Este esfuerzo debería empezar a hacerse cuanto antes, de forma coordinada, bajo tres hipótesis previas. En primer lugar, es imprescindible la elaboración de un presupuesto común y coordinado de infraestructuras nacionales y supranacionales que incrementen la cohesión territorial y faciliten los efectos spill over o desbordamiento sobre las economías más retrasadas. En este campo, cabe destacar los corredores ferroviarios, portuarios, y vías de gran capacidad. En segundo lugar, es imprescindible llegar a una cierta armonización educativa y de formación, lo cual implica un esfuerzo ingente en capital humano transfronterizo desde la UE, dedicando amplísimos fondos a efectuar un proceso de catch up que permita absorver grandes bolsas de parados de larga duración, especialmente en España, Portugal, Grecia o los nuevos países del Este.

El tercer elemento es una gran revolución fiscal. La armonización que nunca llega es más urgente que nunca. Habría que empezar por una nueva fiscalidad común sobre el rendimiento del capital, sin exclusiones, y con un notable esfuerzo de incremento de presión fiscal en este campo. Aquí es imprescindible ir hacia un mercado bursátil paneuropeo, con dividendos únicos y con varios tipos de mercados para diversas tipologías de empresas. Así mismo, habría que unificar la fiscalidad sobre bonos, tanto públicos, como corporativos e ir hacia un Tesoro público único. En materia de sociedades, es urgente armonizar la base imponible y las deducciones, más allá de los tipos, puesto que lo relevante es el tipo efectivo, yendo hacia un modelo de inspección único y una legislación sobre sociedades unitario y armonizado.

Por último, ir en la dirección clara de potenciar los impuestos directos progresivos y reducir el peso de los indirectos para cerrar el gap de inequidad que existe entre muchos de los países de la UE, y así favorecer un crecimiento más sano, eficiente y menos expuesto a la volatilidad del ciclo, todo ello por tanto desde la acción pública inicial. Estas son por tanto algunas líneas de actuación que deberían estar en la agenda comunitaria, pero también en la española en los próximos meses.


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