Economista ciudadano

Reforma fiscal para los rentistas

Con una celeridad impropia para un grupo de expertos verdaderamente independiente, el grupo de expertos de parte contratado por el Gobierno ha alumbrado el informe no vinculante sobre la reforma fiscal. Este informe nace sin tener carácter vinculante y no esconde una filosofía muy clara: reducir claramente los impuestos al capital y al ahorro y cargar buena parte del incremento de recaudación sobre trabajadores y rentas medias y bajas.

La reforma fiscal busca mejorar la tributación del ahorro y endurecer la del consumo

El proyecto de reforma, como la mayoría de aproximaciones de este tipo, adolece de un grave déficit y es que las estimaciones sobre su impacto en la recaudación, en la eficiencia y en la equidad no son creíbles. En particular, suelen sobrestimar sus efectos, dada la dificultad de modelizar el comportamiento humano ante cambios en los tipos impositivos o eliminación de algún tipo de deducción o bonificación.

Con esta consideración, el sistema fiscal español adolece de graves problemas que acrecientan las diferencias sociales y económicas, al mismo tiempo que mantiene un nivel de complejidad incompatible con una economía moderna. Estos, y otros problemas, se dejan notar en la mayor parte de las encuestas que se realizan entre la sociedad española. Y ellas también revelan el espejismo de las percepciones en España sobre la fiscalidad. Destaca el hecho de que el 68% de los contribuyentes considera que la presión fiscal es demasiado elevada. Si medimos la presión fiscal como la ratio de ingresos fiscales sobre PIB (incluidas las cotizaciones fiscales), España está a la cola de los principales países de nuestro entorno. Así, a finales de 2012, estábamos con una ratio del 32,4% sobre PIB, por debajo de Portugal, Polonia, Grecia, Reino Unido o Alemania. Por supuesto, estamos a años luz de los países nórdicos.

La percepción de que en España la presión fiscal es baja no concuerda con la realidad

Por lo tanto, es claro que España tiene que solucionar tres elementos claves para mejorar su sistema fiscal: simplicidad, insuficiencia recaudatoria y equidad. ¿Aborda estos temas el proyecto de reforma fiscal?

Comencemos con la simplicidad. Aquí las posibilidades son enormes, pues es cierto que el modelo es muy farragoso, lleno de deducciones impuestas por lobbys, en muchos casos ineficientes y que benefician siempre a los contribuyentes con mayores bases imponibles. En el caso del IRPF, hay casos muy llamativos, como es el caso de la desgravación por compra de vivienda o por planes de pensiones. En ambos casos, aunque se corrigió en las últimas reformas, estas dos desgravaciones suponen un gasto fiscal desmesurado para el efecto final que se logra, y especialmente el que se persigue. Con lo acontecido con el mercado inmobiliario, ¿qué sentido tiene seguir desgravando por un bien de uso como es la vivienda?. Hay que ser en este aspecto muy drástico porque esta desgravación ha sido una de las responsables del fuerte incremento de los precios de los activos inmobiliarios y por tanto ha generado enormes distorsiones en la asignación de recursos de forma que su efecto final ha sido claramente negativo para la sociedad y los propios contribuyentes. Lo mismo se podría decir de la deducción por planes privados de pensiones, cuyo efecto sobre la contratación de planes solo beneficia a una minoría social que, en cualquier caso, podría financiarse un plan privado.

Es urgente simplificar los impuestos, eliminando muchas desgravaciones, como la de compra de vivienda, planes de pensiones y gastos financieros netos

En el caso del impuesto de sociedades, también hay muchos ejemplos de deducciones que solo incorporan complejidad y no cumplen los objetivos perseguidos, como pueden ser la deducción por I+D, cuya gestión es absolutamente leonina para las pequeñas empresas y solo las grandes multinacionales se aprovechan de esta supuesta actividad de investigación, que es juzgada por inspectores de hacienda. Por ello, sí que hay recorrido para mejorar la simplicidad del impuesto, y así hacerlo más atractivo y menos costoso para muchos contribuyentes que dejarían de necesitar un asesor fiscal, sector que está detrás de buena parte de la dificultad de la imposición en España y la persecución de aquella parte de la población menos formada.

En lo referente a la insuficiencia recaudatoria, la reforma fiscal propuesta apenas mejora este aspecto. El efecto neto, si fuesen ciertas las estimaciones, sería nulo, con una mera redistribución entre impuestos indirectos y directos, y entre trabajadores, empresas y ahorradores y rentistas. La filosofía que se esconde detrás de este conjunto de supuestos expertos coincide con el discurso impartido por el Gobernador del Banco de España. Este se basa en el supuesto que España es un país que debería ser eminentemente ahorrador, dada su estructura demográfica, por lo que la imposición debería favorecer el ahorro, especialmente el ahorro previsión, y castigar más a los consumidores. Esto se cumple con la estructura de la reforma que aboga por elevar los impuestos a los consumidores, IVA, impuestos especiales, IBI, y reducir los impuestos al ahorro y la riqueza, eliminando Patrimonio.

La reforma fiscal busca gravar más las rentas de los trabajadores, consumo, la vivienda y mejora el ahorro

El objetivo último es lo que se denomina la devaluación fiscal, es decir elevar las contribuciones fiscales al empleo que pagan los trabajadores, reduciendo la carga de las empresas, lo que se complementa con una brusca caída del tipo nominal del impuesto de sociedades, favoreciendo claramente a las empresas más grandes. Con ello, se busca descapitalizar aún más a los trabajadores que tendrían menor renta disponible, salvo los ahorradores y rentistas, que normalmente coinciden con las rentas más elevadas.

Pero más importante aún, es que un sistema fiscal debe ser justo y equitativo. En este sentido, la hacienda pública en España solo se preocupa de recaudar lo más fácilmente posible, pero en ningún caso busca la equidad. Esto se plasma en una reducción de impuestos directos y una subida de impuestos indirectos. Se busca que las rentas altas paguen menos, reduciendo el tipo máximo del 52% (que solo pagan 5.600 contribuyentes pues incluye las rentas superiores a los 600.000€), al 45%, reducción superior a la que se propone para las rentas medias y bajas. Pero nada se articula para que en España tribute más la riqueza y las rentas más elevadas, sorprendiendo que el tratamiento de las SICAV siga siendo el mismo, sin proponerse ninguna medida para su desmantelamiento, aunque es cierto que su tratamiento fiscal es similar al de los fondos de inversión.

La fiscalidad ha abandonado la idea de la equidad y esta reforma abunda en la inequidad

En resumen, la fiscalidad en España busca que la ciudadanía opte por el ahorro, quien pueda ahorrar, y se penalice fundamentalmente al trabajador de renta media y baja, vía impuestos indirectos, y se favorezca a los rentistas de rentas y riqueza alta. Para las empresas, al margen de mejorar la calidad y simplicidad del impuesto, se persigue que las empresas grandes paguen menos, en términos relativos. Por todo ello, estamos ante una propuesta claramente ideológica, que falsea el diagnóstico y niega la evidencia de la inequidad que incorpora. Esperemos que sea encerrada en un cajón y no se pague a sus autores.         


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