Economista ciudadano

Reforma o desmantelamiento de la Administración Pública

El anuncio de la gran reforma de la Administración, utilizando el altavoz semanal del Consejo de Ministros, revela, una vez más, que este ejecutivo sólo lanza globos sondas para desviar la atención de lo realmente importante. Teniendo en cuenta que nunca en la historia de la democracia un partido político tuvo tanto poder político e institucional, resulta difícil de explicar el retraso y la ambigüedad en el texto presentado. El PP gobierna con mayoría absoluta el Congreso y el Senado, con una mayoría que le permite cambiar a su antojo Organismos como el Consejo del Poder Judicial o incluso leyes orgánicas. Además, tiene copados la mayor parte de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas y recientemente el Poder Judicial y los Organismos Reguladores, convertidos en uno solo.

Con el poder político e institucional en manos del PP, sorprende que sólo se atreva a lanzar globos sonda

Por tanto, no caben excusas a la hora de encarar una verdadera reforma de la Administración, salvo que los intereses que persiga sean otros y sea, como ya se ha puesto de manifiesto, una verdadera cruzada contra el concepto de empleado público o contra los servicios públicos. La estrategia seguida hasta ahora ha sido sibilina, consistiendo en degradar el valor de los trabajadores públicos, señalándolos como los verdaderos culpables de la crisis económica, resaltando sus privilegios en materia de seguridad laboral, frente a la precariedad de la mayoría social. Esto se ha gestado, curiosamente, bajo la égida de un gobierno formado eminentemente por funcionarios públicos o rentistas, y que han vivido la mayor parte de su vida profesional de un sueldo público. La estrategia de mezclarlo todo, organismos autónomos, con empresas públicas o funcionarios públicos y personal laboral pretende situar a todo el sector como un mal en sí mismo, disfrazando la inacción del Ejecutivo con la sangría del gasto público.

El fondo del anuncio de la reforma de la Administración es socavar el valor del empleado y del servicio público

En este sentido, resultó patética la comparecencia del Ministro Montoro en la que se jactaba del gran descenso del consumo público como un valor en sí mismo, sin que nadie le recordase que esa es una de las variables que han contribuido a la profunda recesión en la que nos encontramos. La reducción de salarios públicos, la destrucción de empleo público y el parón de la inversión pública, dado su efecto multiplicador, coadyuvan a mantener a España en esta parálisis. Lo triste es lo ufano y orgulloso que se siente el Ministro de Hacienda.

Pero si algo hace falta en la Administración es transparencia. Esta transparencia debería permitirnos valorar con datos reales, y no con un popurrí de cifras manipuladas, el verdadero alcance de las necesidades de la reforma, que es necesaria, y así poder discernir el heno de la paja. Al no disponer de esta información, todos los anuncios de ahorro y supuestas ventajas, resultan ser, en su gran mayoría, falsas e imposibles de seguir su magnitud real. Lo bueno es que los ciudadanos, y los analistas, salvo los hooligans, sabemos que lo presentado por la Vicepresidenta del Gobierno el viernes es una exageración y pura propaganda. Es imposible un ahorro de 37.000 mill€ con las medidas anunciadas, entre otras cosas, porque con la información disponible no suma esa cantidad.

La falta de transparencia no permite analizar con rigor si las cifras ofrecidas son ciertas, ya que se mezclan demasiadas cosas

El gran debate pendiente, en el que no se ha querido entrar, es el cualitativo, y no en el cuantitativo. En un somero análisis de lo que se quiere suprimir, más allá de la eterna cantinela de que sobran políticos y concejales que en su gran mayoría no cobran, destacan tres elementos muy poco analizados. La supresión de facto de los Institutos de Consumo, de la Juventud y los Defensores del Pueblo autonómicos, tienen una simbología política muy importante.

Los aspectos cualitativos de la reforma son peligrosos ya que se eliminan los organismos de control y de defensa de los derechos de los consumidores y jóvenes

Comencemos por la eliminación de los departamentos de consumo, que ahora se insertan en la Agencia de Seguridad Alimentaria. En un momento en el que las mayores estafas financieras están en plena ebullición, y donde más se nota el fracaso de unos departamentos de consumo especializados y profesionales, el PP opta por difuminar aún más este servicio, mezclándolo con la seguridad alimentaria, dejando al consumidor más huérfano de derechos de defensa, con la única justificación del ahorro presupuestario. En el apartado de los Consejos de la Juventud, la simbología también es clara. Uno de los segmentos sociales más castigados y más despreciados por este ejecutivo es la juventud, por lo que ahora decide suprimir un estamento, muy barato por cierto, que aglutinaba a todas las organizaciones en defensa de las políticas de juventud. Finalmente, el caso de los Defensores del Pueblo autonómicos, la afrenta es todavía más clara. Frente a un Defensor del Pueblo estatal entregado y paralizado por el propio ejecutivo, sin valentía suficiente para denunciar los atropellos y elevar recursos de inconstitucionalidad, los homónimos autonómicos se habían demostrado como mucho más independientes y más cercanos a los defendidos.

En el apartado de Tribunal de Cuentas, dado la inoperancia del estatal, parece lógico que los entes autonómicos, fuesen delegaciones eficientes y más rápidos que el cementerio de elefantes en el que se ha convertido el organismo de la calle Fuencarral en Madrid.

En conjunto, salvo lo referente a los Parlamentos Regionales y Ayuntamientos, la supuesta reforma es más cosmética que real y tiene connotaciones más políticas que económicas. No hay que olvidar, que sin una reforma de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía, todo esto es papel mojado.

A la espera de la reforma política de Parlamentos y Ayuntamientos, todo lo anunciado requiere la modificación estatutaria y de la Constitución

Tratan de convencernos que esto es lo que va a relanzar la economía española y lo único que va a provocar es más desempleo y peores servicios, amén de la pérdida de capacidad de lucha ciudadana contra los desmanes de la administración. Por todo ello, no es tan extraño que no se dé una información veraz sobre la realidad económica de las medidas, ni se pueda hacer un seguimiento. La propaganda es lo que tiene, sin datos reales solo quedan panfletos y altavoces, como se quiere hacer con la LOMCE, ensalzar lo que la sociedad rechaza a base de panfletos y propaganda mediática, eso sí con dinero público.


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