OPINIÓN

Rajoy gobernará Cataluña sin ganar elecciones

Los motivos esgrimidos por Rajoy para aplicar el artículo 155, restaurar el orden constitucional, restablecer la convivencia y finalmente convocar elecciones, son un brindis al sol.

Rajoy gobernará Cataluña sin ganar elecciones.
Rajoy gobernará Cataluña sin ganar elecciones. EFE

El momento añorado por tantos nostálgicos ha llegado. Por fin, el presidente pusilánime ha tomado las riendas de Cataluña, jaleado por las huestes de Rivera, y también de Sánchez, con la inestimable ayuda del Jefe del Estado.

El momento soñado por muchos del fin del autogobierno en Cataluña ha llegado  

El triste epilogo del autogobierno tiene fecha de caducidad, el próximo viernes 27 cuando el Senado, por fin, sea noticia por algo más que por vegetar y viajar. Ese día el pleno aprobará, gracias al rodillo del PP, las medidas que el Consejo de Ministros acordó el sábado 22, tras consensuar con las dos muletas el traspaso prácticamente integro del gobierno de la Generalitat a Madrid, algo que muchos suspiraban hace mucho tiempo.

PP, Ciudadanos y PSOE escenificarán y apoyarán las medidas que desmantelan la Generalitat

El triste final del autogobierno, empujado por quienes se han obstinado en declarar una independencia imposible y han ejercido también un autoritarismo y sectarismo sin precedentes en Cataluña contra una gran parte de la sociedad, no será fácil de restituir. Los motivos esgrimidos por Rajoy, restaurar el orden constitucional, restablecer la convivencia y finalmente convocar elecciones, son un brindis al sol cuya solución no pasa por intervenir los Mossos de Escuadra o los medios públicos de información, al estilo de lo que lleva haciendo en TVE desde 2011.

La intervención de los medios de información públicos y las escuelas no se justifican y tendrán que ser explicadas

Todas estas medidas propuestas, inéditas en España, presuntamente caben dentro del paraguas del ya famoso artículo 155 de la Constitución, puesto de moda por neófitos en la materia hasta el punto de que dicho número se haya agotado para el sorteo de lotería de navidad, un elemento más del folclorismo español. Porque la realidad es que las discrepancias entre juristas entorno al alcance de todo lo aprobado, en especial la destitución del Govern o la limitación de funciones del Parlament, puede tener serias dudas legales, y no digamos la colonización de los medios públicos de información. Esto, junto a la vieja aspiración de españolizar a los niños catalanes, choca frontalmente con la aspiración de restañar las heridas que supuran y que así jamás se podrán cicatrizar.

El famoso artículo 155 es un paraguas que cabe absolutamente todo, sin límites

Pero el meollo que aquí se dilucida es la autoridad moral del PP para hablar de legalidad, democracia y convivencia, teniendo como tienen tantos casos abiertos de corrupción, asó como violaciones de la Carta magna, como el decreto de amnistía. Choca también mucho la apelación al desprecio hacia la oposición, que existió en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, un partido que cuando tuvo mayoría absoluta abusó del RDL como nunca en democracia, anulando toda la acción política de control que la propia Constitución le otorga. Prácticamente todas las leyes y actuaciones más controvertidas durante la pasada legislatura se aprobaron sin trámite de audiencia, ni enmiendas, algo que ahora se critica en Cataluña a la mayoría nítida independentista existente en la cámara catalana.

El gran dilema es si un partido como el PP tiene legitimidad para hablar de legalidad constitucional o neutralidad informativa

Este mismo partido, el PP, que tiene secuestrada la televisión pública, la justicia y los órganos reguladores, lo que posibilita que se manipule la información, aunque el alcance es reducido, ya que su audiencia es decreciente, todo gracias al comisario político que dirige los informativos de Prado del Rey.

Es también este mismo gobierno el que apela a la mesura y concordia, cuando sus ministros reprobados siguen en sus puestos, con indicios serios de maniobras para nombrar al Fiscal General del Estado, en el caso del de Justicia, o la defensa a ultranza de las cloacas que perviven en Interior. Todo esto sin contar la cantidad de preceptos constitucionales, sean derechos subjetivos u objetivos, que se incumplen sistemáticamente, lo que deja en muy mal lugar a quienes ahora se lanzan a leer apresuradamente la Constitución y envolverse en la banderita de España echando en cara al contrario su cumplimiento.

Existen muchos ejemplos de politización de la justicia o incumplimientos flagrantes de la carta magna por parte del ejecutivo

Pero lo más sangrante, si cabe, es escuchar hablar de la legitimidad del actual gobierno para tomar estas decisiones. Un partido que, presuntamente, se habría financiado ilegalmente desde hace más de una década, que tiene a todos sus tesoreros imputados, y cuya obstrucción a la justicia es manifiesta  hasta el punto de haber sido expulsado de la causa Gürtel  por defender descaradamente a los presuntos corruptos. Cierto es que, en esto, no tienen nada que envidiar a las huestes de Convergencia, hoy PDeCAT, cuyas prácticas mafiosas son un calco a lo llevado a cabo por el PP de Rajoy y sus tesoreros, por más que quiera en sede judicial negar la evidencia. Por tanto, el PP no puede dar ejemplo de nada en materia de limpieza democrática y legitimidad constitucional. Sus tics autoritarios, e incluso racistas como los desplegados por Albiol en Cataluña o Casado en sus salmos cuando está de guardia, no son un buen antídoto para coser los jirones que ha causado el PP con su carga policial el día 1 de octubre, y ahora con el traslado del autogobierno a Madrid.

El PP no entiende que en Cataluña existe un sentimiento nacional propio muy arraigado

La realidad es que en el PP no cuaja la idea de que en Cataluña existe un profundo sentimiento de autogobierno e identidad nacional, no solo unido a la lengua y cultura, por lo que es por ello que jamás podrá gobernar dicha comunidad, lo mismo que Euskadi, donde incluso los votantes más moderados huyen despavoridos de las propuestas centralistas y autoritarias de los sucesivos lideres catalanes del PP. No hay que olvidar de dónde salió el inefable Ministro de Interior Fernández Díaz. Con todo, ahora el PP tendrá todos los resortes del poder en Cataluña y podrá adoctrinar en su fe, como hace en otras comunidades imponiendo por decreto la religión católica como asignatura evaluable en un estado aconfesional, o cómo se ensalza a Esperanza Aguirre en libros de texto en Madrid, o cómo se criminaliza al salario mínimo como causa fundamental del desempleo.

La convocatoria de elecciones en seis meses no curará nada y retrasará el problema aún más

Todos estos factores, muchos de ellos relacionados con la piel, hacen muy difícil que la sociedad catalana pueda digerir rápidamente (en seis meses) este atropello sin parangón. Sueñan los ingenuos que una vez intervenida TV3, las escuelas, y tal vez anulada la inmersión lingüística, o destituido el Mayor Trapero, todo vuelva a la docilidad anterior. Entonces los catalanes, por arte de magia, se sentirán muy españoles y votarán en masa al salvador Rajoy o Albiol, y podrán volver a las prácticas del 3%, pero ahora compartiendo los beneficios entre independentistas y unionistas.  

No lograrán españolizar a nadie con este tipo de políticas autoritarias, por lo que sorprende el apoyo del PSOE

Dejo para el final el papelón del PSC. Ya hace tiempo en tierra de nadie, se ha abrazado a Rajpy, vía Pedro Sánchez, sin una solo critica a la barbaridad que puede suponer la intervención de TV3 o las escuelas en Cataluña. Tal vez sea la última oportunidad para que tanta gente digna ponga pie en pared y denuncie este atropello, antes de que sea muy tarde. Por eso, sobresale la coherencia y dignidad de Nuria Parlón y Joan Majó (nada sospechoso de extremista peligroso). Tal vez muchos más opten por la decencia y abandonen ese barco. Porque ellos, el PSOE, también tiene muchos ejemplos claros de incumplimiento de la Constitución. 

La solución pasa por reformar la Constitución y abrir, de nuevo, la vía a un nuevo encaje constitucional que permita la celebración de un referéndum pactado mediante una ley de claridad, al estilo canadiense.             


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