Economista ciudadano

Rajoy desmonta las políticas activas de empleo

Los últimos gobiernos que ha tenido España han sido alérgicos a diseñar e implementar un modelo de políticas activas de empleo que permitiesen paliar los ciclos bajistas de la economía. Siendo esto cierto, la entrada del Gobierno de Rajoy, y sus correligionarios en las CCAA, ha sido particularmente dañina para lo que es la formación para el empleo, tanto en su versión de activos, como en la de parados, especialmente de larga duración.

Los políticas en España han huido de su responsabilidad de dotar de un buen sistema de formación para el empleo

España adolece de un sistema educativo que permita dotar de un capital humano creativo, crítico y con una serie de habilidades técnicas y humanísticas que nos hagan ser realmente punteros en un mundo globalizado. La pobreza ancestral en muchas zonas del país, urdida de forma deliberada por el régimen franquista, y que luego se ha intentado paliar con políticas redistributivas, explica gran parte el fracaso escolar y la escasa empleabilidad de un porcentaje no desdeñable del paro estructural que asola la economía española.

Tenemos, por tanto, un grave problema de acceso a la educación por motivos económicos, lo cual es el verdadero cáncer, superior en magnitud a la calidad del propio sistema educativo. Los orígenes son diversos y tienen que ver con la tradición española de alergia al conocimiento y la investigación, propia del Colbertismo, y también descansa sobre un escaso valor social del enseñante, lo que dificulta que las mentes más brillantes accedan a la función docente, algo parecida a la escasa presencia de lumbreras en la política nacional.

El sistema educativo discrimina por razones económicas, lo cual expulsa tempranamente a muchos estudiantes

Esta realidad económica choca por el discurso de las élites, tanto políticas como económicas,  que siguen instaladas exclusivamente en el déficit de calidad y cualificación de la masa trabajadora, sin querer entender que primero hay que solventar el problema del acceso universal al sistema educativo, el obligatorio, en igualdad de condiciones, y después buscar un sistema de excelencia que no expulse a nadie por motivos económicos. La realidad es que con la excusa de la excelencia, se está reduciendo la demanda de educación, tanto secundaria y FP, como universitaria, de forma muy sibilina. Así, la LOMCE consagra un sistema dual que discrimina en origen al estudiante con menos recursos, creyendo que las dotaciones iniciales de cada hogar son iguales, lo que en su concepción justifica la competitividad entre centros educativos y estudiantes para merecer recibir fondos públicos.

La búsqueda de la excelencia debería ser el segundo eslabón tras cumplir la máxima de la educación universal

Si la discriminación ya se inicia en las edades tempranas, la sociedad crecerá con graves problemas de inequidad y forjará un mercado laboral dual, y no solo por el tipo de contratación, como se empeñan en resaltar las elites que asesoran a este gobierno. Esta dualidad viene dada por la probabilidad de abandono escolar temprano, ante el enorme coste de oportunidad que supone para muchas familias que sus hijos estudien, y se mantendrá cuando una vez fuera del ciclo escolar, carezcan de habilidades para encontrar empleo en otros sectores que no sean los de menor cualificación.

Cuando un porcentaje muy elevado de los parados EPA tienen una formación muy escasa, carecen de una certificación profesional mínima y se eliminan las políticas activas de empleo, se cierra un círculo y descarga la tormenta perfecta para un paro estructural cuasi irreversible. La llegada de Rajoy al Gobierno ha supuesto un auténtico terremoto para las políticas activas de empleo y también las de formación continua para los trabajadores.

El gran drama del mercado laboral es la escasa empleabilidad de una gran parte de los parados EPA

España es uno de los países que menos gasta en materia de formación para el empleo, apenas un 0,6% del PIB. Esto se deja notar en la acumulación de parados de larga duración, y también en el abandono masivo de una gran parte de la población parada, que ahora pasa a la inactividad, fruto del fin de muchos planes de formación para el empleo. En este punto, destaca la Comunidad de Madrid que ha dejado en prácticamente cero la inversión, que no gasto, en políticas activas de empleo. De hecho, acaba de sacar una convocatoria para planes de formación, con una dotación de 29 millones €, para una población desempleada de más de 500.000 personas. Otras comunidades, como Andalucía, deben más de 37 millones € a las empresas que nos dedicamos a la formación para desempleados.

El Gobierno de Rajoy ha eliminado prácticamente las políticas activas de empleo

Por eso, choca aún más, la propaganda y la euforia con la que se han tomado algunos en el ejecutivo, los últimos datos de paro registrado. En junio, tomando las series desestacionalizadas, como se deben analizar,  el paro aumentó en 996 personas y las afiliaciones a la Seguridad Social descendieron en más de 7.000, lo cual deja un panorama mucho más sombrío que el que quieren presentar desde el ejecutivo. En el último año hay 300.000 parados más y 631.000 afiliados menos, lo cual corrobora que,sin una inversión en formación y cualificación muy potente, el paro estructural seguirá creciendo. Ni el ciclo económico, ni la supuesta recuperación que nadie observa, servirán para aliviar las cifras de este drama. No hay que olvidar que la cobertura del desempleo, un 61%, ha marcado un mínimo, lo cual está lanzando a miles de hogares al abismo social y a la pobreza, sin que ningún estamento, salvo los que venden caridad, estén concienciados de ello.

Urge un gran pacto nacional para diseñar un modelo claro de inserción laboral para el empleo a través de la formación.

Surge la pregunta clave. ¿Qué tipo de formación para el empleo es necesaria?, ¿Quiénes deben articularla y ofrecerla?, ¿están las empresas españolas preparadas para colaborar con este plan? Aquí hay un cierto consenso que el método seguido hasta ahora no es el más eficiente. Los agentes sociales involucrados, sindicatos y patronales, no han buscado siempre la excelencia, ni el diseño de planes y cursos que sirvieren para aumentar la empleabilidad de los parados. Ha sido más un negocio, lícito, pero que ha fracasado en su función objetivo. Por tanto, urge un verdadero pacto nacional entre las partes y dotar a la economía española de un mecanismo de inserción social para todo este ejército de reserva que ha permitido a las grandes y medianas compañías lucrarse durante toda la burbuja, manteniendo salarios de miseria y evitando formar de verdad a los trabajadores para poder sobrevivir en la dura travesía del desierto que nos espera.


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