Economista ciudadano

Ponga una concesionaria en su vida

España es el paraíso de las concesionarias de autopistas, especialmente de aquellas que jamás se tuvieron que construir. En un alarde de generosidad, los españoles tendremos que socializar las pérdidas de las concesionarias, utilizando capital público. La fórmula se antoja variada. Por un lado, existe la posibilidad que entre en el capital de alguna de ellas SEITTA, una empresa vehicular que se creó para escapar de las rigideces del derecho administrativo público, por otro lado la salida a concurso de activos maduros ya amortizado, o directamente emitiendo deuda para solventar las deudas.

España es el paraíso para diseñar y ejecutar una concesionaria de autopistas: se socializan las pérdidas

Las principales empresas afectadas son las que gestionan las famosas radiales en Madrid, auténticas carreteras fantasmas, la de Cartagena-Vera o incluso la de Toledo-Madrid. Estas empresas, participadas por las grandes constructoras y empresas concesionarias de este país, decidieron, en connivencia con el poder político de las Comunidades de Madrid y Murcia o Castilla la Mancha, construir una serie de infraestructuras que, a todas luces, eran innecesarias, pero que generaban carga de trabajo y fondos prestables para el conjunto de empresas adjudicatarias.

El poder político y el empresarial son los responsables de construir obras inútiles como las radiales en Madrid

El problema ha sido que las estimaciones de tráfico, hechas por parte de las empresas y la propia administración han resultado fallidas, por lo que las cuentas financieras de estas empresas, que pagan un canon por vehículo, están en este momento en una situación tan delicada que en breve podrían entrar en concurso de acreedores, si antes no hay una inyección financiera por parte del Estado, es decir de todos los ciudadanos. Como el rescate de estas empresas supondría elevar el déficit público alrededor de un 1-1,5% del PIB, estamos ante un maquillaje de inyección de fondos, a través del capítulo ocho de los presupuestos o de vehículos como la SEITT. Este fallo en las previsiones sorprenden mucho, ya que tanto las empresas, como la Administración, presumen de tener los mejores profesionales que, supuestamente, están acostumbrados a realizar este tipo de estimaciones, lo cual pone de manifiesto que podría haber habido un caso de cierta connivencia para poder mejorar las cuentas financieras y la cuenta de resultados de estas empresas. El dolo en este caso se aprecia porque, en este caso, los ciudadanos son los que finalmente van a pagar unas obras que no han solicitado y pone de manifiesto que quienes redactan programas electorales, tanto en el PP, como en el PSOE, tienen más presentes los intereses empresariales, que los intereses ciudadanos.

Es paradigmático que, en un momento como el actual, este sector sea rescatado por los contribuyentes y se deje caer a muchos otros

El mensaje que subyace, en un momento como el actual, es que da igual cómo se planifique, da igual qué tipo de obras se lleven a cabo, hay sectores que si van mal, serán rescatados cono dinero público, mientras hay otros sectores que simplemente se les dejará caer. Esto se llama riesgo moral y contradice todos los manuales de buenas prácticas de gestión pública, ya que no obliga a disciplinarse a ciertas veleidades políticas, pero tampoco a muchas empresas que viven de las concesiones que les otorga el Estado en régimen de monopolio u oligopolio. Estamos, pues, ante una práctica muy extendida en el tipo de capitalismo castizo que reflejaba hace unas semanas muy bien, César Molinas. Este capitalismo que infla las cifras de negocio para justificar una concesión de una obra inútil, como se han demostrado ser las radiales de Madrid, muy similar a los aeropuertos sin aviones, Universidades o contenedores culturales vacíos, para luego extender la mano y pedir la condonación de las pérdidas.

El riesgo moral en la empresa española choca contra las buenas prácticas de la gobernanza, tanto pública, como privada

Esta fórmula de gobierno empresarial oligopolístico está generando una gran desazón entre muchas empresas, pero también ciudadanos, que ven cómo su cuenta de resultados se hunde, se producen desahucios en viviendas, pero que ciertos sectores, como el financiero, y ahora el concesional de autopistas, son rescatados por los contribuyentes, bajo la excusa de que pueden generar más déficit público. Yo creo que ya está bien de que la sociedad sea cómplice de prácticas que chocan contra el sentido común, la ética y el buen gobierno. Si parte del sistema financiero tiene que cerrar que cierre, y si las concesiones de autopistas quiebran, pues que se les aplique la norma como a todo el mundo. Los culpables están muy claros: en el caso de las radiales de Madrid, la megalomanía del poder político que le molestaba los atascos de agosto, unas empresas que inflaron las cifras y finalmente un sector financiero que no supo leer unas cifras que no se sostenían desde el análisis económico riguroso. Y al final, siempre están los contribuyentes para servir a este tipo de oligopolio que vive del sector público, aunque reniegue de él.   


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