Economista ciudadano

El Gobierno reactiva el ladrillismo en el litoral

La economía española es asidua a las burbujas especulativas y crediticias. Esta aseveración se fundamenta en el convencimiento que tienen los gestores públicos, y el entramado empresarial más beneficiado, que es la forma más rápida y fácil de crecer amasando rentas, sin apenas riesgo.

España, a ojos de muchos políticos y constructores, no puede vivir sin burbujas inmobiliarias

Esta forma de actuar está en el ADN de los dos grandes partidos, cómplices necesarios para la última gran burbuja inmobiliaria en España, y también en las grandes constructoras e inmobiliarias que forzaron a los distintos gobiernos a acometer una gran cantidad de obra pública innecesaria, y también a impulsar planes de vivienda inagotables, con el beneplácito de alcaldes diversos.

La historia reciente nos muestra cómo, a pesar de la Ley de Costas de 1988, cuyos impulsores fueron José Borrell y Cristina Narbona, el litoral español se ha visto inundado por construcciones, en muchos casos ilegales, que han contado con la colaboración necesaria de jueces, políticos y constructoras. El viejo tópico de que más vale tener empleo que conservar los espacios naturales, negando los efectos del cambio climático y del efecto perverso sobre el litoral, ha llegado ya al umbral de permitir construir prácticamente en el mismo litoral.

La Ley de Costas de 1988, muy descafeinada por el reparto competencial, está a punto de ser sepultada

La nueva normativa, que tiene el gracioso nombre de Protección y Uso Sostenible del Litoral, es el triunfo de los desarrollistas que todavía ven huecos en el litoral para rellenar con cemento, y así devolver el esplendor de la especulación urbanística a las zonas hoy más deprimidas, como la Comunidad Valencia, Murcia o Andalucía.  Los enjambres de Benidorm, Gandía o la Costa del Sol son claros ejemplos de lo que nunca se debió permitir, aunque también se extendió por Cantabria, Galicia o Baleares. Los problemas de abastecimiento de agua, el consumo intensivo de ésta, y el daño realizado al litoral, han causado un daño irreparable, desde una perspectiva urbanística y medio ambiental, pero también paisajística y turística.

La norma del PP de Cañete, redactada por inmobiliarias y promotores turísticos, daña de forma irreversible el litoral

La nueva norma, apoyada únicamente por constructores y políticos afines al PP, rompe el status quo existente y abre la mano para que numerosas edificaciones ilegales sean indultadas, y que a partir de ahora la protección de construir en costa se reduzca de 100 metros a 20 metros. Como señala el experto Ángel Menéndez Rechach, la nueva norma es infinitamente más permisiva para la consideración de suelo urbano, una clasificación de suelo encubierta, que la anterior. Otro elemento curioso es que se establezca un sistema de silencio positivo, en lugar de negativo, para que Medio Ambiente informe preceptivamente, lo que tácitamente está dando por sentado que se podrá incumplir la norma y así beneficiar a buena parte de los votantes cautivos que tiene el PP en todo el litoral mediterráneo y gallego.

A este destrozo del litoral, se une el que se hizo con los puertos, y recientemente abriendo la posibilidad de construir en montes quemados. La Ley de Régimen Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General, sin embargo, constituyó un paso más en la gestión costera sectorial y no integradora que viene desarrollándose en nuestro país. El intento de vaciado de contenido de la Ley de Costas de 1988, a través de la proposición de artículos claramente contrarios a lo dispuesto en esta norma generó  un grave peligro para la conservación de las costas españolas, y un serio revés a todos los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años para impedir la privatización y la destrucción del dominio público marítimo terrestre. Las propuestas que se realizaron han dado como resultado hacer más atractivo cada puerto para los inversores, despreciando la observación y gestión integral del espacio en el que operan.

El desarrollismo en el litoral, el aprovechamiento de puertos y la posibilidad de construcción en montes quemados, esencia de la política del PP

En suma, ¿qué hay detrás de toda esta involución en materia medio ambiental, preservación de la costa y el litoral? Pues está meridianamente claro. El lobby constructor e inmobiliario que presiona para volver a revivir la exuberancia constructiva, que vuelvan las grúas a los municipios de costa para invadir lo que queda de ella. Como en su día le pasó a Cristina Narbona en el PSOE, los escasos frenos a este tipo de política, están amortizados y nos encaminamos a destrozar lo que queda. Ya ni siquiera podremos presumir  del litoral asturiano, de los pocos reductos de respeto y cuidado del litoral.


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