Economista ciudadano

Un Gobierno que miente debe dimitir

En las últimas semanas varios miembros del ejecutivo español han desplegado una intensa campaña tendente a mentir de forma permanente a los ciudadanos. Destacan las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno calificando de delincuentes a más de 500.000 parados que, según ella, trabajaban al mismo tiempo que cobraban prestación, pero no se quedó atrás el Ministro Montoro que negó la realidad del descenso de los salarios en España. Por no entrar a valorar las diatribas del Ministro de Hacienda sobre la calidad del cine español y su relación con la caída de la recaudación de la industria.

Las mentiras vertidas sobre el fraude del desempleo o la reducción de salarios por parte del ejecutivo deberían ser motivo de ceses o dimisión

Esta práctica de engañar y tergiversar las cifras responde únicamente a una situación de complejo de inferioridad y mala conciencia sobre el impacto de las políticas económicas desplegadas sobre multitud de sectores. Pero mucho más importante es la táctica de culpar a todos los sectores económicos más vulnerables para justificar las agresiones económicas y sociales que están sufriendo los parados, los enfermos crónicos, los dependientes, etc.

No se puede culpabilizar de forma sistemática a los colectivos más desfavorecidos para justificar los recortes

En el caso de los parados, las cifras del propio Ministerio han permitido desmontar la falacia de la Vicepresidenta quien se atrevió a dar unas cifras tan falsas, como mezquinas, que demuestran su propia ignorancia, o en du defecto unos asesores que desconocen las estadísticas más elementales del mercado laboral. El anuncio, que trataba de ser muy impactante, defendía que se había descubierto a más de 500.000 parados que cobraban irregularmente la prestación por desempleo y que habría permitido el ahorro de más 3.160 millones €. Esta cifra es descomunal respecto al número de personas que cobran la prestación, apenas 2,9 millones €. Si fuese cierta esta cifra, casi el 20% de los parados que cobran prestación serían delincuentes. Lo más grave es que el Gobierno se ha negado a facilitar el informe del Ministerio sobre el que se asentaría este diagnóstico.

En el caso del fraude del desempleo, apenas un 3% de los 520.000 trabajadores acusados se ha demostrado que han cometido fraude

La realidad es otra muy distinta y la mayoría de sanciones se debieron a cuestiones administrativas, como olvidar sellar el desempleo en la fecha exacta,  no asistir a una cita concertada o carecer de alguna documentación. Los números oficiales muestran que en el primer semestre de 2013, se retiró la prestación a 60.000. Otras 124.000 tuvieron suspensiones temporales, la mayoría por factores administrativos de carácter leve. En 2012, hubo 93.000 retiradas  y 236.000 suspensiones temporales. Sumando este periodo, alcanzaríamos la cifra de 520.000 personas a las que se refería la Vicepresidenta del Gobierno que estarían trabajando y cobrando el desempleo a la vez. Pero, de nuevo,  la realidad es tozuda y permite desmontar las mentiras de Soraya Sáenz de Santamaría. En 2013, de las 60.000 suspensiones de prestación por desempleo, solo 5.833 eran trabajadores que compatibilizaban la prestación por desempleo con empleos remunerados, superando las horas permitidas por la normativa vigente. En 2012, este mismo de tipología de trabajadores fueron 4.526. Por tanto, durante el periodo analizado, apenas 15.000 personas habrían incumplido el principio de legalidad, cifra muy alejada del desvarío de toda una Vicepresidenta de Gobierno en el ejercicio de su labor ejecutiva, y no al albur de un mitin electoral.  En suma, apenas un 3% de los 500.000 definidos como delincuentes, se ha demostrado que han incumplido la norma.

En esta carrera de tratar de mentir y desinformar a los ciudadanos, también el Ministro Montoro ha negado una realidad, como ha sido la significativa reducción de la renta salarial desde hace ya más de 5 años. Los datos del INE y Eurostat demuestran que los salarios nominales y reales han descendido más de un 7% desde 2008.

El INE y Eurostat han demostrado que los salarios en España se han reducido en términos reales y nominales más de un 7% desde el inicio de la crisis.

Estas prácticas, muy denostadas y perseguidas en países democráticos de nuestro entorno, en España es consentido por la sociedad, jaleado por medios de comunicación afines, define una democracia muy frágil, opaca y muy poco madura. La sociedad civil debería revelarse contra un proceso muy peligroso como es culpabilizar a un conjunto de ciudadanos de ser los responsables del incremento del gasto en desempleo, del gasto farmacéutico o de la elevada factura en pensiones al incrementarse la esperanza de vida de los españoles. No es de recibo que se utilicen instituciones como el Parlamento o el Consejo de Ministros para mentir y falsear la realidad en un país con escasa formación policía y económica. Con ello se trata de enfrentar a los colectivos más desfavorecidos con el resto de la población, como si fueran los responsables de la ausencia de fondos para sanidad, educación, dependencia o inversión pública. No basta con votar cada cuatro años.


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