Economista ciudadano

Los Fondos Buitres desahucian, aunque pagues

La historia de la acción política del PP en el Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid, estará marcada para siempre por la traición a miles de ciudadanos de rentas bajas que han visto perder su vivienda social, tras la venta de miles de ellas a empresas sin escrúpulos.

Las políticas de vivienda, tanto de la derecha, como de la izquierda, se han asentado en la falsa teoría que el español prefiere comprar vivienda y por ende hay que subvencionar la compra

El Ayuntamiento de Madrid de Botella ha traicionado a todos los inquilinos al vender sus viviendas sociales

La vivienda social, junto a sanidad, educación y servicios sociales, constituye el eje fundamental para el desarrollo social de un país y que España siempre ha dejado a un lado porque se prefería subvencionar el ladrillo y la construcción de VPO. Las políticas de vivienda, tanto de la derecha, como de la izquierda, se han asentado en la falsa teoría que el español prefiere comprar vivienda y por ende hay que subvencionar la compra, vía desgravación fiscal y el enriquecimiento de los promotores de VPO. Como consecuencia de todo ello, la vivienda social en alquiler, la figura clave para articular una verdadera política de vivienda pública, ha desaparecido de los programas de todos los partidos. Es por ello que España apenas tenga un parque público de vivienda en alquiler, que apenas supera el 1% del total, mientras en el resto de países europeos el porcentaje oscila entre el 20% y el 45% como el caso de Austria o Alemania.

La vivienda social es la gran asignatura pendiente de la política social en España

En España, tras el traspaso de la política de vivienda a las CCAA, éstas y los Ayuntamientos se lanzaron a montar Agencias y Empresas municipales de vivienda y suelo, para gestionar todo el proceso urbanístico de construcción y urbanización que poco a poco se fue vendiendo al sector privado, ante la enorme inflación de precios que desencadenó en el pinchazo de una burbuja inmobiliaria descomunal inflada inicialmente por el PP y mantenida después por Zapatero. El resultado final, tras el cataclismo, es que los ingresos públicos de Ayuntamientos y CCAA de desplomaron, por lo que constructores y organizaciones políticas que han gobernado estas instituciones han tenido que cambiar la forma de financiarse, tras la orgía de comisiones y diversas corruptelas.

Tras la orgía de la burbuja inmobiliaria, los Ayuntamientos y CCAA se lanzaron a vender patrimonio público

Con todo ello, las personas que han sufrido el proceso de desahucio tras la pérdida de empleo se han visto privado de un parque de vivienda social que pudiese paliar la falta de techo para millones de familias, cuya capacidad de pago es limitada, o incluso nula. Durante los años de bonanza el alquiler social, pero también el privado, fue despreciado por los ejecutivos de Aznar y Zapatero, aunque éste desarrolló algunas figuras interesantes, como la Renta Básica de Emancipación, similar a ayudas directas que son muy comunes en la Europa más avanzada. El peso del alquiler global en los años de auge inmobiliario osciló entre el 7%-10%, y solo la profunda crisis tras el 2008 las cifras, aunque no son muy fiables, la proporción de tenedores de vivienda en alquiler ha crecido hasta el 20%. Pero el peso del alquiler social, lejos de aumentar, ha disminuido porque numerosas instituciones han vendido gran parte del patrimonio público de vivienda, en muchos casos con los inquilinos dentro.

Fidere, filial de Blackstone, se ha hecho con un paquete significativo de las viviendas públicas que atesoraba la empresa de vivienda y suelo, regentada por el Ayuntamiento de Ana Botella

El caso más sangrante, por el volumen enajenado, ha sido el del Ayuntamiento de Madrid, en el que Fidere, filial de Blackstone, se ha hecho con un paquete significativo de las viviendas públicas que atesoraba la empresa de vivienda y suelo, regentada por el Ayuntamiento de Ana Botella. Esta operación, que está ahora investigada por la justicia, tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas, ha dejado a miles de ciudadanos en manos de una instancia especuladora que además compró dichos pisos muy por debajo del precio real de los mismos. El objetivo de esta venta fue hacer caja, tras el abultado endeudamiento que Gallardón cimentó durante sus mandatos y que su sucesora trató de mitigar destrozando las vidas de los ciudadanos más débiles, a pesar de que en el pasado algunos de ellos fueron votantes del PP.

El caso más sangrante ha sido el de Fidere en Madrid que desahucia a inquilinos al corriente de pago

Uno de los puntos más sangrantes es que el Ayuntamiento, a diferencia de los ciudadanos, sí puede especular con bienes públicos, mientras que la legislación sobre venta de las VPO es muy estricta, lo que sin duda es lógico, aunque también se hayan producido fraudes. Los responsables de la EMVS y la propia Alcaldesa, deberían explicar las numerosas irregularidades cometidas en dicha operación, porque lo más relevante es que se han incumplido las condiciones pactadas en contratos privados. Los llamados fondos buitre han elevado los precios de los alquileres hasta niveles que han obligado a muchos de ellos a dejar sus casas. En otros casos, se han violado los acuerdos de la EMVS en materia de opción de compra, como le ha ocurrido a la Presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de estas viviendas, Arantxa Mejías.

Los nuevos dueños de vivienda social en Madrid no han cumplido los derechos adquiridos anteriormente pro los inquilinos

Este caso, refleja la miserable actitud de estas empresas, negando el derecho a seguir en su vivienda a pesar de no haber incumplido jamás sus obligaciones de pago, es decir es un caso de desahucio político y por venganza. El discurso vergonzante de Ana Botella en sede municipal sobre que lo único que cambiaba era el casero para todas estas familias, es un signo de su enorme fobia hacia lo social y hacia lo público, característica que heredó de su antecesor Gallardón y también de su consorte y a la postre ex presidente del Gobierno, Aznar. La familia de Arantxa Mejías tendrá que recoger sus pertenencias y buscar una vivienda en el mercado libre, si es que puede sufragarlo, sin que ninguna instancia sea capaz de parar una tropelía de este tamaño. Esto demuestra que la venta de estas viviendas supuso que el Ayuntamiento de Madrid se desembarazó del patrimonio sufragado por todos los madrileños, recaudó menos dinero del valor del mismo y finalmente abandonó a su suerte a estas familias.

El tiempo pasa y lo prometido, como gran parte del programa electoral de Ahora Madrid, se está diluyendo como un azucarillo

Pero la democracia pareció que, tras la pesadilla del periodo del PP en Madrid durante todos estos años, alumbraba una luz y la victoria de Ahora Madrid parecía que traía otra forma de hace política y sobre todo la valentía de hacer revertir estos desfalcos del anterior equipo municipal. Pero el tiempo pasa y lo prometido, como gran parte del programa electoral de Ahora Madrid, se está diluyendo como un azucarillo. Primero se cambió el equipo de abogados que llevaba este tema, y luego de fulminó a la Consejera Delegada de la EMVS, bajo la tremenda acusación de la teniente Alcalde Marta Higueras, de ocuparse más de los afectados por esta venta fraudulenta que de la propia sociedad, lo que dice muy claramente en qué bando se sitúan algunos de los nuevos que han llegado a la política municipal. Las dudas y el arrastrar los pies en este vidrioso tema responde, en última instancia, a las presiones que las grandes inmobiliarias y los propios fondos están ejerciendo sobre el Ayuntamiento de Madrid para que se entierre judicialmente el presunto prejuicio que el Ayuntamiento de Madrid ha causado a los ciudadanos para enriquecer a los necesitados Fondos de Inversión. Este miedo a los grandes terratenientes de la ciudad también se deja notar en el apartado de limpieza, en el que las concesionarias de limpieza se están riendo de todos los ciudadanos, despreciando la supuesta presión del equipo municipal de Carmena.

El equipo de Carmena no está cumpliendo con los compromisos adquiridos antes de las elecciones en este campo

La última iniciativa en el campo de la vivienda social ha sido la anunciada por Carmena que comenzará la licitación de vivienda social en alquiler para paliar la falta de vivienda pública. Esta buena iniciativa esperemos se puede llevar a cabo sin ningún sobresalto, ni sospechas de corrupción, como se ha hecho todo en el pasado en este campo. Si fuese así, caería la última esperanza que pesa sobre los ciudadanos más vulnerables de la ciudad de Madrid que han sido los grandes paganos del desprecio por estos desheredados que han tenido todos los últimos Presidentes/as o Alcaldes/esas de Madrid.

Se espera que la construcción de nuevas viviendas públicas pueda paliar el déficit de vivienda social

En resumen, Madrid ha sido la avanzadilla del experimento de acabar con todo el patrimonio público de vivienda social para satisfacer las arcas de grandes fondos buitres que se dedican a desahuciar de forma directa o indirecta para sustituir los antiguos inquilinos de clase baja, por boyantes y solventes ciudadanos de clase media. Esto les permitirá generar pingües beneficios tras la compra a un precio de risa. Lamentablemente, el miedo y la presión de este sector tan poderoso limitará la capacidad de los ayuntamientos para denunciar y lograr que se juzgue a este tipo de tiburones financieros, cuyos escrúpulos son directamente proporcionales a su riesgo de ser procesados y castigados. La lucha de la ciudadana Arantxa Mejías debería ser apoyada por toda la sociedad, pero en España se lucha más por mantener la tradición sanguinaria de matar un toro, como en Tordesillas, que por defender los derechos sociales. Así nos va.


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