Economista ciudadano

España paga la deuda reduciendo tu pensión

El ejecutivo de Rajoy, con su Ministra Bañez al frente, ha aprovechado el verano para asestar un duro golpe a la economía de más de 35.000 ciudadanos que esperaban poder prejubilarse a los 61 años, fruto de un convenio especial suscrito con la Seguridad Social.

La clave arranca de la reforma de las pensiones aprobada por Zapatero en 2011, quien presionado por la Troika decidió abdicar de todo poso ideológico y se entregó en cuerpo y alma al mantra que recorre Europa: hay que ir desmontando los sistemas públicos de pensiones basados en el reparto. Esta idea se basa en tres ejes fundamentales: vaciar la hucha de las pensiones, agravando el déficit del sistema con políticas sistemáticas de reducción de cotizaciones, endurecer el acceso a la prejubilación y reducir sistemáticamente la cuantía de la pensión de jubilación, para que el miedo cale entre la población y se pueda llevar a cabo una transición no convulsa.

Las últimas reformas del sistema de pensiones de Zapatero y Rajoy persiguen desmontar progresivamente el sistema de reparto

Para ello se han llevado a cabo una serie de recortes tendentes, según los gobiernos conservadores y socialdemócratas, a garantizar la viabilidad del sistema. El sistema español de acceso a la pensión de jubilación es atípico en Europa, pues consta de nueve fórmulas diferentes. Una de ellas, la jubilación anticipada ha ido reduciendo su peso, pasando del 44,8% en 2007 al 37,4% en 2013. Aquí Zapatero y Rajoy cumplieron como los  mejores las directrices de la Troika. Por un lado suprimió por ley la jubilación a los 64 años (Ley 27/2011) y endureció la jubilación parcial  (RDL 29/2012 de 30 de diciembre), lo que redujo el porcentaje de jubilaciones previas a los 65 años hasta el 44% en 2013, desde el 49% en 2013. En materia de jubilación parcial, se ha pasado de un porcentaje del 15% en 2013 al 6% en 2013, teniendo en cuenta que el coste anual por adelantamiento de un año de jubilación es de 5.800 mill€.

Las medidas han tendido a suprimir las jubilaciones anticipadas y reucir la pensión media

Todo el análisis y justificación de este endurecimiento de las prejubilaciones ha sido el fuerte incremento del coste que supone para el sistema. Pero lo que han escondido deliberadamente al ciudadano es que el verdadero problema es de ingresos, lo mismo que en el caso del déficit público. La realidad es que hemos pasado de tener casi 20 millones de cotizantes en 2007 a 16,3 millones a finales de 2013 y poco más de 16,5 a mitad de 2014. En seis años se ha reducido un 16% el número de cotizantes. Por cada millón más de cotizantes, el sistema ingresa 5.900 mill€ y por cada punto adicional de cotización la SEGURIDAD Social ingresaría 3.150 mill € al año. Es decir, que realmente, el gran agujero está en los ingresos, y no en los gastos. La tendencia de descenso en las bases de cotización se inicia en 2010, coincidiendo con la sensible reducción de los salarios. Esto se ha traducido en que en los últimos cuatro años, las base de cotización, por menores salarios, han caído un 9,3%, lo que da idea de la magnitud del problema estructural que tiene el sistema de la Seguridad Social.

Por todo ello, a la hora de analizar los problemas de la Seguridad Social conviene hacer referencia a los ingresos por cotización, más que al número de cotizantes. Por eso sorprende que en la ley 26/2013 nada dijeran de que los verdaderos problemas provienen de los ingresos, y no de los gastos. Los ingresos por cuotas entre 2007  y 2013 crecieron un 0,22% y los gastos un 28%. Por ello, se diseñó un paquete legislativo (ley 27/2011 y Ley 26/2013) que restringían el gasto en pensiones, introduciendo la esperanza de vida como vínculo principal para el cálculo de la pensión de jubilación, algo que había rechazado el Consejo Europeo en julio de 2013.

Se ha negado el debate sobre los ingresos del Sistema, sólo hablando de gastos

Con estos antecedentes, el conjunto de trabajadores que firmaron un convenio especial con la Seguridad Social al ser despedidos con anterioridad a abril del 2013, que les permitía prejubilarse a los 61 años, o 63 si procedía de un despido individual, previo pago de las cuotas por parte de los afectados durante el periodo hasta dicha edad. Pero, según se ha hecho público estos días, en este último caso hay una excepción: haber sido despedido antes del 1 de abril de 2013: el afectado podía entonces jubilarse con la legislación anterior, excepto si “con posterioridad a tal fecha no vuelva a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, según una disposición de la reforma. Hasta el pasado 13 de junio, el Ministerio de Empleo no interpretaba como “inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social” la suscripción de un convenio especial -en términos generales, el parado paga de su bolsillo un extra para compensar la pérdida que tendrá luego su pensión. Y ahora, la Seguridad Social ‘interpreta’ que esos convenios especiales están incluidos en la disposición de la reforma. Por lo tanto, no tienen derecho a la prejubilación. Esta media ahorrará al sistema público de pensiones casi 35.000 mill€ en varios ejercicios, cantidad que vendrá muy bien ante el alarmante crecimiento de la deuda pública.

El último episodio con los Convenios Especiales pueden devengar en una suspensión de pagos a más de 35.000 pensionistas

En suma, los gobiernos de Zapatero y Rajoy se han esmerado en recortar derechos a miles de pensionistas, bajo la hipótesis única que el sistema es inviable, dado el nivel de gasto. En ningún momento se ha intentado mejorar el nivel de ingresos, que gracias a las sucesivas reformas laborales ha permitido ir reduciendo el nivel salarial y por tanto la base media de cotización. El verdadero drama del sistema es la situación del mercado laboral, con insuficiencia de recursos, algo que nadie pone encima de la mesa. La introducción de la esperanza de vida como base de cálculo de la pensión, la eliminación de la jubilación anticipada y el sensible descenso del gasto social hacen que el propio sistema aparezca como inviable. El fin último es reducir el gasto en pensiones públicas para llevar a cabo una transición hacia un sistema de capitalización.

La clave de toda esta legislación es el miedo a que la deuda pública se torne explosiva

El colmo sería la interpretación que ha llevado a cabo la Seguridad Social de una norma aprobada para que miles de ciudadanos pudieran jubilares anticipadamente, a cambio de utilizar sus ahorros durante unos años. Todo ello, para dinamitar todos los acuerdos del Pacto de Toledo y así poder repagar un nivel de deuda pública que puede llegar a ser explosivo. Por el camino no se plantean establecer impuestos específicos para financiar la Seguridad Social o elevar las bases de cotización para elevar los ingresos del Sistema. 


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