Economista ciudadano

España, intervenida económica y financieramente

La situación de España, en el contexto de la UE, responde claramente a un país intervenido económica y financieramente. Los grados de libertad de los diferentes gobiernos que han gobernado o gobiernan en la actualidad, se han reducido prácticamente a cero. Esta coyuntura, que es posible que sea irreversible, convierte a la ciudadanía española, pero también griega, italiana o irlandesa, en rehenes de entidades supranacionales que persiguen un supuesto bien común a nivel económico, pero que en la práctica únicamente persiguen mantener la renta de oligopolios financieros y económicos.

La historia reciente nos muestra cómo desde el inicio de la UE, y especialmente desde la implantación del euro, no había habido ninguna coordinación macroeconómica, ni fiscal, por lo que las decisiones habían sido decretadas, con los márgenes conocidos, por los gobiernos legítimamente elegidos. La eclosión de la crisis financiera internacional y la puesta en marcha de una política procicílica suicida ha despertado el alma de todos los poderes facticos económicos a nivel mundial, y Europa no ha sido una excepción. La posibilidad de que la banca fuese nacionalizada, algo que ha ocurrido parcialmente en muchas economías europeas, pero también en EE.UU. ha despertado el temor a que toda la jerarquía financiera y económica fuese sustituida por los Estados, lo que ha activado todos los mecanismos de chantaje y coacción, a lo que han ayudado los comisarios del sector financiero impuestos a los distintos gobiernos e instituciones financieras europeas.

En el caso español, la fecha clave fue mayo de 2010. En ese momento, las directrices de la troika comunitaria, el FMI y los principales bancos internacionales, decidieron que España ya no podía seguir siendo gobernada por sus representantes legítimos, una veleidad propia de democracias pusilánimes. La ruptura del status quo político se tradujo en un plan muy medido que consistía, básicamente, en salvar todo el entramado financiero y empresarial multinacional, con una masiva inyección de dinero público y comunitario, una reducción drástica de gasto público y social, una merma de derechos políticos y un desmantelamiento de la democracia representativa. El centro de la toma de decisiones de trasladó de Madrid a Bruselas y Washington, lo cual implica que los ciudadanos de los países europeos, y españoles en particular, se han convertido en súbditos del entramado financiero que ve peligrar un montante de deuda impagable y que las instituciones europeas se están empeñando en no llevar a cabo los haircuts pertinentes para no poner en peligro sus réditos, aunque en el trayecto se dejen a millones de personas en riesgo de exclusión social.

El nuevo gobierno entrante, liderado por Mariano Rajoy, ha recibido las mismas órdenes nada más entrar. La economía se dirige en Bruselas y las primeras medidas han sido determinantes. Nuevos avales a la Banca para asegurar toda la deuda que vence en 2012, una subida de impuestos que daña la economía de asalariados con rentas medias, parados y pensionistas y deja la imposición de grandes empresas, cuyas rentas se están generando en países en vías de desarrollo, prácticamente sin tocar. Se impone también un drástico recorte de gasto en sectores clave para rentas medias y bajas, como dependencia, pero también se abandona prácticamente la investigación y el desarrollo. El objetivo es romper la resistencia del movimiento sindical y político, provocando una caída muy brusca del crecimiento, para desde muy abajo recomponer el tejido económico, ya sin presencia pública, relanzando algunos oligopolios algo retrasados, como el sanitario o educativo, para lo que el nuevo gobierno español ha introducido a un insigne representante del monopolio del grupo Prisa, así como servicios sociales.

Frente a todo este movimiento, ya sin ambages, la ciudadanía europea y española está absolutamente inerte y observa con incredulidad que lo que ha votado es irrelevante y que todas las decisiones ya no se toman aquí, salvo lo que se refiere a cuestiones muy internas de índole moral o administrativo. Es por ello, y eso es muy peligroso, que surjan muchas voces que aboguen por eliminar los partidos políticos, sindicatos y todo tipo de organizaciones que representen a los ciudadanos, incluidas las asociaciones, hasta incluso suprimir toda ayuda a la creación cultural.

Es momento de reflexión profunda y recuperar los espacios y derechos ciudadanos perdidos en la batalla por preservar el capitalismo financiero de casino y las burbujas recurrentes, que han sido los únicos recursos del crecimiento mundial en los últimos años. Si no hacemos algo pronto, podríamos retroceder muchos años en conquistas políticas y democráticas.


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