Economista ciudadano

España es la campeona en desigualdad

A falta de liderar los mejores rankings en Europa y en el mundo occidental, España ya ha alcanzado el dudoso honor de ser el país con mayor desigualdad social de las 27 que conforman la Unión Europea. Desde hace cinco años, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos no ha parado de crecer y la pobreza sigue en aumento, amenazando la cohesión social. En este contexto, los recortes a los servicios sociales de carácter universal tienen un efecto trágico para la población. Asimismo, uno de los perjuicios más dolorosos es el que recae sobre los niños: la tasa total de pobreza infantil se sitúa actualmente en nuestro país en el 27,2%.

España, líder en desigualdad económica y social en Europa

El concepto de desigualdad y riesgo de exclusión social no es neutro y recoge, desgraciadamente, una carga ideológica y conlleva una serie de prejuicios y mantras económicos y sociales que acaban imponiéndose a la lógica económica y social. La desigualdad social es un mal en sí misma, por más que algunos economistas y politólogos del espectro o corriente conservador y/o liberal la defiendan, bajo el supuesto que no hay diferencias de partida entre individuos, y que por tanto todos ellos tienen las mismas oportunidades. Si esto fuera así, la desigualdad solo se explicaría por el diferente esfuerzo individual, es decir todos los individuos pueden acceder, sin diferencia, a maximizar su renta y alcanzar las mayores cotas económicas dentro de una sociedad.

Sin embargo, la realidad nos dice que la desigualdad es endógena y se genera a partir de unas condiciones iniciales que son desiguales, ya que el lugar de nacimiento, la familia o incluso el género o la condición sexual, determinan la renta futura. Solo en los países en los que el modelo de redistribución funciona, se minimiza la mediana de la distribución y se corrige, con discriminación positiva, las dotaciones iniciales más desfavorables. 

La desigualdad es un mal endógeno

Estas acciones, a diferencia de otras, sí que muestran la capacidad política de los gobiernos para poder incidir en mejorar y erradicar esta lacra. Sin embargo, antes de poder llevar a cabo estas políticas, se deben estudiar los niveles de desigualdad social y económica. Estos datos son particularmente importantes para estimar la pobreza relativa, ya que la distribución de los recursos económicos puede tener un impacto directo en el alcance y profundidad de la pobreza. Por ejemplo, en 2009, en la UE-27 se constató que el 20% de mayor renta recibió los ingresos del 20% de menor renta disponible equivalente, multiplicado por 4,9. Esta proporción varía mucho, desde el 3,2 en Eslovenia, 5,8 en Grecia y 6,0 en España. Esta cifra ha alcanzado la ratio de 7,5 en 2011, cuando la media de la UE-27 es de 5,7.

Entre los colectivos más débiles cuyo riesgo de caer en la pobreza es mayor, se sitúan los desempleados, pensionistas y población infantil. Así, en la UE-27 casi la mitad, (45,3%) tienen un riesgo elevado de caer en la pobreza y exclusión social, destacando países como Letonia y Estonia, pero también Alemania, con tasas que superaban el 50%. También España ha alcanzado una tasa de riesgo cercana al 50% en los últimos datos publicados.

En el caso de los pensionistas, la brecha también se agranda. No hay que olvidar que los sistemas de pensiones pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la pobreza entre las personas de edad avanzada. En la UE-27, los mayores de 65 años, tuvieron una renta mediana del 86% de la renta mediana de los menores de 65 años, destacando Francia, Polonia o Rumanía donde la renta de los pensionistas era el 90% de la renta de los menores de 65 años. En la banda baja, más riesgo de exclusión, se situaba España con una banda que oscila entre el 60% y el 70%.

Pensionistas y parados, los más perjudicados por la desigualdad social

Las medidas para corregir este grado de desigualdad y riesgo de pobreza tienen que ver con las transferencias y políticas sociales. Por ello, una manera de evaluar el éxito de estas medidas es comparar los indicadores de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias. Las últimas cifras en la UE-27 indican que las transferencias sociales redujeron la pobreza de un 25% antes de las transferencias, a un 16% después, lo que deja en mal lugar a los dirigentes en España, cuya alergia a estas medidas está lanzando a una buena parte de la población hacia los niveles de pobreza que no se conocían. El impacto relativo de estas medidas fue menor en Italia, España, Bulgaria y Grecia. Los países donde mejor han funcionado las transferencias han sido, Suecia, Austria, República Checa, Dinamarca, Hungría o Noruega, es decir los países con gran tradición socialdemócrata.

Las políticas públicas, la llave para mitigar desigualdad y pobreza

En suma, las estadísticas en España confirman algo que se percibe a diario y cuyas consecuencias perdurarán: una parte importante de la población que menos ingresa son jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo y que sufrirán el lastre de la crisis durante mucho tiempo en forma de menor cotización a la Seguridad Social, pérdida de oportunidades profesionales. Pero también los pensionistas van a sufrir seriamente y muchos caerán en niveles de pobreza relativa, pero también severa. Así, en conjunto, en un año se ha elevado dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación, con consecuencias de todo tipo, incluso para la salud. La esperanza de vida en el barrio de Barcelona con mayor renta, Sant Gervasi, es de 81 años, mientras que la del más pobre, El Raval, es de 73, según el proyecto Sophie, un programa de la UE que mide estas diferencias.

Si estas situaciones las compensara una política social potente, resultarían menos dramáticas. Pero ocurre lo contrario. En 2010, los servicios sociales atendieron a más de ocho millones de personas, casi un 20% más que el año anterior. La cifra debe haber crecido sobremanera en 2011 y lo que llevamos de 2012. Pero cuando más se necesitaban, más ha recortado el Gobierno las partidas destinadas a estos fines: un 40% para 2013 en los servicios sociales básicos, los destinados a los Ayuntamientos para, entre otras, ayudas de emergencia. Los que piensan que esto se debe únicamente a la crisis económica están muy equivocados. Esto es un proyecto ideológico urdido desde los principales think tanks, FEDEA y FAES, y ejecutado fielmente por los Ministros/as Mato, Wert y Báñez.


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