Economista ciudadano

Cruzada contra pensionistas y crónicos

Es necesario volver al año 2012, que seguramente será recordado como excepcional por muchas cosas, pero también desde el punto de vista normativo. En ese año el Gobierno, además de desarrollar su labor ejecutiva, se convirtió en legislador casi en exclusiva y aprobó 30 Reales Decretos Leyes, que fueron sucesivamente convalidados de forma automática por el Parlamento. De esos RDL para el sector sanitario hay uno de especial trascendencia, el RDL 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Gobierno Rajoy ha batido el récord de rodillo parlamentario

En el capítulo IV del RDL citado se modifican en profundidad dos leyes de especial significado en el mundo sanitario; la Ley 29/2006 de garantías del uso racional del medicamento y productos sanitarios y la Ley 16/2003 de "Cohesión". Leyes que fueron elaboradas con mucha dedicación y participación, debatidas seriamente en el Parlamento y finalmente aprobadas. Ahora se han modificado sin nada más que una mayoría absoluta convertida en rodillo. De esas modificaciones son de especial importancia las que se refieren al muy notable incremento del copago farmacéutico. Incremento que afecta a todos los ciudadanos, a los "activos" y a los pensionistas. A los activos, incrementándoselo y a los pensionista,s recreándoles dicho copago, después de más de 30 años en los que han estado exentos de la llamada participación en los gastos del sistema, en castellano "copago".

Las últimas medidas en materia farmacéutica, hace recaer todo el esfuerzo en pensionistas y crónicos

Los primeros estudios indican que el incremento del copago ha significado duplicar la aportación de los ciudadanos, pasando de algo más del 5 por ciento a casi el 11 por ciento, y ese incremento lo aportan fundamentalmente los pensionistas. Esos casi 6 puntos significan más de 600 millones de euros.

Conviene recordar lo que significa esta medida para la prestación farmacéutica dispensada a través de oficinas de farmacia. Los pensionistas son los que consumen entre el 75 y el 80 por ciento de dicha prestación. En cifras de 2012, casi 8.000 millones de euros. Si fuéramos a las cifras de 2010 esa cifra sería de 9.000 millones. Quiere esto decir que en estos dos años tanto el gobierno anterior como el actual han prestado una especial atención al gasto farmacéutico ambulatorio y las medidas implementadas han hecho que se pase de un gasto de 12.750 a 10.690 millones, algo más de 2.000 millones de ahorro para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Esa disminución se ha intensificado en 2012, porque a las medidas llamadas de oferta de 2010 y 2011, y que soportaban los fabricantes, distribuidores y las oficinas de farmacia, se han añadido los copagos de 2012 y la desfinanciación de más de 400 medicamentos, que soportan los ciudadanos y especialmente los pensionistas, junto con la consolidación de las medidas estructurales tomadas en los años anteriores.

El incremento del copago es de gran importancia cuantitativa porque afecta a los mayores consumidores, los pensionistas, pero también cualitativa porque afecta a los que más necesitan la prestación por razones obvias de edad y consecuente mayor deterioro en las condiciones generales de salud. En números, si han consumido 8.000 millones en 2012 y la aportación media con el nuevo copago se estima en un 10 por ciento van a "ahorrar" al sistema en cómputo anual una cifra aproximada de 600 millones teniendo en cuenta los reembolsos, el 0,6 por ciento del gasto total en pensiones del sistema de Seguridad Social. Dicho de otra manera, con el copago farmacéutico el pensionista ha visto disminuido su poder de compra en más de medio punto. Más simple aún, es como si les hubieran bajado la pensión real media en un 0,6 por ciento. Y eso en un año, el 2012, en que solo vieron incrementadas sus pensiones el 1 por ciento, y en el que no se cumplió el compromiso de revalorización con el IPC, que habría significado un incremento adicional del 1,9 por ciento.

El copago farmacéutico incide especialmente en pensionistas, que han perdido poder de compra equivalente al 0,6%

La valoración que cabe hacer de la medida, rigurosamente ajustada a lo previsto normativamente, es que carece de la mínima sensibilidad y de la mínima coherencia política y social. Solo puede entenderse con una rigurosa lógica economicista y recaudatoria. Para 2013 cabe esperar más de lo mismo, aunque los incrementos esta vez de las pensiones sean del 1%  para las menores de 14.000 euros al año y del 2% para las que pasen de esa cantidad, como se ha indicado más arriba. Si eso ha sido y va a ser así, ¿no podía el Gobierno haber pospuesto la revalorización de la aportación máxima al menos hasta que las pensiones se actualicen con el IPC? ¿O es que piensa que eso no vuelva a ocurrir? Le habría sido muy fácil en una de las más de 80 Disposiciones Adicionales de la Ley de Presupuestos incluso en 67 que exige la revalorización.


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