OPINIÓN

El Castor o la vergüenza del régimen

La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada, pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron su inversión.

El Castor o la vergüenza del régimen.
El Castor o la vergüenza del régimen.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la indemnización que recibió ACS por la hibernación del almacén subterráneo pone de manifiesto cómo se toman las decisiones en un Estado como el español.

La sentencia del Constitucional sobre el Castor pone de manifiesto la chapuza legislativa diaria del Estado español.

Este proyecto tenía como objeto el almacenamiento de gas y se situaba frente a las costas de Tarragona y Castellón y fue inicialmente aprobado por el gobierno de Zapatero en un alarde visión de futuro. Todo formaba parte de una estrategia de garantía de suministro de gas en caso de desabastecimiento externo que se ha demostrado como errónea y muy cara, como siempre, para los consumidores. Las veleidades de los grandes grupos energéticos alrededor del poder, independientemente  de quien gobierne, casi siempre recaen sobre el eslabón más débil de la cadena, es decir los súbditos que conformamos el Estado moderno.

El diseño del proyecto ya nació viciado al no contemplar el riesgo sísmico, a pesar de las advertencias de muchos organismos independientes

Tres de esos proyectos se han paralizado en los últimos dos años: Castor (en el Golfo de Valencia), Marismas (en Huelva) y la ampliación de Gaviota (frente a la costa de Bizkaia). La planificación vigente preveía que el volumen operativo en almacenamientos subterráneos aumentara un 238% en 2016, un objetivo que no se ha cumplido y demuestra la falta de pericia y conocimiento de quienes pensaron en esta fórmula tan dolosa para los consumidores y tan golosa para las grandes corporaciones, que siempre pagan muy bien este tipo de experimentos con las cobayas nacionales.

La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e Industria

El fiasco más notable ha sido el de Castor. La secuencia de seísmos, primero ignorados y luego minimizados por los responsables políticos, provocaron la paralización de los trabajos por parte de Escal UGS, controlada por ACS, quien era la concesionaria de la explotación. El Gobierno de Zapatero introdujo una cláusula de salvaguardia de la inversión para que estas pobres empresas no sufrieran ningún quebranto y no incurrieran en pérdidas, importando muy poco si la salud peligraba o si el coste final para el consumidor era tan elevado, como así ha sido finalmente. Esta cláusula se fijó, ahora parece que de forma arbitraria según el Constitucional, en 1.350 millones. Del mantenimiento de las instalaciones, que permanecen en estado de hibernación, se encarga ahora Enagás. La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, aunque todavía no hay sentencia sobre ello.   

El fiasco del Castor se ha saldado con el pago de 1350 mill€ a la concesionaria gracias a la clausula introducida por el Gobierno de Zapatero

Pero lo más grave fue que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España. 

Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores, lo cual dice mucho de la influencia que tiene montar una estructura de este tipo con el apoyo de un Estado miembro, aunque las dudas sobre su viabilidad técnica y sus riesgos sobre la población sean ignorados por políticos y empresarios, cuya única hoja de ruta es la cuenta de resultados.

El riesgo de los bonistas quedó a salvo por la generosidad del ejecutivo y sabiendo que se pagaría a escote por los consumidores

Una vez el proyecto se suspendió, la concesionaria, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS ya aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto el valor de la inversión es totalmente recuperable. Esta clausula, que fue recurrida por el Abogado del Estado por ser lesiva para el interés general, fue avalada por el Tribunal Supremo, para respiro del gobierno de Zapatero.  Por suerte, en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se incluye el riesgo sísmico como variable a tener en cuenta para la concesión de permisos y licencias de este  tipo.

Ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia del desembolso

Después de toda esta chapuza legislativa, con gran dolo para el Estado que tanto quieren y protegen los diputados mal llamados constitucionalistas, ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia del desembolso. No hay que olvidar que el dinero que el Estado pagó de forma inmediata a la concesionaria, 1350 mill€, fue a parar a los bonistas (entre ellos el BEI), como bien apuntaba ya la empresa de Florentino en 2013. Siempre hay que preservar los derechos de accionistas y bonistas porque si no, no hay flujos de capital hacia este tipo de inversiones.

El Constitucional solo entra a valorar el instrumento jurídico utilizado, pero no presupone la devolución el Estado de la cantidad librada con demasiada urgencia

La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada, pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron su inversión. Ahora comenzará un proceso larguísimo de litigios entre las partes,  sin que exista ninguna garantía que algún día los consumidores españoles puedan recuperar una cantidad muy respetable que se han embolsado los inversores y la empresa concesionaria, gracias a una cláusula que alguien del entorno de Zapatero introdujo y que un tribunal ha avalado, obviando el dolo para el interés general.

Cobran de forma inmediata para no espantar a los inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los consumidores

En suma, ya tenemos el círculo vicioso perfecto. Empresas del régimen oligopolístico proponen un negocio al gobierno de turno, asegurándose de que se hace la vista gorda con los riesgos para su explotación, como así fue en el caso del Castor. Para llevarlo a cabo, se incluyen cláusulas de salvaguardia por si los resultados son negativos o generan una alarma social, como ocurrió con los seísmos en la zona. Una vez se suspende el proceso, cobran de forma inmediata para no espantar a los inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los consumidores.

Las grandes empresas están siempre a salvo de los errores de los políticos y por eso son tan generosas con los que se van quedando obsoletos y quieren completar la jubilación

El círculo se cierra votando a los mismos que nos han sacado de la cartera los 1350 mill€. Y por supuesto, siempre hay jueces que son cooperadores necesarios para evitar que prime el interés general, frente a las grandes multinacionales. Y ahora el Constitucional, para disimular, apela a un defecto de forma (como la amnistía fiscal, por ejemplo) y recuerda al ejecutivo que hay que cuidar las formas y no pagar tan rápido. Pero de devolver el dinero nada, que si no Florentino Pérez se enfada y entonces dejará de regar con palcos y catering a los que supuestamente defienden a los trabajadores y la oposición política de la villa y corte.       


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