Economista ciudadano

CEOE, ATA y Gobierno nos llevan a la China laboral

La lectura del RD sobre medidas urgentes del mercado laboral que tuvo a bien publicar el BOE el pasado 11 de febrero permite aseverar, como dijo la Vicepresidenta en su presentación, que habrá un antes y un después de esta mal llamada reforma laboral. El grave problema es que esta modificación, que hace la número 53 desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, daña de forma irremediable, salvo que medie una contrarreforma, la relación de fuerzas en el mundo de la empresa.

La historia del derecho laboral español es compleja y prolija, pero sí muestra una progresiva pérdida del poder sindical, extremo en la salida del franquismo, oscilando éste de forma progresiva hacia la empresa. Esta lógica, cuyos actores políticos, sindicales y empresariales han ido realizando paulatinamente, con episodios de tensión como las varias huelgas generales, de repente, se rompe abruptamente y el poder de negociación pasa directamente a manos del empresariado y autónomos, eliminando la tutela administrativa y judicial en muchos de los casos.

Aunque el aspecto más comentado estos días ha sido el tema del despido, la carga de profundidad está en la modificación arbitraria, y caprichosa si cabe, de las condiciones básicas del trabajador en la empresa, salarios, jornada, lugar de trabajo, enfermedad, etc. Este articulado permite ahora que, por razones tan subjetivas como organización, competitividad, o resultados, la dirección de la empresa, con un preaviso de 15 días, pueda disponer de la modificación sustancial de dichas condiciones. Es decir, en 15 días un trabajador tendrá que decidir si cambia de ciudad o de puesto de trabajo, o tendrá que aceptar una reducción drástica de salario, con la pena de despido con 20 días de indemnización. Esta negociación, además, se llevará a cabo en la mayoría de los casos de forma individual, puesto que hay muchísimas empresas que carecen de representantes de los trabajadores. De facto, esta libertad y potestad, rompe definitivamente la negociación colectiva para un porcentaje muy elevado de trabajadores, que ya no tendrán la referencia del convenio sectorial para fijar salarios o condiciones de trabajo, pero tampoco un convenio de empresa, puesto que la norma introduce un elemento psicológico de miedo a la sindicación en la empresa.  Esto es por tanto, el esquema básico para deflacionar la escala salarial, aún más, con lo que la pérdida de participación de los salarios en la Renta Nacional se dejará notar con más crudeza en los próximos años. La economía española, jaleado por una parte de autónomos y la mayoría de CEOE, apuesta claramente por el dumping laboral y salarial, al más puro estilo de la economía china.

Dumping salarial y laboral al estilo chino 

En el campo del despido, la estrategia estaba clara. Por un lado, remover obstáculos administrativos, eliminando la tutela administrativa para los despidos colectivos, prueba conseguida, afinar la causalidad del despido procedente, basta una caída de ventas, que nadie puede controlar, también conseguido, y por último el coste. Ahora, todos los contratos se podrán extinguir con 33 días, en el caso improcedente, con 20 días, el procedente, y con 0, el contrato para autónomos y mal llamados emprendedores. Con este programa máximo, la CEOE y ATA reducen el coste del despido una media del 30%  y se aseguran que la Administración y la Inspección de Trabajo se desentienden de las decisiones laborales, incluso en los casos extremos de fraude manifiesto, que pasarán directamente, si hay denuncia, a los tribunales de los social. Con la implantación de esta norma, el papel sindical queda completamente desdibujado, pues introduce la legalidad y la preponderancia, junto a la arbitrariedad consentida, a la empresa a la hora de todas las decisiones laborales del trabajador.

Reducir el coste del despido un 30%

Finalmente, en el campo de la contratación, lejos de la simplificación o unificación, crean el contrato perfecto para los autónomos, donde se ve descaradamente la pluma de ATA. La figura del contrato de emprendimiento y la posibilidad de tener a un trabajador a prueba un año, algo que no se sostiene desde ningún prisma, hasta los 30 años, responden a un principio básico. Quiero mano de obra poco cualificada, para un trabajo con poco valor añadido, es decir lo que hacen una gran mayoría de PYMES y autónomos, con coste de despido cero, con libertad para fijar yo el salario y compatible con el desempleo, para que me cueste aún más barato. Esto permitirá mantener la dualidad del mercado laboral, y la rotación se hará con cargo al Estado, quien sufragará el 50% del coste social del mismo.

Contratar casi gratis y despedir a coste cero

En suma, la tormenta perfecta ha llegado. El poder de negociación laboral pasa en su totalidad a la empresa, desparece la función sindical, salvo en grandes corporaciones, las condiciones laborales las fija el empresario, no hay límite salarial que no sea el SMI congelado, y se crea la figura del trabajador a prueba anual, con coste de contratación cuasi cero y despido nulo. Todo esto, sin que la sociedad tenga capacidad de reacción.


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