Economista ciudadano

Bochornoso proceso privatizador en Madrid

La Comunidad de Madrid se ha caracterizado desde que gobierna el Partido Popular por transformar todo el sistema público en un gran mercado privado de provisión pública. Esta idea programática ha transferido una gran parte de la renta pública al sector privado, detrayendo gran parte del empleo y beneficio del productor a sectores empresariales afines, que además podrían haber financiado, presuntamente al partido hegemónico en la Comunidad de Madrid desde hace más de 20 años.

El PP se ha especializado en Madrid en transferir rentas públicas a empresa privadas afines, sin transparencia y con alevosía

El argumento es tan hueco, como falaz empíricamente, que hasta los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid así lo han expresado en el reciente auto que paraliza el proceso de privatización de una parte nada desdeñable de la provisión sanitaria hospitalaria, casi un 20% de la población. La tesis supuestamente liberal se asienta en preceptos ideológicos ancestrales que proclama que la gestión pública de los servicios públicos es ineficaz, cara e ineficiente en la asignación de recursos. Por el contrario, la gestión privada supone una mejora comparativa lo suficientemente significativa que el poder político asume la verdad absoluta como dogma y desprecia toda oposición, no solo social y política, sino también profesional.

La supuesta mejora en la eficiencia de los servicios privatizados no ha quedado probada, como refleja el TSJM en su demoledor auto

Este proceso de privatización de la gestión hospitalaria, que supuestamente ahorraría al erario público más de 1.000 millones de euros, se fue gestando sin aportar ninguna evidencia económica en España, sin una memoria transparente y sin dar información a las partes implicadas. Esto ha supuesto, de facto, actuar como un gobierno autoritario y déspota, ya que esta decisión que claramente sería irreversible, dejaría sin margen de maniobra a cualquier grupo político que pudiese ejercer la alternancia democrática, pero también podría causar daños profesionales a aquellos médicos que tuviesen que abandonar sus puestos de trabajo. No hay que olvidar las empresas que fueron adjudicadas, una mezcla de empresas con experiencias fracasadas como Ribera Salud, otras con un nivel de calidad asistencial muy dudoso, como Sanitas y un grupo empresarial de Puerto Rico con un pasado convulso y muy cuestionable desde el punto de vista asistencial. Estas empresas han sido adjudicadas antes incluso de esperar a las decisiones judiciales, lo que, de nuevo, demuestra una señal de prepotencia muy característica del gobierno de la Comunidad de Madrid.

La base argumental de la paralización de la privatización es el daño irreversible para el sistema público y para los profesionales

Este bochornoso espectáculo de desprecio a miles de profesionales sanitarios, curiosamente en muchos casos muy afines al Partido Popular, abre la espita a un proceso de deterioro de la sanidad pública en Madrid que ya alcanza al hueso del sistema, las listas de espera, la reducción de la inversión por habitante y el abuso de la desviación de pacientes a las clínicas privadas, dejando a los hospitales públicos sin la posibilidad de maximizar la eficiencia y la capacidad asistencial que tiene la sanidad pública.

La práctica del desvío de la atención pública a la privada esconde una excusa para culpar de ineficiencia al sistema público

Este modelo de asistencia privada, aunque de titularidad pública, ya ha fracasado en algunos países, como el Reino Unido, donde la calidad de la sanidad pública ha caído de forma significativa, tras el tsunami que supuso el paso por el poder de Margaret Thatcher y que hoy avergüenza a los usuarios británicos.

Los sistemas privados no mejoran la calidad ni presentan un marco de investigación que permite avanzar en la prevención y curación de los consumidores

Este fracaso se manifiesta en que la eficiencia no mejora, el gasto no se reduce, la investigación se resiente y únicamente se transfieren rentas de un monopolio público a un monopolio privado cuando el proceso termina en su implementación. Por ello, los lobbys sanitarios, que en el caso de Madrid, solo se han presentado algunas empresas marginales, lo que se podría explicar por las necesidades políticas, que no económicas ni de gestión, de algún sector del PP. La prueba más palmaria del presunto proceso irregular, sería la prisa que se han dado en convocar el concurso, la puesta a disposición de estas empresas de despachos y el culmen fue la modificación del canon inicial que debían depositar, cuya modificación sobrevenida ha sorprendido a cualquier observador imparcial y que los jueces podrían tumbar jurídicamente, algo que invalidaría a cualquier político en un país serio para continuar en su puesto.

En resumen, la Comunidad de Madrid, tras el ridículo de los Juegos Olímpicos y la apuesta por instalar Eurovegas, empresa cuyo máximo dirigente también tiene un pasado judicial, se enfrenta a un varapalo político y judicial con la paralización del proceso de privatización, que sin duda es la mejor noticia para los profesionales sanitarios y los ciudadanos y restituye un elemento clave en estos procesos. Una mayoría parlamentaria no es suficiente para cambiar todo el modelo de gestión de un servicio básico como es la sanidad. El afán de lucro no debería ser el leiv motiv de la actuación pública a la hora de entregar instalaciones, capital humano y servicios que han sido sufragados por todos los españoles con los impuestos. Solo queda esperar a que tras el despotismo mostrado, la sociedad hermética que ha dado el poder sin interrupción a estos gobernantes, se plantee un cambio. Lo malo es que la oferta que se vislumbra es casi peor.   


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