Economista ciudadano

¿Para cuándo una Banca Pública solvente?

Uno de los cambios más profundos que se intuyen tras esta crisis financiera es el papel que tendrá en el futuro un nuevo modelo de Banca Pública. La maximización del valor del accionista, como única función objetivo, ha llevado al sector financiero a abandonar el modelo de banca tradicional, y también a despreciar e incluso estafar a un amplio sector de su clientela.

Estas circunstancias están llevando a muchos países, pero también a un amplio sector de economistas y académicos, a diseñar un nuevo modelo de Banca Pública que supere las reticencias del pasado, y de paso a un instrumento que permita financiar a los sectores abandonados por la banca comercial y que son la clave para poder relanzar el crecimiento, y más importante aún, poder modificar el patrón de crecimiento. En primer lugar, conviene definir lo que significa hoy un banco público, y también lo que no es un banco público.

La crisis financiera actual está despertando una gran corriente a favor de un nuevo modelo de Banca Pública solvente

En primer lugar, la Banca Pública son entidades que operan exclusivamente buscando el bien común. Además, son propiedad de la Comunidad, Estado o Municipio al que pertenecen. Se ha demostrado que son económicamente viables, pues operan bajo reglas transparentes, siguiendo normas bancarias estándar, y lo más importante, tienen disponibilidad inmediata de fondos para entidades locales, empresas pioneras o créditos para formación de particulares.

En el contrapunto, lo que la Banca Pública no es, también es muy relevante reseñarlo. No está operado por políticos, ni entidades ajenas al sector, sino por profesionales bancarios. Así mismo, los trabajadores son públicos, con una estructura de costes transparentes, sin bonus sobre operaciones arriesgadas o volumen de crédito. Este tipo de entidades están fuera del circuito de operaciones especulativas de corto plazo y finalmente. machea operaciones de activos y pasivo a largo plazo.

La Banca Pública que está surgiendo con éxito no está gestionada por políticos, sino por profesionales bancarios, cuyo status es el de trabajadores públicos

Con estos apriorismos, existen una serie de errores de concepto sobre el papel de la financiación pública en una economía de mercado. En primer lugar, se suele argumentar que el riesgo de la financiación pública es mayor que el de la privada. Eso se puede demostrar que es falso, puesto que las entidades públicas no invierten en activos tóxicos, como sí lo hace la privada. En segundo lugar, la banca pública y privada compiten por los mismos clientes. Eso es también falso, puesto que la financiación pública debe orientarse hacia los segmentos productivos que no cubre la privada o lo hace en condiciones abusivas. La coyuntura muestra como si esto fuera así, el crédito hacia las PYMES o familias en dificultades o las empresas de innovación, estarían siendo abastecidas de crédito, y se puede demostrar que no es así. De hecho, la banca privada ha contribuido a la reducción de la oferta monetaria, favoreciendo las quiebras individuales.

Más llamativo es el tema de la eficiencia y la rentabilidad. Cuando se defiende la eficiencia de la banca privada, un simple análisis de esta crisis impide defender la misma en este segmento productivo, pues tanto la gobernanza, como la gestión individual, ha supuesto uno de los mayores fracasos colectivos, fruto de la disfunción de la función objetivo. En el campo de la rentabilidad, mientras que la banca pública persigue maximizar el bien común, la banca privada busca la maximización del accionista con dinero público, como se ha visto en este episodio. Lo más llamativo entre las diferencias, radica en que la banca pública puede generar reducción de impuestos, puesto que los intereses los puede reinvertir en el Estado y su esfuerzo inversor puede ahorrar hasta el 30% el coste de las obras públicas.

La Banca Pública es igual o más eficiente y rentable que la Banca Privada

Estos principios son los que están generando una corriente en muchos países para instaurar o agrandar el papel de la financiación pública. Lo más llamativo es la corriente que ha comenzado en EE.UU., en el que son varios Estados los que están constituyendo Bancos Públicos.

El ejemplo más claro y significativo es el de Dakota del Norte. En este Estado, es cierto que pequeño, la Banca Pública comenzó en 1919 y hoy presenta unos resultados macroeconómicos muy solventes. Por ejemplo es el único Estado con superávit público, mejor rating que el resto de la Unión, bajo desempleo, mayor crecimiento y especialmente un flujo de financiación hacia familias y empresas que permiten sortear los problemas de la banca privada.

El ejemplo más llamativo es del de Dakota del Norte en EE,UU,, cuya Banca Pública permite financiar proyectos y familias que hace de este Estado el más solvente

Otros ejemplos solventes son los de Canadá, Australia y especialmente Chile. En este país destacan los Bancos Industriales, cuya gobernanza y legislación es promercado y supervisión basada en riesgos. En el fondo es una banca solvente, con mayores ratios de liquidez y cuya gobernanza es manifiestamente más transparente. Las ratios de eficiencia, riesgo o ROE muestran en Chile cómo son un instrumento realmente útil y merece la pena estudiar su implementación también en España. También un análisis de media-varianza del crédito público revela que a su vez es una herramienta contracíclica imprescindible en coyunturas como la actual.

En el caso español, un modelo de Banca pública debería ir encaminado en una doble dirección. Por un lado, la financiación pública debería ir orientada a financiar la vivienda pública en alquiler. En segundo lugar, la financiación de innovación, emprendimiento, PYMES que empiezan o en estado maduro y finalmente familias con necesidades de formación. Esto se podría construir con parte de las Cajas nacionalizadas, pero también con las agencias públicas como ICO, ENISA, CDTI o COFIDES. Un análisis cuantitativo arroja unos resultados interesantes. La existencia de un Banco Público especializado, generaría que el endeudamiento público y privado se reduciría un 30%, el riesgo país mejoraría, el crédito hacia actividades productivas aumentaría un 25% y la aportación al crecimiento sería del 1,5% a medio plazo.


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