Economista ciudadano

Ahora, a por el inquilino

Una de las características del conjunto de reformas emprendidas por el nuevo Gobierno conservador de Rajoy es romper los equilibrios que existían entre grupos sociales y económicos, equilibrios que constituían un consenso histórico. Esta ruptura, además, se inscribe dentro de un movimiento generalizado que pretende desarmar al conjunto social que podría defender los intereses de los segmentos sociales con menores rentas.

El primer ejemplo fue la reforma laboral, en el que el poder de negociación se escora definitivamente hacia la parte contratante, despojando a los trabajadores de cualquier resquicio, laboral, pero también legal, para poder defender sus derechos, y eliminando el marco necesario para dirimir conflictos, perpetuando relaciones de inequidad.

Reformas del PP, dirigidas a romper equilibrios entre agentes sociales

Tras esta reforma, que ha tenido mucha audiencia, ha llegado la del mercado de vivienda, y en particular la del mercado de alquiler. Esta reforma parte de la misma premisa, y es criminalizar al inquilino, la parte más débil, otorgando toda la fortaleza y el poder de negociación a la propiedad, con la falsa premisa de que así solucionarán el problema endémico del mercado de alquiler de vivienda en este país. La historia del mercado de alquiler es la propia historia de la burbuja inmobiliaria, y en parte explica la crisis tan profunda en la que estamos inmersos. Esta historia nace con la entrada de España en la UE, y se acelera con el establecimiento del euro. Para ello, ha habido actores necesarios, que se pueden centrar en las instituciones políticas, Gobiernos del PSOE y PP, sistema financiero, una política monetaria suicida para la situación de la economía española, y unos agentes privados que cayeron en la trampa de creer que la vivienda es un bien de inversión.

La historia de la crisis actual es la crisis del mercado de alquiler en España

El furor comprador, desoyendo a muchos analistas, académicos y algunos asesores como yo mismo, fue tejiendo una casta de propietarios con ilusión monetaria que entraron en trance, traspasando fronteras de clases sociales, sin caer en la lógica económica que dice que todas las burbujas acaban rompiéndose. La clase política, anestesiado y agasajada por promotores antiguos y de nuevo cuño, fue pasto de la corrupción urbanística y, apoyada por una política de avestruz del regulador y supervisor, dejando el litoral y el interior arrasado, demonizando a los ambientalistas y despreciando a los que creíamos en el alquiler como política de vivienda óptima.

Las diferentes políticas de vivienda, salvo la última legislatura de Zapatero, fue un contrasentido. La fiscalidad estaba diseñada para la compra de vivienda, el ahorro finalista se centraba en la compra de vivienda, se penalizaba a las empresas profesionales que se dedicaban al alquiler profesional, no se replicaba la figura de los Reits anglosajones para canalizar inversiones, todo esto ha dejado el mercado de alquiler en una situación de marginalidad. Las únicas medidas positivas que se tomaron, igualar la desgravación fiscal de compra y alquiler, la renta básica de emancipación, el desarrollo de una legislación favorable para el alquiler profesional, han sido laminadas por el nuevo Gobierno llegado al poder a finales de 2011. Pero nadie esperaba que se fuera a ir mucho más allá, como ha sido con las medidas aprobadas el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

El PP desmonta los buenos e incipientes cambios en los alquileres

Las principales medidas aprobadas van en la dirección de cambiar la LAU en la línea de darle todo el poder de negociación a la propiedad de la vivienda, otorgando el poder de fijar y modificar la renta de manera unilateral, limitando el periodo de estancia en la vivienda, bajo la premisa de que los inquilinos incumplen mayoritariamente las condiciones, son morosos y causan destrozos en la vivienda. Pero si se estudiase bien el mercado, se sabría que la media de estancia en una vivienda es de 2,2 años, por lo que la duración del contrato no es un problema, salvo en el caso de la renta antigua. Otro dato relevante es que las empresa profesionales no demandan un cambio en la duración del contrato y que los casos de impagos y destrozos son mínimos.

En suma, esta vuelta de tuerca al mercado de alquiler se incluye dentro de la filosofía que siempre ha tenido el PP, es decir que es imprescindible que el mercado de compra se reactive, y que el alquiler siga siendo marginal y siempre en manos de particulares. Justo lo contrario que lo que necesita este país, es decir un mercado amplio, con abundancia de vivienda social, un mercado privado y profesional muy potente y una política fiscal y urbanística que discrimine positivamente el alquiler, beneficiando la demanda, especialmente en aquellos segmentos más vulnerables: jóvenes, divorciados/as y mayores.    


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