Un tribunal estadounidense obliga a España a cumplir el laudo por las renovables

La trama española con las renovables no cesa. El último movimiento viene desde Nueva York, cuando el pasado 27 de junio el Tribunal Federal del distrito Sur se sumaba al laudo arbitral contra de España dictado en mayo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Según adelanta El País, este dictamen, a favor de Eiser Infraestructure y Energía Solar, obliga al Gobierno español a pagar 128 millones de euros, además de los intereses acumulados desde el 20 de junio de 2014.

Pero esto no queda aquí. El Gobierno español tardó un día en presentar un recurso para anular dicha sentencia, al  “eludir requisitos jurisdiccionales y procesales de la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera". Según su defensa, el despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, “España no fue notificada antes de la sentencia”, como requiere la ley.

Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg poseen dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. Ante los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, Ciadi pidió el arbitraje en diciembre de 2013, invocando al Tratado de la Carta de la Energía.

Finalmente, Ciadi dio la razón en mayo a la firma británica y el Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial. Seguidamente, nada más conocer la sentencia, desde la compañía presentaron la petición de reconocimiento del laudo ante el tribunal neoyorkino. Sin embargo, la decisión ha sido "moderada", pues los 128 millones que debe pagar el Gobierno suponen menos de la mitad de los más de 300 millones que reclamaban.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje. En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.