El factor de sostenibilidad elevará dos meses más la edad de jubilación entre 2027 y 2060

En 2019 se empezará a aplicar el factor de sostenibilidad al sistema de pensiones. Se trata de uno de los ejes fundamentales de la reforma que aprobó el Gobierno popular en 2013 y básicamente introduce una nueva variable en el cálculo de la pensión: la esperanza de vida. Además, no será algo estático, se revisará cada 5 años en función de la evolución de la esperanza de vida.

¿Qué supondrá la aplicación de este factor de sostenibilidad? Los expertos están convencidos de que será una variable crucial para contener el gasto en pensiones, pero a costa de una sustancial rebaja de las prestaciones que hoy perciben los ciudadanos. Y ahí no acaba todo, tal y como explica el Gobierno en la última actualización del Programa de Estabilidad, generará un aumento adicional de 2 meses en la edad efectiva de jubilación.

Hay que recordar que el anterior Ejecutivo, el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya elevó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, aunque el cambio es paulatino y no se llegará a los 67 años hasta el año 2027. Y de 2027 a 2060, seguirá aumentando la edad de jubilación gracias a la aplicación de dicho factor de sostenibilidad.

Según el Gobierno, solo aumentará dos meses más en dicho periodo, pero no hay que olvidar que el factor de sostenibilidad se irá revisando cada 5 años en función de cómo vaya evolucionando la esperanza de vida, lo que deja en el aire nuevos aumentos en la edad de jubilación. 

Efecto sobre el PIB y el empleo

La reforma de 2013, según dice el Gobierno en este documento enviado hace unos días a Bruselas, tiene un efecto "significativo" sobre la tasa de participación, el empleo y el PIB. En concreto, la tasa de participación para las edades de 15 a 74 años aumentará en 1,2 puntos en 2060 respecto de la proyectada en ausencia de reforma, mientras que el efecto sobre el empleo será de 1,9 puntos y el del PIB, de 1,8 puntos.

Pero el objetivo fundamental del Gobierno no era impulsar el PIB y el empleo, sino contener un gasto que se está haciendo totalmente insostenible para el sistema. Y parece que puede conseguirlo. Según las cifras del Gobierno, el gasto en pensiones, que antes de la reforma suponía el 11,8% del PIB, tocará un máximo del 12,3% en 2050 y bajará al 11% en 2060. Sin la reforma, habría crecido al 13,5%.

El gasto en sanidad y en cuidados de larga duración aumentará en el futuro por el envejecimiento de la población

Eso sí, no ocurrirá lo mismo con otro tipo de gastos que aumentarán considerablemente en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población. Esto es lo ocurrirá, por ejemplo, con el gasto en sanidad, que aumentará más de un punto a lo largo de todo el periodo analizado. Si antes de la reforma suponía el 5,9% del PIB, en 2060 rondará el 7%.

Y lo mismo sucederá con el gasto en cuidados de larga duración, un tipo de gasto que se destina casi íntegramente al cuidado de personas mayores. Y es que, según las proyecciones del INE, en el año 2066 uno de cada tres ciudadanos tendrá más de 65 años. Un dato muy gráfico para hacernos una idea del problema: la población de más de 100 años se multiplicará por 14 en medio siglo.

En cambio, otros gastos se contendrán gracias al envejecimiento de la población, o al menos eso es lo que dice el Gobierno en el Programa de Estabilidad. Por ejemplo, se reducirá el gasto en prestaciones por desempleo, que pasará de suponer el 2,2% del PIB en 2013, antes de la reforma de pensiones, a quedarse en el 0,5% del PIB en 2060. 

Aunque en este caso hay que decir que en 2013 España seguía muy tocada por la crisis y que el ajuste en empleo que se ha producido a lo largo de estos años ha disparado considerablemente el gasto en prestaciones. Quizá el envejecimiento tenga un efecto mayor en el gasto en educación, que pasará del 4,6% del PIB en 2013 al 3,7% en 2060. Y es que habrá muchos menos jóvenes en el futuro.

En cualquier caso, lo que está claro es que el reto que supone el envejecimiento de la población es grande y que España tiene que prepararse. De hecho, el Pacto de Toledo está trabajando ya para presentar las recomendaciones sobre la próxima reforma del sistema que quiere plantear el Gobierno es esta misma legislatura.