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La fiscal 'arrepentida' del chavismo denuncia en España empresas vinculadas a la corrupción de su país

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, se ha reunido este lunes en Madrid con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Ortega tuvo que huir de su país el pasado mes de agosto.

La fiscal de Venezuela Luisa Ortega y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La fiscal de Venezuela Luisa Ortega y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Luisa Ortega en un tweet.

Luisa Ortega, exfiscal de Venezuela que el pasado mes de agosto huyó de su país, se ha reunido el lunes en Madrid con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y con otros fiscales para "denunciar empresas vinculadas a corrupción en Venezuela", según ha publicado en su cuenta de twitter.

Como ha publicado este diario, Luis Alfredo Campo Cabello, primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, administra al menos tres empresas en España. Una de esas empresas, Depósito y Stockage, se dedica al almacenamiento de maquinaria y automóviles y ha trabajado para la Audiencia Nacional. Otra, Inversiones y Oportunidades de Negocio, administra una gasolinera situada en Alcobendas (Madrid), que ingresa más de dos millones de euros al año. Ortega ha denunciado que Cabello ha recibido ilegalmente millones de dólares del grupo brasileño Odebrecht que habría distribuido entre sus primos.

El viernes pasado estaba previsto que Ortega acudiera al Senado español para declarar sobre financiación ilegal de políticos en Venezuela, pero finalmente la visita fue cancelada por problemas de agenda de la exfiscal venezolana.

"Contribuimos en varias campañas electorales" ha desvelado el presidente de la filial en Venezuela del grupo Odebrecht

Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que le acusa de haber cometido "actos inmorales". También contra su esposo se dictó una orden de captura por supuestamente formar parte de una trama de extorsión organizada desde la Fiscalía. Tras las acusaciones, Luisa Ortega huyó del país, encontrando asilo en Colombia. Desde entonces se ha puesto en contacto con los departamentos de justicia de varios países para denunciar presuntas prácticas corruptas de los dirigentes venezolanos.

Pagos de Odebrecht

Recientemente Luisa Ortega ha hecho público una declaración del presidente del grupo Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, sobre financiación irregular de campañas electorales en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Prazeres de Acevedo declaró ante la Procuraduría General de Brasil a finales del pasado año, de acuerdo a fuentes cercanas a Luisa Ortega con las que ha contactado este diario. En su declaración -parte de la cual ha hecho pública la exfiscal y que ilustra esta información-, el presidente de Odebrecht Venezuela se refiere a la financiación de políticos del país.

"Siempre nos buscaban por el tamaño y presencia de Odebrech en Venezuela, para contribuir en campañas electorales, y contribuimos en muchas de ellas", dice en su declaración el ejecutivo. Prazeres de Acevedo explica que redactó un listado de candidatos a los que apoyó la multinacional brasileña, entre los años 2004 y 2013. Entre esos candidatos se encuentra Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. El objetivo de Odebrecht al financiar esas campañas electorales era "facilitar los trámites burocráticos municipales o estatales". La contribución fue de tres millones de dólares.

Diosdado Cabello participó junto con Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992 en Venezuela contra el presidente Carlos Andrés Pérez. En 2001, Chávez le nombró vicepresidente y desde entonces ha ocupado diversos puestos en el Gobierno y Administración venezolana, siendo designado presidente de la Asamblea Nacional entre los años 2012 y 2013.

En la última década Cabello ha recibido múltiples y diversas denuncias por corrupción, malversación de fondos e incluso narcotráfico, negadas por el Gobierno venezolano que las atribuye a una campaña mediática internacional de desprestigio.

El grupo brasileño Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, con 168.000 empleados, pagó cientos de millones de dólares para corromper políticos de varios países latinoamericanos. La compañía fue multada con 3.500 millones de dólares. Marcelo Odebrecht, propietario del grupo, fue detenido en 2015 y aceptó a colaborar con la justicia a cambio de rebajar su condena de cárcel de 19 años.


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