LAS NUEVAS PROVISIONES MANTIENEN LA FACTURA EN 53.000 M.€

La banca aún tiene que sanear 23.000 millones en ladrillo del primer 'Plan de Guindos'

Muchas entidades aún no han terminado de hacer las provisiones a las que obligaba la anterior reforma financiera de febrero.

El segundo 'Plan Guindos' llevará a buena parte del sector a las pérdidas
El segundo 'Plan Guindos' llevará a buena parte del sector a las pérdidas EFE

Vuelta a febrero. En esa situación se encuentra el sector financiero español tras el segundo 'Plan Guindos', aprobado el pasado viernes. Desde entonces, la factura de saneamiento inmobiliario ha vuelto a elevarse hasta los 53.000 millones. A la nueva exigencia de provisiones de 30.000 millones para el crédito sano, decretada hace tres días, la banca suma la limpieza del ladrillo tóxico que aún no ha digerido de los primeros 50.000 millones. A día de hoy, el sector financiero aún tiene que sanear alrededor de 23.000 millones del primer 'Guindazo', anunciado el pasado febrero. Salvo Caixabank (sin Cívica) y Bankinter, que ya han efectuado todo el saneamiento exigido en la primera reforma, el resto del sector acumula unas obligaciones de provisiones que van a llenar de rojo las cuentas de resultados de gran parte del sector. La fusión Popular-Pastor es la entidad que arrastra el mayor volumen de provisiones sin dotar del decreto de febrero: algo más de 3.500 millones. El resto de la gran banca aún tiene que provisionar 9.700 millones, si se suman los 980 millones que debe limpiar Banca Cívica, nuevo socio de Caixabank, por su cartera inmobiliaria tóxica. Ni Santander ni BBVA adelantaron las provisiones impuestas en febrero durante el primer trimestre. Según explicó el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, los bancos internacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que respectar la normativa contable internacional, que no permite adelantar saneamientos específicos, antes de que el activo manifieste su deterioro. Por tanto, provisionarán a lo largo de este ejercicio, de acuerdo con el deterioro de los activos a cubrir.

Banca mediana

Entre la banca mediana, los dos grupos fusionados (Ibercaja+Caja3 y Unicaja+Ceiss) arrastran desde febrero unas necesidades de saneamiento por encima de los 1.000 millones: 1.200 millones en el caso de Unicaja y 1.500 millones para las fusión liderada por Ibercaja. La cifra se rebaja en el caso de BMN (381 millones) y Liberbank (840 millones). Esta menor obligación había llevado a ambas entidades a explorar su fusión. El acuerdo estaba bastante cerca de concretarse antes del pasado viernes, cuando el Gobierno anunció el segundo 'Plan Guindos'. 

Con las nuevas provisiones sobre el crédito sano, estos cuatro grupos de cajas tienen que realizar un volumen de saneamiento adicional de 2.721 millones: Ibercaja+Caja3 (697 millones), Unicaja+Ceiss (888 millones), BMN (640 millones) y Liberbank (496 millones). Según explicó Luis de Guindos, las nuevas dotaciones tienen que realizarse contra resultados, lo que obliga a este grupo de cajas a fusionarse. Los beneficios de ninguna de estas entidades alcanzan para cubrir el saneamiento exigido desde el viernes. La situación se agrava cuando se añade la factura que todavía tienen que dotar del decreto de febrero. Por tanto, tendrán que acudir a las ayudas públicas del FROB 3 en forma de 'cocos' (bonos convertibles en acciones).

Aplazada la cita de esta tarde

Economía había citado para la tarde del lunes a los presidentes de estas cuatro entidades con el objetivo de agilizar su fusión. Sin embargo, la reunión se ha cancelado a lo largo de la mañana. Antes del viernes, los cuatro grupos reconocían la dificultad de una fusión a cuatro, como ha venido informando este medio. "Lo más normal serían integraciones de dos en dos. Una fusión a cuatro (270.000 milllones en activos) crearía otra situación similar a la de Bankia", aseguran en un par de estas entidades. 

El sector estima que alguno de estos bancos medianos pueden acabar nacionalizados, como Bankia, puesto que el nuevo decreto confirma que el Estado tomará el control de las entidades financieras que no devuelvan en un plazo de cinco años estas ayudas. Incluso, la norma faculta al Banco de España a proceder a la conversión de acciones con anterioridad a esos cinco años si considera "improbable" que un determinado banco pueda afrontar el pago de esta ayuda. Y si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el organismo regulador podrá además sustituir de forma provisional los órganos de administración o dirección de la entidad, lo que acabaría suponiendo su intervención.


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