Crisis de YPF

Argentina tiene 25 litigios pendientes en el Banco Mundial y debe más de 400 millones de dólares

La guerra de Repsol por la expropiación de YPF será larga. Brufau acudirá al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde los casos se resuleven en tres años de media, pero se pueden prolongar hasta diez.

Antonio Brufau, presidente de Repsol.
Antonio Brufau, presidente de Repsol. EFE

La petrolera Repsol está dispuesta a luchar hasta el final para no irse de Argentina con las manos vacías tras la expropiación de YPF de este lunes. La guerra se prevé larga. Una resolución jurídica en un tribunal internacional no es un proceso rápido, y el Estado argentino tampoco se dejará intimidar fácilmente. 

El Gobierno argentino está aún tramitando la expropiación (debe ser aprobado por dos terceras partes del Congreso, en las próximas semanas), y posteriormente pasará a un tribunal local para su tasación. Pero, mientras, la petrolera que preside Antonio Brufau está poniendo en marcha la maquinaria para llevar el caso al órgano de arbitraje del Banco Mundial, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la media de los casos se resuelven en tres años de media, y se pueden incluso prologar hasta diez años. 

Para Argentina, el caso de Repsol será uno más de su larga lista. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner participa en 25 litigios de los 143 casos pendientes que posee el Ciadi y debe más de 400 millones de dólares a las empresas, según los datos que recoge UBS en un informe con fecha de este martes. También hay que recordar que Argentina debe 8.900 millones de dólares en deudas pendientes de 2001 al Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. 

Repsol tiene la posibilidad de denunciar al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante el tribunal internacional de arbitraje (Ciadi) a la luz del acuerdo recíproco de inversiones entre España y Argentina. La competencia sobre este tratado la tenía hasta ahora España, pero con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es la UE quien asume esta responsabilidad. El caso de YPF y el Gobierno argentino será uno de los primeros en los que las autoridades comunitarias deban defender el cumplimiento de acuerdos de este tipo conforme a las nuevas responsabilidades del Tratado de Lisboa.

Pese a que la compañía se enfrenta ahora a un proceso farragoso y largo, Brufau insitió ayer en que este proceso es necesario. "Argentina deberá pagar el justiprecio por YPF, con una valoración que no hará (Axel) Kicillof (el viceministro argentino de Economía), quien de valorar empresas no sabe mucho", dijo durante la inauguración de una refinería en Cartagena (Murcia). Brufau ha pedido públicamente que Argentina valore YPF en 18.300 millones de dólares y Argentina ha anunciado una fuerte revisión del valor de YPF. "Repsol sí cree en la justicia, no como otros, que prueba han dado de ello. Los tribunales son tercos y no responden a la demagogia sino a las valoraciones", añadió.

Repsol continúa recibiendo apoyos. No obstante, el Príncipe Felipe, quien durante la inauguración de este martes de la refinería de Repsol en Cartagena con más de 3.000 millones de euros agradeció a la compañía "todo lo que hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países", sin referirse en concreto a la crisis de YPF.

Respuesta contundente del Gobierno español

El Gobierno español está coordinando la respuesta a la expropiación de YPF. El ministro de Industria, José Manuel Soria, confirmó ayer que trasladará a la reunión de ministros europeos de Exteriores del próximo lunes una solicitud para que la UE eleve una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de Argentina por la nacionalización de YPF. Las OMC ha recibido las críticas desde la Unión Europea y Estados Unidos sobre el intervencionismo de Argentina y está estudiando la posibilidad de formar un panel para recoger todas las denuncias contra Argentina y analizar la posible aplicación de medidas de retorsión, lo que, a efectos prácticos, equivale a sanciones concretas.

La organización no actúa sobre inversiones concretas de una empresa, sino sobre flujos comerciales. El caso de YPF, podría inscribirse en el ámbito de la prestación de servicios, en el que ya se han detectado incumplimientos por parte de Argentina. Esta sería la primera medida en el plano internacional. Pero internamente, España está planeando una batería de medidas que podría estar lista para el consejo de Ministros del próximo viernes. 

Junto a esto, los grupos socialista y popular en el Parlamento Europeo han promovido que en el orden del día del pleno se trate el caso de YPF y se aborde una resolución en contra de la nacionalización decretada por parte del Ejecutivo argentino.


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