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Multa de 41,1 millones al Grupo Volkswagen por llevar a cabo prácticas de cártel

La CNMC ha sancionado a 95 concesionarios de automóviles de Audi, Volkswagen y Seat en España, así como a dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector por fijar precios y condiciones comerciales.

Fotografía de archivo de un Volkswagen en un concesionario de Hannover, Alemania
Fotografía de archivo de un Volkswagen en un concesionario de Hannover, Alemania EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 41,13 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles de Audi, Volkswagen y Seat en España, así como a dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector por fijar precios y condiciones comerciales. De los 41,13 millones, 78.087 euros corresponden a las consultoras ANT (11.612 euros), Horwath (36.475 euros) y a dos agrupaciones del sector: Asociación de concesionarios independientes de VW (Acevas) y Asociación de concesionarios de Seat (Ancosat), con 15.000 euros cada una.

Según una nota, el organismo considera acreditado que todos llevaron a cabo prácticasprohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, constitutivas de cártel. La CNMC asegura que las empresas concesionarias decidieron y aplicaron acuerdos para fijar descuentos máximos y condiciones comerciales, así como el intercambio de información sensible en el mercado de distribución de turismos de las marcas Audi, Volkswaguen (VW) y Seat a través de concesionarios independientes del fabricante y propiedad de la marca.

En conjunto, se trata de 110 empresas del mercado de distribución de turismos de las marcas Audi, VW y Seat, precisa. Estos concesionarios contaron con la colaboración (dependiendo de las marcas y las zonas) de Acevas y Ancosat, y de las empresas de consultoría y servicios ANT y Horwath.

Según la CNMC, adoptaron acuerdos "con manifiesta ocultación y secretismo"

Según la CNMC, adoptaron acuerdos "con manifiesta ocultación y secretismo, valiéndose de mecanismos específicos de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos e, incluso en algunos supuestos, de instrumentos de sanción para los incumplimientos". Distingue siete "zonas", que delimitan otros tantos cárteles: Madrid, Cataluña, Andalucía, Norte, Asturias, Valencia (respecto de Audi-VW) y Madrid (respecto de SEAT).

La duración acreditada de los cárteles varía dependiendo de las áreas, remontándose en algunos casos, al año 2006 y prolongándose hasta junio de 2013. El seguimiento de los acuerdos se produjo en todas las zonas, salvo en Asturias y Valencia/Castellón.

ANT era la encargada de recaudar las multas en el cártel AUDI/VW en la Zona de Madrid (desde 2010) y en la Zona de Cataluña (desde 2011) y ese importe lo destinaba a pagar sus propios servicios, se indica. La CNMC ha obtenido correos electrónicos y anotaciones manuscritas de las empresas que prueban dichas "conductas ilícitas", y cuenta con información proporcionada por las compañías en los requerimientos que se les ha efectuado.

La creación de estos carteles afectó a los compradores de vehículos de esas marcas, que no pudieron beneficiarse de mayoresdescuentos o mejorescondicionescomerciales, denuncia la Comisión. La CNMC ha eximido del pago de la sanción que le correspondería por su participación en esos hechos tanto a Seat, S.A., por ser quien denunció, como a once de sus filiales.

Esto se debe a que han aportado "elementos de prueba suficientes durante la investigación que han posibilitado a la CNMC la detección del cártel". Las sancionesmásaltas son las de 2,87 millones de euros (para F.Tomé), y las de 2,46 millones de euros impuestas, por un lado, a Audi Retail Madrid SA y solidariamente SEAT; y, por otro, a Volkswagen Madrid SA y solidariamente Seat.

La CNMC recuerda que contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. Cualquier persona o empresa que se considere afectada por estas prácticas anticompetitivas puede presentar una demanda por daños y perjuicios.


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