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Uber denuncia a España ante la UE por "proteger al monopolio del taxi" al prohibirle operar

La compañía de transporte de pago entre particulares ha presentado este lunes una queja formal ante la Comisión Europea para intentar demostrar que España vulnera las leyes europeas con su prohibición de no operar en este país.

La Asociación Madrileña del Taxi logró que se prohibiera la actividad de Uber
La Asociación Madrileña del Taxi logró que se prohibiera la actividad de Uber Europa Press

La más firme competidora del taxi en España pretende demostrar que la prohibición que le impide operar en este país vulnera leyes europeas, y para ello ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea, según informa este martes el diario El País. Para ello se basa en que la decisión de un juez de lo mercantil que ponía fin a su actividad vulnera sus intereses y los de los usuarios para "proteger el monopolio del taxi". 

En diciembre de 2014 el juzgado estimó la demanda de la Asociación Madrileña del Taxi que pedía el cese de la actividad de Uber, algo a lo que accedió el juez por considerarlo competencia desleal. Pese a que lograron prestar servicio durante algunos días, el auto también obligaba a las operadoras móviles y entidades de pago a bloquear el acceso a la aplicación, por lo que desde entonces el servicio está paralizado. 

"Operamos en 20 de los 28 estados de la UE y España representa un extremo en la regulación. Es uno de los países más conservadores, el único donde realmente se ha prohibido el servicio", según explica Mark MacGann, uno de los firmantes de la denuncia y director del departamento legal de Uber. Su intención es que la UE considere la prohibición como discriminatoria, desproporcionada y contraria a varias normas europeas, como las directivas de comercio electrónico y de servicios, el principio de neuralidad tecnológica, la libertad de prestación de servicios y hasta la carta de derechos fundamentales de la Unión. 

La pretensión de Uber es 'demostrar' que no se dedica a transportar personas sin autorización, sino que simplemente son intermediarios de manera electrónica, "ofrecen un servicio social, de conexión de personas que deseen compartir su coche", pese a que el usuario fija el trayecto y paga unas tarifas establecidas que incluyen un 20% de comisión para la empresa. Sin embargo, Uber, en cuyo accionariado participa Google, pide que se le trate de igual modo que a la venta de vuelos por Internet, ya que la UE no ha decidido si lo considera un servicio electrónico o de transportes. 

Ahora Bruselas deberá dirimir si pide a España que cambie su actitud hacia Uber. De momento la Comisión Europea ha defendido que regular el servicio de transporte compete a los Estados, aunque puede actuar si, como defiende la compañía, se incumplen normas comunitarias. Los trámites ya han comenzado, y tres comisarios europeos se han reunido hace unos días en Bruselas con el presidente de Uber, Travis Kalanick. 

La compañía no ha denunciado únicamente el caso español, ya que la queja mencionada sigue a otras dos presentadas contra Francia y Alemania por motivos similares. 


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