Uber planta a la prensa en Bilbao tras anunciar represalias contra medios críticos

El representante de Uber Niall Wass era la persona más esperada por la prensa en Bilbao en la víspera de su intervención en el congreso EEC (European Ecommerce Conference). Los periodistas estaban pendientes de sus palabras, inéditas en España, conscientes de la inmensa polémica que enfrenta a esta empresa de California (financiada por Google entre otros) que ofrece servicios muy parecidos al taxi bajo el escudo de la economía colaborativa. Pero grande fue la decepción al comunicar la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), principal organizador del evento, que no daría ninguna entrevista, al igual que Airbnb, empresa también americana que permite a particulares ofrecer sus viviendas como hoteles y tiene al sector revolucionado.

¿Cuál ha sido el motivo de que Uber diera marcha atrás a las entrevistas que tenía previamente acordadas? Aparentemente, el escándalo producido después de que el vicepresidente de la compañía, Emil Michael, anunciara este mismo martes que destinaría un millón de dólares a investigar a la prensa que les critique. Según 'Buzzfeed News' Michael, vicepresidente de negocios en Uber, detalló un plan para canalizar un millón de dólares en la contratación de cuatro investigadores y cuatro periodistas que pudieran actuar en contra de la mala cobertura de la prensa hacia la compañía, indagando en la vida personal y familia de los periodistas críticos de la compañía, con el fin de darles "de su propia medicina".

Concretamente, en una cena cuyos debates se habían fijado como 'off the record' (es decir, no podía publicarse nada de lo allí hablado), Michael amenazo presuntamente a la periodista Sarah Lacy, crítica con su empresa, con publicar "un aspecto particular y muy específico de su vida personal". Aseguró, siempre según la versión de la periodista, que "nadie sabría que hemos sido nosotros". Tras darse a conocer esta supuesta acusación -rompiendo el código de una información 'off the record'- el propio vicepresidente de Uber se retractó diciendo que se arrepentía de sus comentarios y que para nada reflejaban la postura de la empresa. 

Algunos taxistas vizcaínos se estaban organizando para reventar la llegada de Wass, aunque finalmente la protesta se ha desconvocado tras las promesas del ayuntamiento

Ante esta polémica suscitada por Michael, el resultado ha sido un perfil bajo en comunicación en España, uno de los mercados donde la empresa más se está fijando en estos meses y tampoco exento de polémica. Barcelona, Madrid y Valencia han sido hasta ahora las ciudades donde Uber ya opera. En Alemania, un tribunal de Fráncfort ha suspendido cautelarmente sus actividades.

Los taxistas no atacan

Algunos taxistas de Bilbao (la ciudad del Nervión cuenta con 700 licencias) se estaban organizando para reventar literalmente la llegada de Wass al Palacio Euskalduna. Se aseguraba presencia de colegas de otras partes de España. El dispositivo de la Ertzaintza parecía presagiar lo peor. Pero finalmente, tras obtener la promesa de las autoridades bilbainas de que no habrá transporte ilegal en la ciudad, la protesta se ha desconvocado. Muchos taxistas habían sido informados de la llegada a su ciudad del representante de la empresa que ofrece unos servicios como los suyos pero sin pagar ningún tipo de licencia municipal o IRPF en España, una compañía que permite a los usuarios que quieran funcionar con ella ofrecer viajes a cambio de una remuneración de la cual se quedan un 20%. El argumento legal de Uber es que no se trata de un servicio de transporte, sino de una empresa que pone en contacto conductores y viajeros al estilo de Blablacar o Amovens y que lo que hacen es compartir gastos, algo que sí está permitido.

A Uber se le acumulan los problemas. Este mismo jueves, el parlamento catalán ha anunciado que inmovilizará por decreto los coches de Uber en Barcelona (en realidad, particulares que buscan rentabilizar su vehículo y transportan pasajeros cobrando a través de una sencilla aplicación insertada en un iPhone). Para quien lo utilice y sea descubierto, habrá una multa de 6.000 euros.