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El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de hasta el 100% en obras de la Seguridad Social

Tras analizar proyectos encargados a constructoras como ACS, Acciona o Ploder entre 2006 y 2009, con Caldera y Corbacho como ministros de Trabajo, el organismo concluye que "el 92% de los contratos" sufrieron modificaciones que elevaron al alza los precios. "En algún caso, los costes económicos acumulados totales al finalizar la obra superaron el importe del presupuesto de licitación inicial".

Octavio Granado y Jesús Caldera, en una imagen de 2010.
Octavio Granado y Jesús Caldera, en una imagen de 2010. fundación ideas

Un edificio de oficinas en Roquetas de Mar (Almería) cuya construcción, adjudicada ya en plena crisis (año 2009) por 3,5 millones de euros, con una baja del 49,5% con respecto al presupuesto inicial, acabó costando más de 6,3 millones (un 79,1% más) al contribuyente; obras para pavimentar un sótano y reparar una escalera por 731.000 euros (un tercio menos de lo previsto en principio) que salieron por el doble de ese importe; la rehabilitación de un edificio y un garaje cuyo coste final se disparó un 96,4%...

Son algunas obras adjudicadas a diferentes constructoras por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) entre los ejercicios 2006 y 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y siendo ministros de Trabajo Jesús Caldera y Celestino Corbacho, que el Tribunal de Cuentas ha analizado en un informe que certifica cómo en esos años los sobrecostes con respecto al importe adjudicado inicialmente por ese organismo eran una constante, a veces con incrementos del 100% sobre el precio convenido inicialmente, gracias a los sucesivos modificados del proyecto originario.

Durante ese periodo, el INSS (con Octavio Granado como secretario de Estado de Seguridad Social) adjudicó obras por un importe de más de 138 millones de euros (94 contratos), de los que el organismo ha analizado más de una veintena, encomendados a constructoras de todo tipo, incluyendo dos de las más grandes de España. Desde ACS (con sus filiales Dragados, IMES e Imesapi) o Acciona hasta otras de menor tamaño como la valenciana Cleop (salpicada por la trama del 'caso Gürtel') y, especialmente, la catalana Contratas y Obras, que entró en concurso de acreedores hace un año, y la coruñesa Alcuba, también en concurso desde 2011.

Se trata de trabajos cuyo presupuesto inicial iba desde los citados 731.000 euros que acabaron duplicándose (una obra en la sede central del INSS que se llevó IMES, de ACS) a los 22,7 millones de un complejo de oficinas en A Coruña que acabó costando 36,6 millones y que también fue encomendado a la constructora que preside Florentino Pérez, en UTE con la gallega Construcciones Alea.

"En todos los expedientes" analizados "fueron incumplidos los plazos de ejecución final", lo que "incrementó considerablemente el coste"

El Tribunal de Cuentas concluye que “el 92% de los contratos” sufrieron modificaciones (en ocasiones, hasta tres) que inflaron su coste final; “en todos los expedientes” analizados “fueron incumplidos los plazos de ejecución final” por esas modificaciones, lo que “incrementó considerablemente el coste económico”.

Los sucesivos modificados, además, “en ocasiones compensaron la cuantía de la baja económica que había sido ofertada por la empresa que resultó adjudicataria” y “en algún caso, los costes económicos acumulados totales al finalizar la obra", esto es, incluyendo los certificados de la misma, "superaron el importe del presupuesto de licitación inicial”.

 “Todo ello supuso que el coste acumulado final de las obras analizadas superase el precio primitivo (importe de adjudicación) de todos los contratos analizados y que, en algún caso, el incremento del coste final de la obra incluso superase en más de un 100% el presupuesto de licitación inicial estimado por el órgano de contratación”, concluye el informe.

El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda subraya que esta práctica “no resulta acorde con el necesario cumplimiento de los principios de eficiencia y economía en la ejecución del gasto, aplicables a la contratación del sector público”, y que “con excesiva frecuencia no quedaron suficientemente acreditadas y motivadas” en los respectivos expedientes de contratación las “necesidades nuevas o causas imprevistas” que justificasen la procedencia de las modificaciones, en unos casos, y “de la contratación de obras complementarias, en otros”, tal y como exige la normativa.

Los modificados reflejaron "la existencia de deficiencias en la planificación y preparación de los contratos"

Por el contrario, en muchos casos, los modificados se justificaron por circunstancias como la falta o insuficiencia del estudio geotécnico del terreno u otras deficiencias del proyecto, “puestas de manifiesto en la fase de ejecución del contrato” y que “pudieron y debieron, al menos en parte, haber sido previstas razonablemente de forma anticipada por el órgano de contratación”. Estas actuaciones “reflejaron la existencia de deficiencias en la planificación y preparación de los contratos”.

Además, “la práctica habitual (que debiera ser excepcional) de modificar los contratos durante la fase de ejecución de las obras podría llegar a desvirtuar, en algunos casos, el procedimiento de concurrencia que dio lugar a la adjudicación del contrato, al variar sustancialmente las condiciones económicas iniciales, en perjuicio de los principios de igualdad y de transparencia”.  “Estas actuaciones”, insiste el tribunal, “no resultan acordes con los principios de eficiencia y economía en la ejecución del gasto público”.

En el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas, el INSS resolvió un total de 1.143 contratos por un total de más de 318,5 millones, importe cuya adjudicación correspondió en un 78,23% a la subdirección general de gestión económica y presupuestaria del organismo o al propio director general del INSS, que en esos años era Fidel Ferreras

Así, el informe recomienda al INSS “extremar la diligencia en la planificación y preparación" de este tipo de proyectos, "así como el rigor mostrado en la supervisión y el control de su ejecución, lo que redundará en la mejora de la economía y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos”.


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