Publicado: 05/03/2014 04:00
El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para evaluar los riesgos sísmicos provocados por la inyección de gas en el almacén Castor, tratar de depurar responsabilidades y analizar si su reapertura supondría una amenaza para la población del Bajo Maestrazgo castellonense.
En el informe anual 2013 entregado la semana pasada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al presidente del Congreso, Jesús Posada, figura esta actuación de oficio tras las numerosas quejas enviadas por ciudadanos de los municipios castellonenses de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, y del tarraconense Alcanar, entre otros.
En su página 411, el informe recoge la siguiente actuación: “La evaluación del riesgo sísmico que pudiera estar asociado a la actividad de inyección de gas en la planta de almacenamiento El Castor, sobre la que ya han enviado la documentación solicitada tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se encuentra en estudio cuando se redacta este informe (13029182).
El Defensor del Pueblo reseña en su informe de 2013 que ya ha recibido toda la documentación solicitada a Industria y Medio Ambiente y trabajarán sobre ella para concluir qué ocurrió
Fuentes del organismo señalaron a Vozpópuli que la actuación se abrió en 2013 y que ahora los servicios técnicos y jurídicos procederán al estudio de la información facilitada por los dos ministerios implicados. En función de las conclusiones que se extraigan, el Defensor del Pueblo podría dar por zanjada la investigación o proceder a elaborar unas recomendaciones en el caso de que se detecten irregularidades o negligencias de las partes.
La mayor preocupación del organismo, así como de la ciudadanía del sur de Tarragona y del norte de Castellón y de la mayoría de los grupos políticos y ecologistas es si la reapertura del almacén de gas explotando por Escal UGS provocará una nueva avalancha de terremotos.
El sector del gas cree que Industria cerrará definitivamente el almacén, pero el Gobierno no quiere pronunciarse aún por ser este un tema muy sensible y polémico
Hace poco más de cinco meses, la filial del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, comenzó a inyectar gas en el almacén, provocando en poco más de tres semanas unos 540 terremotos, tres de ellos de 4,2 en la escala Richter.
Industria se vio obligada a decretar el cierre temporal de la instalación ante la alarma social provocada. Ahora, las investigaciones siguen su curso, pero el Gobierno no tiene previsto pronunciarse sobre el futuro del almacén de gas hasta después de mayo, cuando se celebrarán las elecciones europeas.
Una nueva vía se ha abierto en todo el proceso y está ya sobre la mesa. Si Industria decreta el cierre definitivo del Castor por sus altos riesgos sísmicos, ACS podría recibir una indemnización por sus inversiones (unos 1.500 millones de euros ha sido el coste de la instalación) diferida en 25 años y con cargo al recibo del gas. Sería un ejemplo parecido a la moratoria nuclear aprobada por el Gobierno de Felipe González para compensar a las eléctricas por el parón de las instalaciones que estaban en construcción.
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