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Las telecos y la CNMC acusan al Gobierno de pagar a Telefónica el favor que le ha hecho en Indra

Colar por la puerta de atrás en el Senado una extemporánea e intervencionista moción para que la CNMC se pliegue a los intereses de Telefónica ha levantado en armas a los operadores y al regulador, que acusan al Gobierno de pagar el favor que le ha hecho en Indra para echar a Javier Monzón.

El Gobierno y Telefónica han puesto en marcha toda su poderosa maquinaria contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras su propuesta para que el operador dominante comparta su nueva red de fibra óptica con el resto de compañías para introducir más competencia en el mercado.

El grupo que preside César Alierta ha amenazado con recortar sus inversiones en España si la CNMC saca adelante su propuesta y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una insólita moción en el Senado en la que exige al regulador que dé marcha atrás en su iniciativa.

La reacción de los operadores alternativos (Vodafone, Orange y Jazztel, principalmente) no se ha hecho esperar. Todos ellos, de forma oficiosa, acusan al Gobierno de alinearse con las tesis del operador dominante en pago de los favores realizados por este último en la operación de asalto a la presidencia de Indra, el grupo semipúblico que la Sepi (Ministerio de Hacienda) controla con un 20% del capital.

Telefónica, a petición del Ejecutivo, ha tomado el 6% de Indra, en una operación que ha servido de palanca para que el Gobierno haya colocado en la presidencia a Fernando Abril-Martorell y haya echado del cargo, tras 22 años, a Javier Monzón, ahora colocado como presidente de honor.

Los operadores alternativos creen que el PP trata de favorecer a Telefónica después de que la compañía haya comandado los cambios en la cúpula de Indra sin el menor ruido

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, del que dependen los derechos políticos del 20% que posee el Estado en Indra, había diseñado un complot para derrocar a Monzón y colocar en su lugar a Eduardo Serra, ex ministro con Aznar.

Pero la andanada, urdida desde hace meses y en la que también han estado involucrados Pedro Argüelles ('número dos' de Defensa), Antonio Hernández Mancha (ex líder de Alianza Popular) y Santiago Foncillas hijo, entre otros, no gustaba nada ni Moncloa ni en Hacienda ni en Sepi.

Era tan brusca y recordaba tanto a tiempos pretéritos que desde el Gobierno se prefirió vestirla de seda. Así fue como se pidió ayuda a Telefónica, compañía que además tiene claros intereses estratégicos al entrar en Indra.

Era el perfecto caballero blanco para adecentar la operación. Telefónica compró un 6% de Indra, propuso un candidato de consenso y pactó una salida honrosa para Monzón. Todo atado y bien atado en Indra, que además se ha disparado en Bolsa gracias a la buena acogida de los cambios entre los inversores.

La normativa española y europea protege, al menos sobre el papel, la independencia de los reguladores de los gobiernos y la imposibilidad de éstos de imponerles las líneas de actuación

"Es un gran favor el que le ha hecho Telefónica al Gobierno, pero esas cosas no salen gratis. A los pocos días de la operación de Indra, el Gobierno le devuelve el favor con una iniciativa en el Senado para condicionar la decisión de un regulador que, ante todo, es independiente", afirma a Vozpópuli una fuente del sector de las telecomunicaciones.

Los tres operadores alternativos afectados han montado en cólera por cómo el Gobierno sale en defensa del ex monopolio y no duda en "utilizar la vía parlamentaria para cercenar la independencia del regulador".

Creen que todo responde "al pago de favores", aunque no se atreven a reconocerlo oficialmente.

Por su parte, desde la CNMC se guarda silencio, pero algunas fuentes de su entorno destacan su sorpresa sobre cómo el PP se atreve a atacar de forma tan explícita la actividad del regulador en los mercados que supervisa, a sabiendas de que la propia normativa para su creación como el cuerpo legislativo de la Unión Europea defienden de forma palmaria su independencia de actuación frente a los gobiernos.

La moción del PP registrada en el Senado alerta de que "una desproporcionada intervención regulatoria" de la CNMC puede poner en peligro las inversiones en el sector y sus puestos de trabajo.

Telefónica ha anunciado que recortará sus inversiones si se le obliga a compartir la red y el PP en el Senado alerta de las "consecuencias indeseadas" que acarrearía la decisión del regulador

La iniciativa sigue punto por punto los planteamientos de Telefónica, que ha anunciado que si la CNMC le obliga a compartir su red de fibra óptica con terceros dejará de invertir en España este año unos 800 millones de euros. El PP añade que "se producirían otras consecuencias indeseadas, como es el frenazo que supondría la extensión de la red de fibra óptica en todo el territorio nacional, produciéndose una España a dos velocidades, una que contaría con fibra y otra asociada a la red de cobre, lo que va en contra de la filosofía y de la letra de la ley", según el texto de la moción.

El PP no se muerde la lengua para evitar la posible decisión de la CNMC, cuya propuesta ha sido sacada a consulta pública y está a la espera de las alegaciones de todas las partes implicadas. Antes de que el regulador que preside José Manuel Marín Quemada se atreva a tomar una decisión firme al respecto, prevista para el mes de junio, el PP avisa de que, según su criterio y el del ex monopolio, en juego están los 30.000 empleados de Telefónica España más los 10.000 puestos de trabajo indirectos que generaria el despliegue de la fibra óptica.

El Grupo Parlamentario popular va más allá en su velada amenaza al regulador y le recuerda que "no parece acorde con los intereses generales del país, que en un momento de cambio de ciclo económico y de creación de empleo, se vea privado de una inversión tan importante, tanto directa como indirectamente, por una postura que carece de perspectiva económica y que se aleja de otros objetivos que persigue la Ley General de Telecomunicaciones".

"La moción es anacróncia e intervencionista y se caería por su propio peso si es denunciada ante Bruselas", afirma un experto en Derecho de la Competencia.

Por su parte, las telecos alternativas recuerdan al Gobierno las consecuencias más graves aún que tendría el hecho de que Orange, Vodafone y Jazztel también recortaran sus inversiones en despliegue de red si no hay incentivos para poder usar la fibra de Telefónica para competir en las zonas donde aún no cuentan con despliegue.


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