El "auge" de la seguridad privada que sólo ve Interior: sus ventas caerán otro 8% este año

De "auge", como dice el Ministerio del Interior, poco. El negocio de la seguridad privada, como sector cíclico que es, va a cerrar este ejercicio con una nueva caída de la facturación en España cercana al 8%, hasta los 2.994 millones de euros, según estimaciones de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que agrupa a más del 70% del sector.

Lo dijo el pasado 12 de abril el ministro Jorge Fernández Díaz cuando presentó, tras el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de la polémica Ley de Seguridad Privada que estos días tramitan las Cortes: "La nueva normativa regulará adecuadamente uno de los sectores que quiero destacar que tiene mayor auge empresarial en España en estos momentos", dijo el titular de Interior.

Una idea que repitió la semana pasada el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (el sector está "en pleno auge", insistió) y que, sin embargo, choca bastante con la realidad. Cuesta encontrar ese auge a la vista de la evolución mostrada en los últimos años por las ventas de un sector, que eso sí, es muy intensivo en empleo (sus cerca de 1.500 empresas dan trabajo a cerca de 90.000 personas), y que tiene a tres de los mayores empleadores de España entre sus filas (Prosegur, la sueca Securitas y Eulen) y a una compañía española (la propia Prosegur) en el podium mundial de este negocio (es la tercera a escala global). 

Sin embargo, según un informe de N+1 Equities publicado el mes pasado, el sector va a ver desplomarse su facturación cuando termine este año un 22% con respecto a 2008, el último año antes del reventón de la economía española.

Como explica Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, al sector le ha ido bien "cuando se han abierto nuevos centros comerciales, infraestructuras aeroportuarias, nuevas líneas de metro o urbanizaciones en la periferia de las grandes ciudades". Algo de lo que, huelga decirlo, no hay visos en la actualidad. Además, las empresas han sufrido una reducción de sus ingresos de en torno al 20% en los contratos de la Administración Pública, a causa, dice Cobas, del "intrusismo" de pequeñas compañías poco profesionalizadas.

La nueva ley "respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos", dicen las empresas

El directivo de Aproser no niega que la polémica Ley de Seguridad Privada de Fernández Díaz, que entre otras cosas facultará a los vigilantes jurados detener, cachear e identificar a sospechosos en plena vía pública, va a tener efectos positivos para el negocio: "Alguno va a tener; como todo sector regulado, si hubieran propuesto una ley más restrictiva no la apoyaríamos". Aunque, asegura "tampoco es que sea especialmente ampliadora de los ámbitos" de actuación de las empresas.

La patronal ha aplaudido aspectos del proyecto de ley "como la intensificación de la lucha contra el intrusismo de todo tipo, que merecen una valoración positiva", y dice que la norma "respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos". "En ningún caso, esta nueva ley permite la detención arbitraria de ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad", sostiene.

Según Aproser, que la ley permita la presencia de vigilantes de seguridad en zonas comerciales peatonales o en otros espacios públicos (más allá de las instalaciones propiedad de sus clientes) “en los que exista una autorización expresa para la prestación” del servicio equivale a "incorporar al marco normativo español las prácticas exitosas y en beneficio de la seguridad de los ciudadanos que se vienen desempeñando con plena normalidad en otros países de nuestro entorno".

Cobas, que reconoce que la nueva normativa incide en un ámbito especialmente sensible, la libertad individual de los ciudadanos, asegura que el sector va a seguir sometido a un "control administrativo intenso" con esta nueva ley, que ya va marcando tendencia antes incluso de entrar en vigor. Este domingo, el portugués Diário de Notícias ya informaba en su portada de que las empresas de seguridad privada son "candidatas" a encargarse de la vigilancia de las cárceles lusas, siguiendo el "ejemplo de España".