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El Gobierno negocia un gran contrato con el sector de seguridad privada tras hacerle una ley a medida

Tras la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Privada, el Ministerio de Hacienda cita a las compañías del sector y sus asociaciones para sacar a concurso la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada de varios ministerios y organismos públicos.

Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. PP

Menos de una semana después de la aprobación definitiva de la polémica Ley de Seguridad Privada, que va a abrir nuevas oportunidades de negocio a las empresas del sector, el Gobierno ha decidido que ha llegado el momento de empezar a negociar el que previsiblemente será el mayor contrato de servicios de seguridad convocado por una Administración Pública en España.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, ha convocado el próximo miércoles a las 12.00 horas en su sede de Castellana, 162, una sesión informativa con las empresas y asociaciones empresariales de seguridad privada para empezar a negociar la primera fase del contrato centralizado de servicios de seguridad privada y auxiliares del control en edificios ubicados en Madrid de varios Ministerios y Organismos, que “se va a poner en marcha próximamente”, según el ministerio.

“El propósito de la sesión es exponer a las empresas del sector las líneas generales del procedimiento de licitación y recoger su punto de vista sobre el mismo, con el objetivo último de fomentar la racionalización, eficacia y eficiencia en el gasto público”, explica Hacienda, que ha convocado este proceso en el marco de su nueva política de centralización de contrataciones para el control del gasto.

La nueva ley supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas, según la oposición

La convocatoria llega después de que esta semana el Congreso de los Diputados diera su visto bueno definitivo a la nueva ley, que ampliará las competencias de los vigilantes y les permitirá, por ejemplo, asumir nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".

La nueva Ley, que según el Ministerio del Interior buscaba “ayudar a consolidar el sector " y que la principal patronal, Aproser, ha valorado por suponer un “importante esfuerzo de adaptación” a “las nuevas realidades sociales”, se aprobó con el apoyo de PP, CiU y (parcialmente) PNV y el rechazo frontal del resto de grupos parlamentarios.

Así, el PSOE ha denunciado que el nuevo texto fomentará "que el que quiera seguridad se la pague", mientras UPyD ha considerado que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.

Entre los aspectos más polémicos de la nueva norma figura la potestad de los agentes para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no podrán averiguar o comprobar estos datos, como recogía el texto inicial.

La tramitación de la ley ha coincidido con amenazas de ERE por parte de las empresas

También podrán, con autorización previa, vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.

La tramitación de Ley ha coincidido con una catarata de amenazas de ERE por parte del sector, compuesto por unas 1.500 empresas que facturan unos 3.000 millones de euros al año y dan empleo a cerca de 90.000 personas. En enero,  Aproser presentó una demanda de Conflicto Colectivo para suspender la aplicación de la subida salarial del 4% prevista para este año y adaptar las condiciones laborales “a la grave situación económica del sector” y “mantener el mayor número de empleos posibles y preservar el convenio colectivo”.

La situación del sector, “en auge”, según defendía Interior, se agravó con la entrada en vigor del RDL 16/2013 del pasado 22 de diciembre, que estableció la obligatoriedad de cotizar por las retribuciones en especie y que, según las empresas de seguridad, incrementaba sus costes en un 2,07% de la masa salarial.

La subida de cotizaciones provocó una catarata de descuelgues del anterior convenio colectivo por parte de las empresas, que finalmente lograron el mes pasado rubricar un nuevo convenio que establece la congelación salarial para este ejercicio.


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