Publicado: 02/07/2012 04:00
La Fiscalía general de Estado quiere llevar la investigación sobre las preferentes hasta sus últimas consecuencias. A ello se comprometió Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, ante un grupo de afectados por este producto financiero, que se manifestó en Santander, el pasado viernes. "Se está estudiando caso a caso todas las emisiones y no descartamos, porque estamos investigando, algunos casos penales", asegura Torres Dulce a los afectados, como se comprueba en la escena captada por Vozpópuli. Torres Dulce no concretó si las posibles sanciones penales recaerían sobre los directivos de las entidades comercializadoras o sobre su jerarquía financiera intermedia (director de sucursales, jefe de zona...), que fueron los que mantuvieron el trato final con los clientes en las oficinas.
"En los casos que hemos analizado, no hemos encontrado el elemento de engaño antecedente que justifique el delito de estafa. Estamos examinando caso por caso. En cada Fiscalía se va a examinar no la generalidad, sino caso a caso, pero no descartamos algunos casos penales", explica Torres Dulce a este grupo de afectados por las preferentes que pretendían entrevistarse sin éxito con Julio Segura, presidente de la CNMV, y José María Méndez, director general de la CECA. Tanto el responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el de la patronal de cajas salieron por una puerta trasera del Palacio de la Magdalena para evitar encontrarse con estos manifestantes.
El fiscal general del Estado reiteró a este grupo de afectados el total apoyo de la Fiscalía y les recordó que la institución que preside inició motu proprio las demandas en Galicia y Sevilla "cuando nadie lo había tomado".
En junio, el fiscal general afirmó que hasta ese momento, no habían encontrado margen para que los afectados por las participaciones preferentes pudiesen recurrir a la vía penal, pero sí señaló que se podría optar por la vía civil "a través de la legislación de consumo".
En Galicia, donde han surgido un gran número de casos, la Fiscalía General de esa comunidad está elaborando una procedimiento colectivo por la vía civil. Según explicó en su día el fiscal superior Carlos Varela, la demanda divil puede convertirse en una de las acciones judiciales más numerosas en materia de consumo en Galicia, ya que ha recibido cerca de 400 casos procedentes de reclamaciones al Instituto Galego de Consumo y un centenar remitidos por la Fiscalía de Pontevedra.
Las dos cajas gallegas vendieron productos financieros complejos a personas no solo sin conocimientos necesarios para evaluar sus riesgos, sino directamente analfabetas. Así queda demostrado en varios documentos que han sido incorporados a la documentación enviada a la Fiscalía Superior de Galicia. En un contrato de compra de acciones preferentes de Caixanova, el cliente firmó con su huella, una práctica igual a la que realizó otro cliente, en este caso de Caixa Galicia, al suscribir el test de conveniencia exigido a partir de 2007 para dar cumplimiento a la exigencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: que el cliente que compre una preferente conozca los riesgos. En el documento que acompaña esta información ese test, en el que el cliente asegura haber decidido de motu propio adquirir ese producto, está firmado con una huella.
Segura (CNMV) y Méndez (CECA) abandonaron el palacio de la Magdalena por una puerta trasera para evitar a los afectados a los que atendió Torres Dulce
Esta documentación resulta clave en la lucha abierta por los 43.000 clientes gallegos que no pueden recuperar su dinero invertido en preferentes. Solo en Novagalicia el volumen de estos fondos supera los 900 millones de euros.
Tanto en la estrategia judicial como en un posible arbitraje, muchos de los afectados estudian alegar "engaño" a la hora de suscribir los contratos. Además de documentos firmados con huella de productos financieros tan arriesgados, los usuarios esgrimen también otros en los que directores de sucursales de las cajas les aseguran que podrán disponer de su dinero en cuanto lo deseen. Una carta de mayo de 2005 firmada por el director de una oficina de Caixanova en Ourense así lo recoge. "El cliente podrá retirar total o parcialmente su dinero, con un plazo máximo de quince días desde la solicitud y se le efectuará el abono en cuenta", suscribe en un documento que tiene como encabezado "Condiciones de participaciones preferentes a partir del día dos de mayo de 2005".
Además de estas rúbricas mediante las huellas dactilares, en algunas entidades de las anteriores cajas gallegas se trasvasó dinero de un depósito o de una cuenta convencional a la compra de preferentes sin "consentimiento del propio interesado". Esa información, en opinión de Varela, se ha desviado "por la vía penal" ya que "pueden ser evaluados como un delito de estafa".
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.