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Exteriores se involucra al máximo para tratar de salvar el contrato de Sacyr en Panamá

El consorcio liderado por Sacyr que trabaja en la ampliación del Canal de Panamá tiene por delante tres semanas de intensas negociaciones para tratar de lograr que las autoridades locales acepten el pago de los sobrecostes que reclama o, de lo contrario, paralizará las obras. La gravedad del asunto ha hecho moverse al Ministerio de Exteriores, que se encuentra al tanto de la situación y tratará de parar lo que sería un duro golpe para la ‘marca España’.

Sacyr trabaja en la ampliación del Canal de Panamá desde 2009
Sacyr trabaja en la ampliación del Canal de Panamá desde 2009

La polémica en torno a las obras de ampliación del Canal de Panamá, de las que se encarga el consorcio liderado por Sacyr, lleva camino de convertirse en una cuestión de Estado. Tras los cruces de comunicados entre el grupo de empresas, que amenaza con parar las obras si las autoridades locales no se hacen cargo de los sobrecostes, y la Autoridad del Canal (ACP), que acusa al consorcio de presionar para negociar al margen del contrato, la situación se ha vuelto enormemente delicada, hasta el punto de que Exteriores se involucrará al máximo para tratar de reconducirla.

El Gobierno español está al tanto de todo lo que está sucediendo en torno al contrato del Canal de Panamá y el embajador español en el país centroamericano, Jesús Silva, lleva tiempo trabajando para que todo vuelva a la normalidad, según aseguran fuentes conocedoras de la situación.

Pero después de la comunicación enviada el pasado 31 de diciembre por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) a la ACP en la que le avisaba de la próxima paralización de los trabajos ante la falta de recursos, las negociaciones que se estaban produciendo de forma continua entre las partes han entrado en una fase crítica, en la que el tiempo representará un papel fundamental.

Apenas tres semanas. Ese es el tiempo del que disponen ambas partes para tratar de alcanzar un acuerdo antes de paralizar definitivamente los trabajos. Exteriores ha pasado a la acción ante el peligro inminente de que la ACP pueda rescindir el contrato al consorcio liderado por Sacyr, con las consecuencias que ello supondría para la ‘marca España’.

La maniobra de EEUU y Bechtel

En definitiva, la diplomacia española tratará de hacer un trabajo que otros ya se han encargado de hacer previamente ante el cariz que tomaban los acontecimientos. A finales del pasado mes de noviembre, una delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visitó Panamá y también las instalaciones del Canal.

La comitiva estaba formada por representantes de varias empresas del país, entre ellos de Bechtel, la primera ingeniería del mundo y que fue señalada como principal favorita para hacerse con el contrato de ampliación del Canal, aunque finalmente tuvo que morder el polvo ante la ajustada oferta de GUPC.

En la visita, la comitiva estadounidense aprovechó para recordar su disponibilidad al Gobierno de Ricardo Martinelli para cualquier eventualidad que surgiera en torno a las obras del Canal. Es más, fuentes del sector apuntan a que el Ejecutivo panameño ya habría sondeado a grandes grupos, especialmente estadounidenses y asiáticos, para conocer su disposición para terminar las obras, en el caso de que fuera necesario que la ACP tomara el control de la concesión.

Nueva reclamación por sobrecostes

En la actualidad, la ampliación del Canal presenta un avance aproximado del 70%. El Gobierno de Panamá tenía previsto que la obra fuera entregada en octubre del año que acaba de comenzar, coincidiendo con el centenario de la apertura del Canal.

Sin embargo, los retrasos acumulados por el consorcio, especialmente debidos a los problemas que surgieron en la obtención de la mezcla ideal para la fabricación del hormigón con el que rellenar las esclusas, empujaron el cronograma hasta la primavera de 2015.

El consorcio GUPC retiró hace escasos días la reclamación de los sobrecostes en un gesto de buena voluntad para profundizar en las negociaciones con la ACP. Sin embargo, lejos de acercarse, las posturas se han vuelto más distantes en las últimas horas, hasta el punto de que GUPC volvió a presentar una reclamación por sobrecostes pero, en este caso, todavía más voluminosa que la anterior (ahora reclama 850 millones de dólares, frente a los 585 millones de dólares de la demanda original).


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