Publicado: 03/01/2014 04:00
Manuel Manrique asumirá personalmente el control de las negociaciones entre el consorcio GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá, que se han tensado hasta el extremo después de que el adjudicatario de la ampliación de la mítica infraestructura amenazara con parar las obras si no se atendían sus reclamaciones sobre los sobrecostes del proyecto.
El presidente de Sacyr ha llegado en las últimas horas a Panamá y, al parecer, con billete de vuelta sin fecha fija. Los viajes de Manrique al país centroamericano son frecuentes aunque habitualmente es un equipo expatriado de la compañía el que trata con la ACP.
Sin embargo, la gravedad de la situación ha obligado a Manrique a hacer parada sin fecha de retorno en Panamá después de un viaje de placer por la zona aprovechando las fiestas navideñas. En las últimas semanas, los contactos entre las partes están siendo continuos, a medida que la situación se iba agravando por el hecho de que los recursos económicos comienzan a tocar a su fin.
Oficialmente, el Ejecutivo asegura que se mantendrá al margen de lo que califica como un "conflicto entre empresas privadas". Sin embargo, tanto el Ministerio de Exteriores como el Palacio de la Moncloa están recibiendo información desde la embajada. A medida que se ha ido complicando la situación, ha sido más activa la presencia del embajador español en Panamá, Jesús Silva, quien en todo momento ha estado al tanto de las reuniones entre las partes, así como de las decisiones que iban tomando los responsables de GUPC.
Moncloa se aparta del conflicto
El Palacio de la Moncloa no se pronuncia oficialmente sobre la situación pese a que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado su intención de acudir a Madrid y Roma a exigir "responsabilidades morales" a los gobiernos de Rajoy y Letta. "Creo que hay una responsabilidad moral del Gobierno español y del italiano” dijo Martinelli, en el Parlamento panameño. Martinelli prometió viajar a España e Italia acompañado de directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), agencia estatal que administra la ruta, y de varios ministros.
Ese anuncio no ha sido comunicado oficialmente a España, según fuentes del Ministerio de Exteriores que no tienen constancia de que se vaya a producir ni calendario para esa visita.
La estrategia de apaciguamiento no funciona
La última estrategia puesta en marcha por el consorcio consistió en retirar la reclamación por los sobrecostes que había presentado meses atrás ante una instancia de compensación por una cuantía cercana a los 600 millones de dólares (unos 440 millones de euros). El gesto pretendía ser interpretado como de buena voluntad pero no surtió ningún efecto positivo.
De hecho, horas antes de enviar el preaviso de paralización de obras a la ACP, el consorcio GUPC volvió a presentar una reclamación pero, en este caso, elevando la cuantía hasta los 850 millones de dólares. Actualmente, la petición se ha elevado hasta superar los 1.600 millones de dólares.
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