En apenas cinco meses tres concesionarias se han acogido a la Ley Concursal

Las autovías en concurso suman más de 1.600 millones de euros de pasivo

Los temores a una cadena de concursos de acreedores por parte de las concesionarias de autovías cobran forma de manera dramática. En apenas cinco meses, tres de las sociedades con mayores apuros financieros se han acogido a la Ley Concursal, con un pasivo que suma ya más de 1.600 millones de euros, unas cifras que comienzan a recordar a las de algunas inmobiliarias que quebraron al inicio de la crisis. 

Las autovías en concurso suman más de 1.600 millones de euros de pasivo
Las autovías en concurso suman más de 1.600 millones de euros de pasivo

La concesionaria de la Radial 4 ha sido la última en acogerse a la figura del concurso de acreedores debido a las dificultades financieras que arrastra, que han hecho inviable su continuidad. Supone la tercera quiebra de una sociedad de este tipo en cinco meses y la cuarta autovía de última generación que se ve afectada por los efectos de la crisis, que amenazan con no para ahí.

Por el momento, los pasivos se acumulan y suman cifras que empiezan a ser mareantes: algo más de 1.600 millones de euros entre las tres que se han acogido a la Ley Concursal. La primera fue la concesionaria de la AP-41 (Madrid-Toledo), participada por Isolux Corsán, Comsa Ente, Sando, Azvi y Banco Espirito Santo. La sociedad agotó la vía de los tribunales antes que tener que acogerse a la antigua suspensión de pagos. El pasivo de la concesionaria alcanza los 380 millones de euros.

La semana pasada llegó el preconcurso de Accesos de Madrid, encargada de la gestión de las radiales 3 y 5, con un pasivo algo superior a los 660 millones de euros. Los accionistas de la compañía (Abertis, Sacyr, ACS y Globalvía) cuentan ahora con un plazo de cuatro meses para tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de presentar definitivamente el concurso.

Ayer se hizo oficial el concurso de acreedores de la sociedad que gestiona la Radial 4, participada por Ferrovial, Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha. Con un pasivo de 575 millones de euros, la compañía ha tomado la decisión ante la imposibilidad de atender a diversos pagos futuros, tanto a entidades financieras como a expropiados, de acuerdo con el hecho relevante que remitió Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Velada queja a la Administración

En este mismo documento, el grupo constructor y de concesiones controlado por la familia Del Pino menciona entre los problemas que han derivado en esta situación el descenso del tráfico, los sobrecostes de expropiación y la crisis económica. Realmente, son factores que ha condicionado en general la trayectoria de todas las concesionarias en apuros.

Sin embargo, Ferrovial también desliza en el mencionado hecho relevante una queja a la Administración al asegurar que “en esta decisión ha sido relevante que las posibles medidas de apoyo a la concesión legalmente previstas no han sido efectivamente implementadas por el órgano de contratación”.

Muchas de estas sociedades habían logrado un aplazamiento de algunos pagos pendientes con entidades financieras a la espera de que el Ministerio de Fomento anunciara alguna medida para solventar la situación. Pese a que el gabinete que dirige Ana Pastor se comprometió a buscar una solución, al final ésta no ha llegado, al menos a tiempo.

En cualquier caso, la situación de otras concesionarias en apuros sigue siendo tremendamente delicada con lo que podrían llegar nuevos concursos de acreedores, teniendo en cuenta también que el Ministerio de Fomento está atado de pies y manos debido a los fuertes recortes presupuestarios que ha padecido.


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