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Sacyr afrontará tensiones de tesorería si deja la obra: volará un aval de 440 millones

Sacyr se enfrenta a problemas financieros si abandona la obra del Canal de Panamá

Las tensas relaciones del consorcio adjudicatario de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, con las autoridades locales pueden derivar en aprietos financieros para el grupo español de construcción y servicios. Si finalmente se detienen las obras, la Autoridad del Canal de Panamá, organismo administrador de la infraestructura, podría ejecutar el aval de 600 millones de dólares (unos 440 millones de euros al cambio actual) depositado en su día por el consorcio para finalizar por su cuenta los trabajos.

Una circunstancia que repercutiría negativamente en el balance de Sacyr ya que esta cantidad, registrada como deuda a largo plazo, pasaría a ser considerada como exigible a corto plazo. La ACP ejecutaría los avales a las entidades encargadas de asegurar el proyecto (entre ellas se encuentran entidades financieras suizas y también Cesce, BBVA y Santander) y éstas procederían a reclamar la cantidad al consorcio, en el que Sacyr participa con un 48% del capital.

De esta forma, la cuantía de la deuda a corto plazo del grupo se incrementaría de forma notable. Sacyr tiene pendiente vencimientos de deuda en 2014 por valor de unos 900 millones de euros, aunque la mayoría están relacionados con su filial inmobiliaria Vallehermoso, a la que Sacyr está buscando una salida, hasta el punto de que ha procedido a desconsolidarla del balance.

Esta situación desencadenaría tensiones de liquidez para la constructora, que en apenas doce meses afronta el vencimiento del préstamo sindicado asociado a la participación que el grupo posee en la petrolera Repsol, cerca de un 10% del capital, y valorado en algo más de 2.400 millones de euros.

Negociar, la única solución

No obstante, esto es lo que dice la teoría. Sacyr sostiene que, en ningún caso, dejará la obra y se marchará de Panamá. “Podría suceder que la ACP decidiera rescindir el contrato de forma unilateral pero el consorcio no dejará la obra. Otra cuestión es que no se pueda continuar con los trabajos”, señalan desde el grupo constructor.

En tal caso, la ACP trataría de ejecutar el aval, lo que motivaría el inicio de otro conflicto en los tribunales, ya que la situación sería denunciada de inmediato por el consorcio adjudicatario de la ampliación del Canal de Panamá.

“Llevar la situación al límite y derivar en la ejecución del aval es el peor escenario para Sacyr y también para la ACP porque el retraso en las obras sería aun mayor”, apunta una fuente del sector.

“La única solución es que se sienten a negociar y no se levanten hasta que lleguen a un acuerdo, probablemente uno en el que ninguno salga ganando pero tampoco perdiendo demasiado”.

Pactos verbales sin acuerdos escritos

El consorcio GUPC denunció en el comunicado que remitió el pasado miércoles que los acuerdos verbales a los que llegó con la ACP acerca de los sobrecostes que reclama no se han plasmado posteriormente en un documento. “A pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (del Canal) ha decidido no honrar dichos acuerdos”, rezaba textualmente la nota.

El preaviso de paralización de las obras remitido por el consorcio a la ACP a última hora del pasado 30 de diciembre estipula un plazo de 21 días para buscar una solución pactada. Mientras tanto, las obras, que presentan un avance cercano al 70%, prosiguen su curso con total normalidad.

Se avecinan tres largas semanas de inusitada intensidad con contactos que trascenderán las fronteras empresariales y afectarán directamente a los gobiernos. 

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