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La ACP y el consorcio de Sacyr ultiman una aportación de fondos extra para el Canal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) han alcanzado un principio de acuerdo para que las obras de ampliación de la infraestructura centroamericana sigan su curso. Tras la mediación de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ambas partes ultiman una aportación de fondos que permitirá evitar que las obras se paralicen en breves días.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, a la salida de su reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli
La ministra de Fomento, Ana Pastor, a la salida de su reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli

La jornada de mediación fue larga pero parece que mereció la pena. El conflicto por las obras de la ampliación del Canal de Panamá está un poco menos caliente después de que la ACP y el consorcio GUPC hayan alcanzado un principio de acuerdo para negociar una aportación de fondos extra con el fin de evitar que los trabajos se paralicen en breves días por falta de liquidez.

El último encuentro de la maratoniana jornada que vivió este domingo la ministra de Fomento, Ana Pastor, fue con los principales directivos de la ACP y con el ministro para asuntos del Canal, Roberto Roy. En el encuentro, Pastor logró arrancar al menos un compromiso que se concretará a lo largo del lunes, en una reunión de carácter técnico en el que se discutirán los términos de la aportación de fondos.

No obstante, el administrador principal del Canal, Jorge Quijano, señaló a última hora del domingo, hora española, que la decisión adoptada podría incluir que la aportación fuera por ambas partes aunque, por el momento, el consorcio no retiraría el preaviso de paralización de las obras hasta que no hubiera un acuerdo definitivo.

Así, las negociaciones que mantendrán a partir de este lunes ambas partes tendrá como objetivo lograr un acuerdo de mínimos para poder alargar las obras de ampliación del Canal de Panamá entre dos y tres meses, el tiempo estimado que el organismo independiente experto en este tipo de contenciosos (DAB, por sus siglas en inglés) tardará en resolver de una vez la reclamación original presentada por GUPC, que contemplaba que los trabajos habían incurrido en unos sobrecostes de 585 millones de dólares, principalmente por las dificultades a la hora de obtener la mezcla adecuada del hormigón con el que se rellenan las nuevas esclusas.

La propuesta a la ACP

Durante la primera reunión que mantuvo el domingo la ministra de Fomento, los principales responsables de GUPC y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, le expusieron la situación y los porqués de su decisión de emitir el citado preaviso. Ana Pastor se marchó de esa primera reunión hacia el Palacio de las Garzas, sede de la Presidencia de Panamá con un compromiso del consorcio: se ceñirían a los pasos expuestos en el contrato para reclamar los sobrecostes, que valoran en 1.600 millones de euros.

Sin embargo, la titular de Fomento también se llevó a su reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, la principal inquietud de GUPC: el recurso a las tres instancias contempladas en el contrato (la propia ACP, el DAB y un tribunal de arbitraje internacional) podría demorarse durante muchos meses, mientras los recursos del contrato se agotan a pasos agigantados.

El propio Quijano admitió días atrás que el asunto de las reclamaciones por sobrecostes de GUPC no había ni tan siquiera agotado todas las vías contempladas en el contrato, ya que el recurso al tribunal de arbitraje internacional estaba inédita.

El grupo que lidera Sacyr presentó su primera reclamación ante el DAB en la primavera de 2012 y cuando estalló el conflicto por la emisión del preaviso a paralización de las obras todavía no había respondido.

Los tiempos de las reclamaciones

Tras la visita a Martinelli y transmitirle el compromiso del consorcio de seguir los pasos indicados en el contrato para reclamar, Pastor trasladó a los responsables de la ACP la cuestión de los tiempos de las reclamaciones.

En el que fue, sin duda, el encuentro más fructífero, la ministra hizo hincapié en que las reclamaciones se estaban tramitando con demasiada parsimonia y que si la ACP consideraba razonables unos sobrecostes que rondan los 300 millones de euros, una posible solución sería tratar de desbloquearlos cuanto antes para que la obra pudiera continuar mientras se resolvía el resto de reclamaciones.

Los responsables de la ACP no vieron con malos ojos la propuesta aunque con un matiz: la aportación de fondos extra debería provenir también de GUPC. Finalizada la mediación política, es turno de las empresas aunque, al menos en apariencia, llueve un poco menos que antes.


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